jueves, 10 de septiembre de 2015

Curiosidades: Las pelotitas anti-estrés y los termos de Gils Carbó

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca


Carátula de la licitación pública 19-2014
Pocas cosas deben ser tan tediosas como trabajar escuchando conversaciones ajenas. Esperar que el usuario use su línea, filtrar charlas intrascendentes, y luego hacer informes que competirán con muchos otros, habida cuenta que -según la fiscal a cargo de esas escuchas, Cristina Caamaño-, se generan a diario 3.000 discos con intercepciones telefónicas.

Resultan, en definitiva, largas horas en las que probablemente los empleados la pasen cebando mate, escribiendo notas y acumulando el estrés propio de una ocupación monótona.

Será por eso que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó – jefa directa de Caamaño - parece obsesionada en adquirir y tener a disposición 1.000 termos marca “Lumilagro”,  2.000  pelotitas anti-estrés y 15 mil bolígrafos plásticos de tinta negra, todos los productos con el isologo del Ministerio Público Fiscal que dirige, como así también la impresión en ese merchandising del número “20”, que se corresponde con los festejos por los 20 años de la autonomía del organismo que dirige.


Ítems licitados en la licitación pública 19-2014
En rigor, todo surgió el 23 de diciembre del 2014, cuando a través de la Licitación Pública N° 19/2014, expediente N° 9426/2014, se solicitaba la “Adquisición de Merchandising del Ministerio Público Fiscal para el año 2015”. En esa licitación, a través de siete renglones, se solicitaban 10 mil bolsas ecológicas de friselina con manijas para colgar (40 cm x 35 cm +10 cm),  con isologos a tres colores; 1.000 termos Lumilagro de varios colores, con logo a 3 colores; 1.000 cuadernos tapa dura, de 96 horas con tapa e interior a full color, de 10 x 15 cm; 15 mil calendarios de escritorio anillados a full color, de 12 xm x 22 cm, de seis hojas de papel ilustración y base de cartulina; 15 mil calendarios de escritorios económicos, de 8 x 22 cm, impresión full color; 2.000 pelotitas anti-estrés, de material foam, color gris, con logo a tres colores en dos caras, y 15 mil bolígrafos de tinta negra color plateado mate, con logo del organismo y los festejos a tres colores.


Presupuesto asignado para la compra de cotillón por Gils Carbó
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Evaluación N° 6/2015, la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal había estimado el gasto total de esta licitación pública para compra de merchandising en $565.850.

Lo concreto es que la licitación 19/2014 fu adjudicada parcialmente: De los 7 renglones licitados, finalmente se adjudicaron 4, por un monto total de $303.500. Los ítems que fueron desestimados por superar los costos iniciales previstos por el organismo  fueron los 1.000 termos Lumilagro de varios colores, las 2 mil pelotitas foam anti-estrés y los 15 mil bolígrafos “plateado mate” de tinta negra.

El cotillón de Gils Carbó
Sin embargo, el 27 de agosto pasado, de acuerdo a documentos a los que accedió (Eliminando Variables),  se realizó la apertura de una nueva licitación para licitar estos ítems no adjudicados, esta vez privada –es decir, el organismo invitó a ciertas empresas de su agrado a cotizar-, bajo el Nro 11/2015, con el mismo número de expediente que la licitación pública 19/2014: Nro 9426/2014.

Se sabe que el presupuesto restante de la Dirección de Comunicación Institucional es de $262.350, de no existir algún incremento del mismo, ya que en el período desde que se abrió la licitación pública original a fines de enero del 2015 hasta fines de agosto pasado, hubo una importante suba de la inflación.


Detalles de la licitación pública 19/2014

Como se informó más arriba, el presupuesto de la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal para la adquisición de merchandising para el año 2015 fue de $565.850 pesos. Esa misma Dirección había realizado un presupuesto estimado con los costos de la licitación.  Vale aclarar que el dictamen se realizó 44 días después de la apertura de ofertas original, el 16 de marzo del 2015.

Costos previstos en la licitación 19-2014

Por ejemplo, para la compra de 10 mil bolsas ecológicas de friselina con manijas para colgar (40 x 35 +10 cm),  con isologos a tres colores, el organismo había previsto una erogación $59 mil, aunque finalmente se le adjudicó a la empresa Eventos Corporativos SA por un monto de $60.500, es decir, $1.500 arriba del valor estimado.

Para la compra de 1.000 termos Lumilagro  de 1 litro en varios colores, el costo de la repartición de Gils Carbó había previsto gastar $114 mil, pero el renglón resultó “fracasado” ya que las 4 firmas cotizantes pasaron un costo mayor al previsto.

A su vez, para la compra de 1.000 cuadernos de tapa dura, el Ministerio Público Fiscal había estimado un costo de $35.200, y fue adjudicado a la firma Tu Merchandising SRL en $38.820, lo que superó en $3.620 el presupuesto inicial.


Más costos previstos por la licitación 19-2014
En el caso del 4 renglón de la licitación (15 mil calendarios de escritorio anillados a full color, 12x22 cm,  de seis hojas de papel ilustración y base de cartulina) la cotización previa estimada había sido de $179.250. Sin embargo, la firma Comercialización y Producción Mayorista SRL pasó un presupuesto de $87.300, es decir, 91.950 pesos menos que el presupuesto estimado por Gils Carbó. Curioso que se haya tenido un presupuesto previo con tanto margen de error. No hace falta aquí decir que se le adjudicó a esta firma la confección de los calendarios.

Para el renglón 5, donde se solicitaban 15 mil calendarios económicos de 8 x 22 cm, full color,  se había también previsto un costo de $68.250. Sin embargo, la empresa Eventos Corporativos SA, que también se había quedado con el renglón 1 de la licitación pública 19/2014, cotizó $28.500, es decir, $39.750 menos que lo previsto, otro grosero cálculo de costos previo.

En el caso de las 2.000 pelotitas anti-estrés, de material foam, color gris, con logo a tres colores en dos caras, que estaba estipulado como el renglón 6, el costo previo estimado por la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, trepaba a $32 mil.  Sin embargo, la adjudicación del ítem quedó fracasado, ya que las firmas cotizantes o bien no cumplieron legalmente con los pliegos, o cotizaron más de lo previsto. En igual sentido ocurrió con el intento de compra de 15 mil bolígrafos de tinta negra “plateado mate”, que había sido cotizado previamente en $78.150, y cuya adjudicación no se produjo.


Adjudicación de la licitación pública 19-2014
El 4 de mayo pasado, con la firma del contador Jorge Daniel Argüello, Director General a cargo de la Secretaría General de Administración de la Procuración General de la Nación, se firmó la resolución administrativa 1203/2015, adjudicando a las firmas previamente mencionadas cuatro de los siete renglones licitados, por un total de $303.500.


La licitación privada 11/2015

Pareciera, sin embargo, que Alejandra Gils Carbó está empecinada en adquirir a como de lugar los 1.000 termos de 1 litro Lumilagro, las 2 mil pelotitas anti-estrés y los 15 mil bolígrafos de tinta negra, con el isologo del Ministerio Público Fiscal.


Carátula de la licitación privada 11-2015
A tal fin, el jueves 27 de agosto del 2015, se realizó la apertura de la licitación privada 11/2015, con igual número de expediente que la licitación pública (9426/2014), con tres renglones que incorporaban los ítems antes descriptos, que habían quedado sin cotizar en la licitación pública 19/2014.

El presupuesto que cuenta la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal para adquirir estos productos es de $262.350. En teoría, ese dinero tendría que alcanzar para cubrir el costo de los termos, las pelotitas anti-estrés y los bolígrafos. Los costos estimados por Gils Carbó en enero para estos tres ítems, trepaba a 224.150, es decir, sobrarían sin incrementos presupuestarios $38.200 del previsto inicial. Esto medido sin la inflación que hubo en el período y contabilizando los groseros errores de cálculo presupuestarios de los calendarios adquiridos.

Es un momento extraño para festejar a todo trapo los 20 años de una oficina que está en el ojo de la tormenta política por el caso Nisman, las  denuncias de la ONG La Alameda por presunto espionaje y los cuestionamientos en general por la militancia de sus autoridades en la corriente oficialista Justicia Legítima. Más aun cuando se multiplican los casos de desnutrición, que tienen a una parte mayoritaria de la población en estado de sensibilidad frente a los gastos evitables.

Mientras tanto, en la oficina de escuchas judiciales, los empleados seguirán festejando los 20 años de la entidad tomando datos, mates y apretando las pelotitas anti estrés. De algún modo, hay que hacer valer más de medio millón de pesos de cotillón gastados por la procuradora.

En Twitter: @EliminandoV

domingo, 6 de septiembre de 2015

El enfermo de Echegaray: El caso Walker y el recaudador impasible

Por Ignacio Montes de Oca y José M. Stella

¿Quién es Juan Santiago Walker? ¿A quién le importa su nombre? ¿Sirve de algo saber que detrás de ese nombre se oculta la historia de 21 años de disputa contra la burocracia estatal, y una década de intentos estériles de despertar algún reflejo de sensibilidad en Ricardo Echegaray, el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos?  No la hubo. Juan Santiago Walker murió el sábado 5 de septiembre del 2015. La morfina que se le administraba para soportar el dolor de una enfermedad terminal, en conjunto con el destrato del gobierno y la Justicia, marcaron sus días finales.

Parte de la demanda del fallecido Walker contra la AFIP
Apelar hasta el infinito, desgastar al “contrincante” de turno, ignorar o desobedecer fallos parece ser casi una constante en muchas reparticiones públicas desde la llegada del Kirchnerismo.  Pese a que funcionarios se llenan la boca de ser respetuosos con la Ley y sus decisiones, como así también la de pagar juicios, la realidad es otra. Y hasta debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este asunto, por ejemplo en mayo del 2014, exhortando a un organismo como el ANSES a que se acaten las sentencias y se agilicen los procesos de pago a jubilados. El titular de ese ente, respondió que no se modificaría la actitud.  El ANSES, es uno de los tantos entes que tiene ese modus operandi.

La trampa

Juan Santiago Walker entró a trabajar en la Dirección General de Aduanas en 1978 con el legajo 18.100-5. En 1993 fue trasladado a la oficina de Paso de los Libres y al año siguiente fue dejado en la calle por medio de la Resolución 1040 del 28/4/94 firmada por Gustavo A. Parino, en ese entonces Administrador Nacional de Aduanas. Se usó como argumento para el despido con causa una investigación del inspector Rolando Mac Lean que acusaba a Walker y otros 14 empleados de cometer irregularidades en 168 permisos de exportación hacia Brasil. El reporte indicaba que “ (…) En lo concerniente al agente Walker, asesor del Administrador local en el área operativa – sector CO. TE.CAR. – no advirtió las irregularidades que se producían en dicho sector, que posibilitaron la concreción de la maniobra, no obstante sus funciones específicas…”.

Sin embargo, a raíz de esa irregularidad, se iniciaron dos causas judiciales que finalmente exoneraron a Walker de su culpa. En efecto, en los casos caratulados “Empresa Exportadoras-Importadores Krubia S.A. y otros s/Contrabando” (Expte. 1-11662/94), iniciada el 23 de marzo de 1995 y concluida en marzo de 1999, e “Ixemar y otros s/Contrabando calificado…” (Expte. 226/02) con fallo del 6 de abril de 2011, se concluyó que el agente aduanero fallecido ayer era inocente. Otro fallo de la Sala III de Casación avaló ese fallo el 18 de junio de 2012. El expediente 14.343 de Casación sobreseyó a Walker de toda responsabilidad luego de 19 años de estar procesado.

Con el tiempo, aquella remoción de los agentes aduaneros se mostró funcional a una serie de irregularidades que comenzaron a registrarse en ese paso aduanero y que cubrieron de sospecha el despido irregular de los empleados unos años antes.

En tanto duró el reclamo judicial, Walker tuvo que dedicarse a trabajar en puestos de la actividad privada que nada tenían que ver con su experiencia como agente aduanero y dar explicaciones sobre un proceso judicial por corrupción del que se sabía inocente. De acuerdo al relato de Walker ante la Justicia, fueron muchos años trabajando en puestos mal remunerados y sometido a la incertidumbre económica.

El 28 de abril de 2015, la justicia falló a favor de Juan Santiago Walker y ordenó que se le devolviera su puesto de trabajo en el Estado o se procediera a abonarle el dinero que se le adeudaba por haberlo despedido sin causa.

Astreintes que impuestos a Ricardo Echegaray hace unos meses
Armado con el fallo de la justicia, Walker pidió ser reincorporado a la Aduana con una nota dirigida a la Dirección de Asuntos Legales Administrativos el 25 de septiembre de 2012. Probada su inocencia, correspondía por ley que fuera repuesto en su cargo y le fueran pagados los sueldos desde el momento en que fuera echado injustamente, tal como lo había declarado la justicia en sucesivos fallos. El empleado a cargo de los asuntos legales de la aduana, Guillermo A. Sorrentino, rechazó el pedido de Walker calificándolo de “improcedente”. El 8 de julio de 2013 Walker volvió a reclamar su reintegro de a Marisa Virzi, titular de la Dirección de Personal de Aduanas. El resultado fue igual de inútil. En todo momento, los abogados de la AFIP rechazaban cada pedido argumentando que se trataba de un pedido “improcedente” o “perimido”, por considerar que ya había pasado mucho tiempo como para considerar válido el pedido de Walker.

El abogado de Walker, el Dr. Santiago Ruiz Rocha, decidió reforzar su pedido con un informe emitido por el Hospital Universitario Austral el 17 de marzo de 2015, en el que se demostraba que sufría una lesión en el cuerpo y cuello del páncreas compatible con cáncer y que su supervivencia estaba en serio riesgo. Lejos de conmoverse, los abogados de la AFIP rechazaron tal urgencia y se refirieron al cáncer de páncreas como una “grave enfermedad presuntamente acreditada por el demandante”.

Todo esto sucedía mientras los gastos provocados por el tratamiento médico se multiplicaban y Walker se veía impedido de generar ingresos por su evidente dificultad para trabajar. De allí que el éxito de su demanda era, para ese momento, mucho más urgente que un mero reclamo laboral o económico.

Y no se trataba de una demanda económica solamente; difícilmente un enfermo terminal que apenas podía resistir con la asistencia de la morfina, pudiera ser acusado de pretender dinero para viajar o darse otro lujo que el intentar llegar al otro día. Aún así, en los textos de los abogados de la AFIP y su director, se acusa sutilmente al demandante de tener pretensiones materiales exageradas.

Para darse una idea de lo que había dejado de percibir Walker por su cargo tras ser despedido sin causa, la liquidación de la demanda indica que tras 20 años de litigio en total se le adeudan $16.373.433,19 que corresponden a salarios, antigüedad, preaviso e indemnizaciones con su respectiva actualización por intereses por dos décadas de reclamo. Ahora bien, si se considera el costo de las dilaciones judiciales y el daño moral provocado por la decisión de afectar la vida de Walker en lugar de dar lugar a sus reclamos, el valor total de lo adeudado al ex agente escala a los 24.912.029,95 de acuerdo a la estimación de la demanda aprobada por la Justicia.

Ese valor representa un intangible difícil de estimar, si se considera que además de obligar a Walker a llevar un estilo de vida inferior provocado por una falsa imputación, se volvía más urgente porque los costos del tratamiento de su dolencia se incrementaban con el paso de cada día.

El abogado de Walker, en los escritos a favor de su defendido, presentó como argumento constante lo que consideraba una evidente afectación de los Derechos Humanos de Juan Santiago Walker, al privársele de la oportunidad de recibir aquello que consideraba justo y de limpiar su legajo, tal como lo indicaban las pruebas judiciales  a las que accedió (Eliminando Variables).

Ahora bien, aquella lesión de Walker fue al mismo tiempo una corroboración de su situación apremiante y un riesgo judicial. Si el demandante moría en el trámite, su esposa debería recibir 20 sueldos como compensación de parte de la repartición estatal, por lo que las postergaciones posteriores a la presentación del informe del Hospital Austral, eran una mera especulación de la AFIP para apostar a favor de un desenlace fatal antes que a un fallo definitorio. La diferencia era tan grande en contra de Walker, que su abogado, Ruiz Rocha, decidió apurar los tiempos judiciales con una serie de presentaciones para lograr una pronta respuesta judicial. En un pedido ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 25 reclamó que se le aplicara una multa tanto a la AFIP como a Ricardo Echegaray por entender que estaban dilatando una solución y que era suficiente que su cliente hubiera estado 7.665 días despedido, de los cuales 6.570 estuvo procesado siendo inocente.

La acción de la demanda tuvo su efecto. El 28 de mayo de 2015 el juzgado laboral N° 25 decidió aplicar la figura de “astreintes”. Ese procedimiento es utilizado para multar a las personas e instituciones que se niegan a obedecer un fallo judicial. Es lo que les sucedió, por ejemplo, a la funcionaria Cristina Caamaño, secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, obligada por el juez Luis Armella en 2009 a pagar $500 diarios de su sueldo por negarse a desalojar un asentamiento en la barrio porteño de Villa Soldati. Los astreintes, fueron también aplicados a 4 funcionarios del gobierno nacional que integran el ACUMAR (responsables de llevar adelante el saneamiento de la cuenca del Riachuelo- Matanza). En ese caso, el mismo juez les fijó una multa de $5000 diarios por incumplir con la tarea que se les había encomendado.

En el caso Walker, se invocó la figura de los “astreintes” para aplicar una multa aún más elevada que en el caso ACUMAR. El fallo del 28 de mayo ordenó descontar $5.000 diarios del sueldo de Ricardo Echegaray en tanto no cumpliera la orden de reincorporar al ex empelado de la Aduana de Paso de los Libres e impuso una multa diaria de igual monto a la AFIP hasta que ambos se avinieran a cumplir con la justica.

Apelación de abogados de la AFIP por el caso Walker
En otras palabras, Echegaray fue obligado a sufrir un descuento de $ 155.000 mensuales. Si se considera que por el Decreto 484/87 no se puede embargar más de un 20% del sueldo si supera el Salario Mínimo Vital y Móvil, es posible imaginar a cuánto asciende el salario del recaudador de impuestos. Sumando lo que debían pagar Echegaray y la AFIP, la tozudez para aceptar un fallo que les resultó desfavorable demandaban $ 10.000 cada 24 horas, mitad de la cual era pagada con dinero de los contribuyentes.

Con mi sueldo, no

El embargo de su sueldo tuvo un efecto inesperado en Echegaray al provocar por primera vez en mucho tiempo una reacción diferente de la oficina de impuestos ante el caso Walker. Luego de años de apelar sin éxito, de insistir en la legalidad del despido de su ex empleado y de presentar medidas cautelares que fueron desechadas, decidieron ponerle un punto final que desnudó por completo su burla por la situación terminal de Walker.

El 19 de junio de este año firmó la Resolución 271/ 15 que ordenó reincorporar a Juan Walker en su cargo y reconocerle la categoría A7 que le correspondía según el trámite judicial.

Y el acto final de Echegaray fue típico de lo peor de la viveza criolla. El hombre que lucha para desarticular las trampas de los contribuyentes a la hora de no pagar sus obligaciones tributarias, sacó un as de la manga que hizo que superara al más audaz de todos los evasores: luego de aprobar la resolución para regresar a Walker, firmó otra más para despedirlo. Y para echarlo nuevamente invocó aquella medida disciplinaria que lo había dejado cesante en 1994, reponiendo toda la carga acusatoria contra quien ya había sido exonerado de toda culpa por la justicia. Fue un acto de prestidigitación judicial que le privó a Walker de toda posibilidad de su reivindicación por aquella falla que nunca cometió y de cobrar la totalidad de lo que había reclamado durante 21 años.

Al haber repuesto a Walker en su cargo, Echegaray cumplió con la Justicia y evitó el embargo sobre su sueldo. Fue una jugada calculada además para evitar que se siguiera afirmando que incumplía los fallos judiciales y, al mismo tiempo, privar a Walker de una parte sustancial de su indemnización, ya que la demanda por despido sin causa pasaría ahora a correr a partir del más reciente despido.

Y así, con un artilugio legal, el equipo de abogados de la AFIP apostó a ganador al saber que el tiempo corría en contra de Walker y que su muerte inminente provocaría un ahorro importante en la indemnización y las costas que debía pagar.

Como si todo esto no fuera suficiente para hacer más tristes los días finales de Walker, la agencia presentó una apelación para que revisara el caso a la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en donde, entre otros jueces, presta servicio desde enero de 2011 Graciela Lucía Craig, madre de Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Ese cuerpo, aun luego de ser notificado del estado terminal de Walker, tardó dos meses en dar un dictamen y cuando lo hizo emitió una opinión de cuatro carillas basada en la opinión del Fiscal General, en lugar de elaborar uno propio.

El fallo a favor de Echegaray y la AFIP de la Sala 6 llegó el viernes 4 de septiembre de 2015 y dejó al demandante con el único recurso de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. No hubo tiempo, Santiago Walker murió al día siguiente y con él la posibilidad de continuar adelante con la lucha judicial. Esa fue la extremaunción que le dieron la justicia y los abogados de la AFIP. Así, de la forma más dura y cruel, termina esta historia sobre el enfermo de Echegaray.

En Twitter: @EliminandoV