martes, 28 de julio de 2015

Abogados para todos y todas: En los 12 años K, florecieron los estudios extranjeros contratados por la Argentina

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Entre los abogados se suele decir “Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”. Se sabe que una vez que una disputa entra en el terreno judicial, hay que afrontar costos elevados, tiempos dilatados y que no siempre se alcanzan los resultados esperados. Y esto es cierto en particular cuando esas causas las tiene que encarar un país que, atrapado en conceptos tan esquivos como la “defensa de la soberanía” o el "orgullo nacional", terminan gastando cantidades enormes de dinero público en abogados extranjeros para litigar en los sistemas judiciales de otros países.

Contratación del estudio Steptoe & Johnson LLP
Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Italia, Holanda, Alemania y el Uruguay son algunos de los países en donde la Argentina, por diversas causas y circunstancias, se vio obligada a contratar  a una cantidad importante de estudios legales internacionales.  Varios de estos acuerdos, vale remarcar, se efectuaron para realizar tareas puntuales, aunque  en otras, el objetivo fue buscar asesoramiento a más largo plazo, ante la presencia de causas judiciales más complejas.

La Argentina, desde el 2003 a la fecha, contrató a al menos 10 estudios legales de primera línea internacionales, y casi una docena de profesionales independientes del derecho en diversos países, que se sumaron al cuerpo de abogados del Estado, bajo responsabilidad de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la defensa de sus intereses.
Costo inicial abonado a Steptoe & Johnson LLP
La consejería legal en el extranjero resulta fundamental para afrontar demandas o realizarlas en jurisdicciones ajenas.  Algunos de estos juicios –como es el caso de los canjes de bonos tanto en el 2005 como en el 2010, por ejemplo- se iniciaron por incumplimiento de las condiciones autoimpuestas por la misma Argentina, quien cedió su “soberanía” y aceptó dirimir disputas en tribunales de terceros países. Otras cuestiones a defender en el exterior son las juicios puntuales o colectivos, como la supuesta violación de alguna patente, o litigios penales y económicos contra empresas.  Sea el caso que sea, el negocio para estos bufetes de abogados es muy lucrativo.

Al menos por lo que se refleja en los medios, la Argentina pareciera no ser un cliente sencillo. Pese a que es buen pagador, suele desafiar constantemente los fallos adversos en diversas cortes. El caso del "Pari Passu", con la larguísima disputa contra los holdouts (fondos buitre) en la ciudad de New York, es un ejemplo. Incluso luego de sufrir el bloqueo de cuentas y unas serie de medidas que restringen su capacidad de actuar en el mercado de capitales mundial, el gobierno argentino insistió en hacer una serie de presentaciones judiciales en los estrados neoyorquinos y de otros países donde se concentran bonistas extranjeros, para evitar cumplir con la sentencia contraria del juez Thomas Griesa y luego de la Corte Suprema de ese país.
Dictamen de la PTN que aprueba contrato de Remiche, Ferrant & Associes

La mayor parte de los analistas coincide en afirmar que esa causa está perdida para la Argentina, y tarde o temprano deberá pagar, a pesar de sus gestos de rebeldía.  Todo esto con el asesoramiento estudios de abogados, a los que se les paga para que sean “creativos” con presentaciones o respuestas judiciales en las cortes, que dilaten aún más la fecha de pago.

Por otro lado, muchos de los casos en los que está involucrado el país, terminan siendo “leading cases” que obligan a modificar condiciones previas, por ejemplo en contratos. El caso Pari Passu, de hecho, cambió la letra chica de los prospectos de emisión de deuda, fundamentalmente en lo que se considera el término “mayoría” para aceptar el canje de un bono soberano. Esas modificaciones, dicho sea de paso, son facturadas por los bufetes como parte de su asesoramiento a la Argentina.

Cada gesto de animadversión contra el tribunal norteamericano representa una oportunidad para que los estudios contratados aumenten su facturación, habida cuenta que sus honorarios se miden por el tiempo de dedicación a una causa y no a los resultados positivos o negativos que logran.
Dictamen de la PTN sobre Munari, Maniglio, Panfili Law Firm
El Gobierno, en general, no es muy amigo de publicar en el Boletín Oficial todas las contrataciones de estudios legales realizadas por sus diversas reparticiones que así lo precisen en el extranjero (como así tampoco los montos), por lo que identificar a cada uno de los asesores jurídicos en el mundo no resulta una tarea sencilla. La información, en algunos casos, surge a través de dictámenes realizados por la Procuración del Tesoro de la Nación, luego que se le pidió opinión a ese ente. En general, el que más cumple con este paso –históricamente- es el Ministerio de Economía.

La lista de empresas de abogados de los Estados Unidos que litigan o litigaron para el Estado desde el año 2003, es muy importante. Asesoran o asesoraron a la Argentina o entidades gubernamentales,  compañías del rubro como, por ejemplo, Dorsey & Whitney LLP; Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP;  Sullivan& Cromwell LLP; Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP; Chadbourne& Parke LLP, o  Tannenbaum, Helpern, Syracuse & Hirschtritt LLP.

Presupuesto del Estudio Munari, Maniglio Panfili Law Firm
En Europa, incluso, para defender intereses ante organismos internacionales, el país contó  en los últimos 12 años con los servicios de otros dos estudios norteamericanos: Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP y a  Steptoe & Johnson LLP.  Para resolver un caso de patentes con Monsanto ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el 2009, resultó contratado al estudio belga, Remiche, Ferrant & Associés Sprl, mientras que la firma italiana Munari, Maniglio Panfili Law Firm se hizo cargo de la realización de informes frente a un embargo que realizó el Estado también desde ese año.

El estudio inglés Linklaters LLP, uno de los más grandes e importantes de ese país, fue contratado por la Argentina como asesor para el denominado “Canje 2010”. En el 2013, esa misma compañía fue contratada para defender a una serie de bonistas argentinos, que resultaron perjudicados por el fallo del juez Thomas Griesa.

Obsérvese que muchas de las contrataciones son resultado de la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de embestir contra el fallo del “juez casi municipal” Griesa. Esa estrategia fue una fuente de trabajo para decenas de empleados de los estudios de abogados extranjeros.


Estudios norteamericanos contratados por la Argentina

Costos legales relacionados con el Canje 2010, según dictamen de la PTN
Sin lugar a duda, el estudio legal más conocido por los argentinos es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. Con gran presencia en los medios desde el 2003 (aunque trabaja con el país desde 1989), la compañía neoyorquina asesora al país en los diferentes litigios que actualmente se llevan adelante sobre bonos soberanos y la forma en el que país debería pagarlos, tras las decisiones de los tribunales norteamericanos. Según un artículo publicado en noviembre del 2014 por el matutino La Nación,  la Argentina le paga unos US$ 3 millones de dólares mensuales, el equivalente a unas 3 mil horas mensuales trabajadas por los abogados (a un costo de hasta US$ 1.300 la hora). Según ese mismo diario, la Argentina desde el 2003 y hasta fines del año pasado, llevaba pagados alrededor de US$ 400 millones.

Dictamen de la PTN donde se confirma contratación de estudio THSH
Como abogados de la Argentina, además, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP la asesoró legalmente en los canjes de deuda del 2005 y 2010. Por este último caso, según el dictamen 65/2010 de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, se le reconoció trabajos en el 2009 para el armado de la estrategia por hasta US$ 720 mil dólares, más otros gastos. Cabe aclarar que esta cifra incluye también el pago a una entidad legal argentina asociada a la causa (Estudio Cárdenas, Di Cio, Romero, Tarsitano & Lucero).

En Agosto del 2014, y tal como reveló en exclusiva este blog en abril del 2015, el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió contratar un segundo estudio legal en los Estados Unidos: Se trata del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH), quien se encargará de buscar estrategias que garanticen a aquellos bonistas que accedieron tanto a los canjes del año 2005 como del 2010 (y que se encuentren en los Estados Unidos) cobrar los montos actualmente bloqueados por los fallos del juez Thomas Griesa. “Necesitábamos una segunda opinión sobre este y otros temas, y que se aboquen a otras causas", dijo el ministro para justificar la contratación de THSH por unos US$ 35 mil dólares iniciales.

Algunas de las contratación de Sullivan & Cromwell LLP
Desde septiembre del 2008 hasta noviembre del 2014, según un relevamiento realizado en el Boletín Oficial por (Eliminando Variables), el bufete Sullivan & Cromwell LLP, principal asesor legal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en tribunales norteamericanos, le facturó un total de $36.680.666,92. La cifra, si se a valor dólar oficial toma año por año desde el 2008,  equivale a unos US$ 7.600.000. A esta cifra, sin embargo, habría que sumarle el asesoramiento que también recibió el BCRA del estudio Cleary, Gotllieb, Steen& Hamilton, al que desde agosto del 2008 hasta junio del 2013 tuvo que abonarle $2.039.853,34, o unos US$ 513.800 dólares, tomando cotización del billete en cada uno de esos años.

Última contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP por parte del BCRA
El Banco de la Nación Argentina, a su vez, cuenta con el asesoramiento del estudio Dorsey & Whitney LLP, aunque no se sabe con exactitud cuál es el monto que la entidad paga anualmente por los servicios legales.  Algo similar sucede con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien es aconsejado desde hace varios años en los estrados norteamericanos por Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP.

Además, desde la nacionalización de YPF SA, para la emisión de series importante de bonos, como así también de otros aspectos judiciales, la petrolera con mayoría estatal utilizó los servicios del bufete Chadbourne & Parke LLP.

Dictamen de la PTN sobre contratación de un abogado uruguayo
En octubre del 2012, el Ministerio de Relaciones y Culto contrató a Steptoe & Johnson LLP para que desempeñe tareas legales ante la Organización Mundial del Comercio.  La cartera dirigida por Héctor Timerman, desembolsó US$ 602.190 de anticipo ante el estudio. Según ese contrato, rubricado por la decisión administrativa 963/2012 –firmada tanto por el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abel Medina, como por el actual canciller-, valuaba las horas trabajadas  por los miembros de Steptoe & Johnson LLP de la siguiente manera:  “Los pagos se realizarán sobre la base de servicios trabajados de acuerdo a las siguientes tarifas horarias: (i) socios entre USD 1300 y USD 1000, (ii) directores entre USD 900 y USD 800, (iii) asociados entre USD 750 y USD 400, (iv) auxiliares entre USD 350 y 400 (v) asistente de proyectos entre USD 200 y USD 170. Pasado un año, para el caso que una de las partes considere que las tarifas pactadas no reflejan los precios de mercado podrá solicitar a la otra la renegociación de las tarifas horarias. Dicha renegociación tomará como referencia para la variación de los costos de los servicios el Indice de Precios Consumidor “U” para servicios jurídicos de los Estados Unidos de América” (Sic).

A la vez, durante los primeros años del Kirchnerismo, frente al CIADI, se decidió contratar al estudio norteamericano Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.  Posteriormente, de los casos se ocupó la misma Procuración del Tesoro de la Nación.


Contratación de especialistas

Muchos de los casos que se dirimen en tribunales internacionales, a veces, precisan de especialistas individuales en la materia, y que no son parte de grandes estudios legales. Aunque seguramente deben ser muchos más, (Eliminando Variables) pudo recopilar cinco casos concretos de este tipo de servicios.
Datos y costos del abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte, según la PTN

El 05 de septiembre del 2014,  mediante el dictamen 174/2014 de la Procuración del Tesoro de la Nación, se autorizó al Ministerio de Economía la contratación hasta el final del proceso de un abogado matriculado uruguayo para que se encargue del tema del arbitraje internacional entre el Banco de Seguros del Estado uruguayo, y el Instituto Nacional de Reaseguros de la Argentina. Según el texto, quien resultó contratado fue el abogado especializado  en derecho internacional Gonzalo Lorenzo Idiarte, quien cotizó unos 14.500 dólares, más IVA. Lorenzo Idiarte, de hecho, fue sugerido –de acuerdo con el dictamen- por “recomendación” de la Embajada y el Consulado Argentino en Montevideo.

Pero pareciera que existe algún problema con la contratación o bien el abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte precisa de ayuda complementaria. De otra forma, no se explica que el mismo Ministerio de Economía haya decidido en mediante, en marzo de esta año, realizar la contratación directa por especialidad N° 22/2015, expediente  S01: 0017459/2015, en donde se solicitaba un “abogado” que defienda los intereses del Estado Nacional en el mismo caso por el que meses atrás había sido contratado Lorenzo Idiarte.

Contratación directa por especialidad 22-2015, de otro abogado uruguayo
Hacia fines del 2012, durante las exposiciones y posterior fallo favorable en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, en el caso de la retención ilegal de la Fragata Libertad en Ghana, el país contrató por montos no determinados a los abogados especialistas Gerhard Hafner, Mamadou Hébié y Gregor Novak como asesores legales para la resolución del conflicto. Aquí vale aclarar que la defensa primaria del país la realizó la embajadora Susana Ruíz Cerutti, su ahijado y funcionario Federico Holger Martinsen, y al también especialista Horacio Adolfo Basabe. Incluso, para la resolución del caso, se sumó a Marcelo Kohen, un abogado rosarino con amplia experiencia y pergaminos en temas legales internacionales, y que había tenido presencia en la disputa con la República Oriental del Uruguay por la instalación de empresas pasteras en el río homónimo en las etapas tempranas del kirchnerismo.

El fallo final por este caso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ocurrido en abril del 2010 y que fue contrario a los intereses de la Argentina, también estuvo liderado por Cerutti y Basabe (Holger Martinesen también participó como asesor científico), y se contrataron como asesores –sin conocerse aún el monto- a los abogados Alain Pellet,  Philippe Sands y Lawrence Boisson, entre varios especialistas internacionales que incluían desde ingenieros ambientales, hasta profesionales y consultores independientes en hidrología.

Abogados contratados en la disputa por la Fragata Libertad en Ghana
En el caso de embargo contra Ansaldo Energía SpA, durante los años 2005 al 2008, la Argentina decidió inicialmente consultar al abogado Tommaso Di Nitto, quien solicitó para realizar inicialmente diversos trámites ante la Corte de Apelaciones de Génova, por unos 40 mil euros, más un porcentaje de gastos generales por cada una de las etapas de asistencia legal (el 12.5 por ciento). En rigor, Di Nitto –según relata el dictamen 199/2010 de la Procuración del Tesoro de la Nación- solicitó el pago por anticipado del 50 por ciento de ese monto. Se desconoce si efectivamente se hizo el pago a Di Nitto o si este prestó servicios a la República Argentina, pero desde el 2009, por recomendación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (quien no pudo ocuparse del caso por incompatibilidad), se recomendó a la firma Munari, Maniglio, Panfili Law Firm. Este bufete, cotizó 57 mil euros para realizar trámites relacionados con el proceso, más el cobro de un “success fee“ del 1.3 por ciento del monto total secuestrado.

Más atrás en el tiempo, en el 2004, Néstor Kirchner y el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, decidieron contratar al suizo Paolo Bernasconi con el fin de restituir al Estado unos 7 millones de dólares de cuentas ocultas que tenían en el país helvético el ex presidente Carlos Menem y su secertario privado, Ramón Hernández. El caso fue desestimado porque en el Código Penal suizo no existía la figura de enriquecimiento ilícito u omisión mailiciosa (ambas redimibles con mulas), y la magistrada interviniente no pudo comprobar un nexo del dinero con la causa por el atentado terrorista de la AMIA. El dinero cobrado por Bernasconi tampoco trascendió.

Consultas realizadas con abogado italiano Di Nitto, sin concretizar

Al hacer una suma del costo implicados en los litigios internacionales que enfrenta la Argentina, surgen cifras varias veces millonarias en dólares y los resultados no son del todo alentadores considerando que el país se encuentra en default, su acceso al mercado de capitales está restringido y los aviones y barcos del gobierno deben estudiar el mapa judicial antes de emprender una gira por el mundo.

Aunque el estado argentino no publica las cifras oficiales de lo que gasta en sostener a sus abogados extranjeros, sólo a partir de los documentos es posible dcir que la actitud de rebeldía ante los tribunales extranjeros y la decisión de fijar la sede de litigio para controversias surgidas de la emision de  los bonos argentinos en otros países, representa una oportunidad de negocios para los buffettes que contrató en el exterior.

Ni hablar de lo mucho que crece la facturacion de los empleados de los buffettes extranjeros por la estrategia de estirar los tiempos de resolucion de los conflictos y acomodarlos a los tiempos de la politica interna. Por cada día que pasa, esos abogados emiten nuevas facturas porque, como bien se sabe, los buenos juicios llevan mas tiempo que los malos arreglos. 

Una aclaración final: Ninguno de los estudios de abogados cobra en pesos argentinos. 

En Twitter: @EliminandoV

miércoles, 22 de julio de 2015

Inflación de pianos en el Centro Cultural Néstor Kirchner: $1.6 millones más en la compra de un usado, pero de alta gama

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

El Centro Cultural Néstor Krichner (CCNK) va camino a convertirse en el lugar con mayor densidad de pianos de cola de la Argentina. Otra vez, el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios salió de compras, esta vez para reforzar la dotación de instrumentos musicales del multimillonario edificio que remite al difunto esposo de la actual presidente de la Nación.

Contratación directa con Yamaha por un piano CFX usado
Es que tras la aguardada presentación de la eximia pianista Martha Argerich, realizada casi una semana atrás en la sala de La Ballena Azul del CCNK,  (Eliminando Variables) accedió a nueva contratación directa hecha de apuro durante los días previos a la inauguración de ese centro,  efectuada  a fines de mayo de este año con un mega evento que tuvo por estrella central a la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Argerich, que en principio había decidido no realizar su concierto en el CCNK durante la Semana de Mayo, hizo su performance en la llamada “Experiencia Martha Argerich” el viernes 17 de julio a las 21 horas, frente a una audiencia mayoritariamente oficialista o partidaria al Kirchnerismo. La artista tocó en uno de los dos pianos Steinway & Sons  modelo D-274 que son patrimonio del ex Palacio de Correos, y el recital fue emitido en directo por una gran cantidad de medios públicos.

La más reciente compra en el CCNK es la de otro piano Yamaha CFX, de gran cola, similar a los ya adquiridos en marzo de este año por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Julio de Vido.  Sin embargo, esta vez, el instrumento no es nuevo, sino que es usado, y el costo en el mercado de este piano, de acuerdo a consultas informales realizadas ante empresas especializadas por los autores de este blog, treparía a un mínimo de 165 mil dólares (aproximadamente $1.600.000), sin fletes ni impuestos. El costo con estos cargos sumados, incrementaría la suma entre unos 15 a 20 mil dólares.

Urgencia por adquirir un piano usado Yamaha CFX
Dicho en otros términos, como si ya no fuera suficiente con haberse gastado 10 millones de pesos en  teclados nuevos, vuelven a contratar la compra de directa de otro, usado, para reforzar una ya de por sí exagerada dotación de pianos en un centro cultural que compite con el Teatro Colón por ser la primera arena artística de la Ciudad de Buenos Aires. Es una competencia que ninguna otra ciudad argentina tiene el privilegio de poder protagonizar

Entonces, con esta nueva adquisición, la cantidad de pianos de gran cola en poder del Centro Cultural Néstor Kirchner alcanza un total de seis: Tres pianos Yamaha CFX, dos pianos Steinway & Sons D-274 y un Steinway & Sons B-211. A esto habría que sumarle una celesta Yamaha y un Fortepiano Anton Walter, por lo que el total precio desembolsado por el ministerio de Planificación en estos instrumentos supera  cómodamente los 12 millones de pesos.

Vale recordar que en marzo, el ministro De Vido pagó a la firma Yamaha Music Latin America SA –Sucursal Argentina-, US$ 500 mil por dos pianos CFX (impuestos incluidos), que recién estarían llegando al CCNK entre enero y marzo del 2016. En esa misma compra,  una contratación directa por especialidad (01/2015, expediente S01-0252374/20114), también compraron una Celesta 56P a esa misma empresa japonesa por la que pagaron unos 40 mil dólares, también con los impuestos incluidos. En un comunicado del Ministerio de Planificación, emitido tras los artículos publicados por (Eliminando Variables), se confirmó la información brindada, al tiempo que se resaltaba que el precio pagado correspondía al precio de fábrica, sumado a fletes y otros cargos.

El piano con el que se tocó en la inauguración
Ahora bien: La compra del piano "usado" está avalada por la contratación directa por especialidad N° 18/2015, con el mismo expediente que la contratación de los otros pianos Yamaha CFX (N° 01/2015), es decir el S01-0252374/2014. Lo curioso de este documento es que parece estar modificado a mano, ya que se le adicionó un “8” al número “1” existente en la contratación inicial; también se le agregó la fecha de presentación de la oferta con números a mano (“22”). Por otra parte, al tener un nuevo número de contratación directa, se le cambió  el objeto de la misma: “Adquisición de UN (1) piano YAMAHA modelo CFX usado destinado al CENTRO CULTURAL DEL BICENTENARIO “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner”, ubicado en el Edificio del ex Palacio de Correos y Telégrafos, con asiento en la manzana  delimitada por las calles Sarmiento y Bouchard y por las avenidas Leandro N. Alem y Corrientes, con estrada principal por la calle Sarmiento N° 151, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” (Sic).

En las condiciones de compra, al respecto, figura que el piano debía ser entregado en un plazo “no mayor” a los 10 días partir desde la confirmación del pedido. De no cumplir con lo pactado, Yamaha Music Latin America SA recibiría una multa de 0.5 del valor total del piano por cada 10 días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco días hábiles.


Los pianos de la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner

¿Piano alquilado de apuro en el CCNK? (Crédito @Marcos_Pavesi)
Días antes de la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner por parte de la presidente Cristina Fernández, el arribo de los pianos Steinway & Sons al Aeropuerto Internacional de Ezeiza mereció una importante cobertura por parte de medios oficialistas, como así también de un comunicado del Ministerio de Planificación, en donde se mostraban fotos de pallets conteniendo cajas con los instrumentos en pista, al lado de un avión de Aerolíneas Argentinas, y luego en algún depósito fiscal.

Posteriormente, según pudo conocer (Eliminando Variables), fueron trasladados al CCNK,  pero permanecieron sin desembalar hasta por lo menos la primer semana de junio, ya que no habían acordado con empresas especializadas del rubro en el armado de los pianos. Aquí vale aclarar algo muy importante: Los pianos no se movilizan de un lado al otro con las patas, la pedalera, la tapa, o la máquina puesta, sino que se necesita un especialista que lo arme en el lugar. Todo esto lleva bastante tiempo y una importante organización logística, porque para reubicar esta clase de instrumentos se precisa de esfuerzo humano. Según trascendió, los pianos luego fueron afinados por el maestro Carlos Neri, quien –se dice- alabó su calidad.

En el medio, además, sucedió un hecho llamativo: Durante unas horas “desaparecieron” las fundas de los pianos Steinway adquiridos en Alemania por US$ 530 mil. Las mismas volvieron a aparecer luego de una intensa búsqueda ordenada desde lo más alto del Ministerio de Planificación; el argumento que se ofreció internamente, luego, fue que las fundas estuvieron mal guardadas o estibadas en el viaje hacia la Argentina.

Los pianos Steinway & Sons que llegaron a la Argentina
Lo curioso es que el piano que se mostró durante la inauguración en la que participó la presidente Cristina Fernández, no era ninguno de los adquiridos, ni siquiera el alquilado Yamaha CFX que se comenta en esta nota. En distintas tomas se pudo observar que –a pesar de ser de cola-, la pianista no estaba tocando en un Steinway D-274 ni en un B-211, por lo que se debe haber improvisado con algún otro piano de urgencia que mostraba marcas de golpes y de un uso prolongado no compatibles con los modelos nuevos que se habían comprado para la ocasión. Según comentaron periodistas presentes en la inauguración del Cultural Kirchner y conocedores de instrumentos musicales,  el piano presentado no era ninguno de los adquiridos por De Vido. 

La inflación de pianos que experimenta el CCNK sigue en curso y a los seis pianos comprados por 12 millones de pesos se le sumó ahora el misterio del teclado fantasma usado el día de la apertura. Algún día, cuando se abran los registros contables y legales del centro, sabremos que sucedió en realidad con los pianos y con el resto de los contratos usados para construir esta catedral partidaria diseñada para el mayor acto de prestidigitación presupuestaria de los últimos tiempos. 

En Twitter: @EliminandoV

sábado, 11 de julio de 2015

Documento: El descontrol con los DNI, una iniciativa que le costó a los contribuyentes más de US$ 1.500 millones

Por Ignacio Montes de Oca y José M. Stella , en base a los datos elaborados por el equipo @Rex_Aluminio (*)


Casos Comparin y Crespo (DNI 11.806.909)
El gobierno Cristina Kirchner realizó quizás la reforma más amplia, profunda y costosa del sistema de identificación individual desde la sanción de la ley 17.671 en 1968. El programa gubernamental fue uno de los más promocionados por la administración kirchnerista y uno de los caballitos de batalla del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, antes de caer en desgracia por las luchas intestinas dentro del partido de gobierno.

Tan es así que la presidente Cristina Kirchner mencionó el tema como uno de los principales logros de su gestión en al menos 14 cadenas nacionales hasta el presente. Y el 5 de noviembre de 2009, el nuevo formato del documento fue presentado en sociedad. En esa oportunidad, Cristina Kirchner recibió el primer ejemplar salido de las impresoras suizas adquiridas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para fabricarlos.

Sin embargo, al recopilar los casos de irregularidades en la entrega de DNI comienzan a surgir los primeros cuestionamientos al tan alabado programa de documentos de identidad del kirchnerismo.

Parece que en la Argentina, pese a la propaganda gubernamental, el sistema de asignación de identificaciones está en tal estado de caos que no se puede garantizar siquiera de manera estricta la realización de elecciones limpias ni actividades comerciales seguras.

Casos Espíndola y Segura (DNI 12.806.950)
La cantidad de irregularidades en la asignación de identificaciones personales es realmente notable. (Eliminando Variables) presentará algunos ejemplos para ilustrar los  diferentes tipos de  anomalías que suelen presentarse. Si se realiza una gira por distintos distritos provinciales -sin importar el signo político de las autoridades de cada provincia-, las alteraciones con los DNI están presentes en todas ellas.


No soy yo, sos vos

En Salta, provincia gobernada por el caudillo oficialista Juan Manuel Urtubey, es posible encontrar algunos casos notables. El DNI 18.834.184, que en el padrón provincial,  tiene una doble tenencia: Le pertenece tanto a Marcos Segundo, de la localidad de Salvador Mazza, como a  Maria Luisa Arguello, del distrito capital. Incluso, en http://www.electoral.gov.ar/infractores.php, una web oficial en el que se puede consultar si un ciudadano votó o no, los dos dueños del número 18.834.184 vienen votando desde el año 2011.

El DNI 18.838.465 fue asignado a en el padrón nacional a Nelson Donato Alvarado y, en el padrón provincial, identifica tanto a Alvarado como a otra ciudadana salteña llamada Sandra Irene Reque. En un caso muy parecido, Cayetano Roberto Salas y Juana Irma Ruiz tienen el mismo documento, el DNI 18.835.985, además de la misma edad. Cayetano vive en la localidad de Tartagal y aparece en el padrón nacional. Juana, según el registro informático salteño, vive en el barrio “B” y, curiosamente, en los registros privados figura como habitante de una provincia “sin especificar”. En ambos casos, los que aparecen votando son sólo los que figuran en el padrón provincial.

Casos Barrininosvf y Barrionuevo (DNI 13.098.232)
El DNI 13.002.093 también pertenece a Salta. Ese número fue asignado a los ciudadanos María Francisco Álvarez y a Celestina Cuellar. Ambos votaron en la misma escuela de Salta de la localidad de El Galpón. Uno en la mesa 2342 y la otra en la 2345. Pero nadie, ni los que armaron los padrones, ni las autoridades electorales, ni los sistemas informáticos que usaron, sirvieron para descubrir que tenían DNI mellizos.
Si se indaga sobre el propietario del DNI 16.565.321, se encuentra un caso similar al anterior. Pertenece al mismo tiempo a David Fernando Tejedor que votó en la escuela Manuel Belgrano de Metán (mesa 2346) y a Mercedes del Valle Teseyra, que solo aparece en el padrón provincial como votante en la mesa 2383 de la escuela N° 4439 de la misma localidad, pero a una cuadras de distancia.
Como puede notarse, comienza a repetirse un patrón: El DNI mellizo es entregado a un hombre y a una mujer y, lo que resulta más sugestivo, sólo uno de ellos figura en el Padrón Nacional. El restante comparte el padrón provincial, sin que las autoridades electorales hayan notado tal singularidad.
Mendoza es una provincia que será gobernada por el radicalismo desde diciembre. La actual administración del Frente para la Victoria también tiene DNI duplicados entre los habitantes de su territorio, y de otras provincias. Tomemos de ejemplo el DNI 22.663.968 con el que vota la mendocina Marcela Fabiana Cejas y que también pertenece a Alejandro Fabián Do Santos Olivera de la ciudad de Buenos Aires. Es en Mendoza donde se encuentra otro extraño caso: María Beatriz Carreño, de El Plumerillo, aparece en el padrón provincial como titular del DNI 13.226.013, pero al verificar quien votó con ese número aparece María del Carmen Díaz. No es un caso aislado, ya que el DNI 16.144.468 se registra en el padrón provincial como perteneciente a María Elizabeth Belinaux y en registro de infractores se informa que fue usado para votar por Ángel Sotelo.

Casos Díaz y Carreño (DNI 13.226.013)
En Neuquén, gobernado por el eterno Movimiento Popular Neuquino, entre otros casos, está el DNI 14.625.976 asignado a Ramona Fuentes, de la localidad de Copahue, inexistente en el padrón nacional. María Elena Campos no figura en el padrón nacional de 2015 y sí en el provincial. Se trata de la misma persona que denunció que en 2011 no pudo sufragar porque su voto ya había sido emitido antes que ella llegara a la mesa.
En Misiones, tierra del caudillo peronista Maurice Closs, la ciudadana Lorenza Valeria Oliva Rotela, de Jardín América, comparte el DNI 14.136.879 con Paulo Guy, que vive en la Colonia San Pedro. Aunque Rotela figura como infractora, su DNI le fue asignado por el sistema. Otro caso misionero es el del DNI 11.806.909 perteneciente al mismo tiempo a María del Carmen Comparini y Raúl Orlando Crespo.
Misiones es una de las pocas provincias que no publica su padrón online. Lo que sí está en línea es el padrón nacional y permite verificar que el misionero Ginno Franco Barrininosvf (SIC) tiene un mellizo de DNI en la otra punta del país llamado Ángel José Barrionuevo. Ambos comparten el DNI 13.098.232. Es un caso similar al del DNI 11.806.909, que le pertenece al mismo tiempo a la misionera María del Carmen Comparini y al porteño Raúl Orlando Crespo.

Caso Segundo (DNI 18.834.184)
Es que Misiones parece ser una provincia que produce dobles personalidades a toda máquina. Así lo debe pensar la misionera Miriam del Carmen Jofre, que porta el mismo número, el DNI 11.240.339, que el que posee el bonaerense Ricardo R. Díaz, de Quilmes.
En Catamarca, Eulogia del Valle Segura irá a votar con su DNI 12.806.950 y podrá cambiar su domicilio a cualquier provincia, menos a Buenos Aires. Si así lo hiciera, el padrón bonaerense detectaría que su número coincide con el del Wenceslao Espíndola, un habitante de González Catán, en el partido de La Matanza.

Caso Argello (Otro DNI 18.834.184). Figura en Padrón 2015

En el territorio socialista de Santa Fe es posible encontrar uno de los casos más curiosos de todo el padrón. Al consultar el registro de votantes por el número de DNI 10.968.529, se descubre que fue usado por Alberto Antonio Loggia para ejercer su derecho al voto. Pero, además, que ese número fue usado por una persona llamada María Eva Duarte para votar en la provincia de Buenos Aires en 2011, aunque el registro fue borrado tras las elecciones. Estaríamos ante un verdadero caso de apoyo a ultranza al voto femenino. Aunque Loggia aparecía en los padrones anteriores en Santa Fe y su domicilio fiscal está fijado en esa provincia, en la versión 2015 dejó figurar.
Otro caso santafesino es el del DNI 12.948.635 perteneciente a María Cristina Fernández de la localidad de San Lorenzo, que comparte documento con Luis Alberto López.

Caso Salas (DNI 18.838.985)
En el Chaco, territorio del ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Milton Capitanich, es donde se encuentra la mayor densidad de DNI mellizos. Por ejemplo, Carlos Vilán vota en la localidad de Plaza y con el mismo número vota Edith Ramona Viciconnte en una localidad vecina. Gracias al DNI 12.539.011 votan, a la vez, Norma Beatriz Ponce y Armando Rico Crispin. El DNI 13.579.619, en el padrón chaqueño,  está a nombre Mary Liberata Torres y Gustavo Rioboo. Beti Ester Coria, del municipio de San Bernardo, tiene el  DNI 14.220.150, el mismo número con el que vota Oscar Valzacilli.

Caso Ruiz (Otro DNI 18.838.985). Votó en el 2013
Insistimos en el hecho que se muestran solo algunos casos representativos y que existen muchos más para abonar la idea que los DNI mellizos son una práctica extendida en todo el país. Fuentes consultadas en varios distritos revelaron que la existencia de dos o más personas con el mismo nombre tiene una explicación sencilla. Descartaron posibles errores, que debieran ser detectados y rectificados al ingresarse en el sistema informático del padrón números iguales para personas diferentes. Detrás de los documentos existiría un sistema para crear documentos que resulten útiles para engrosar el número de votos propios al serle entregados a personas que aseguran su apoyo al caudillo local.
Es por eso que sólo uno de los propietarios figura en el padrón nacional y el otro es ingresado al listado provincial, cuyos responsables, oportunamente, “olvidan” informar al registro central la existencia de ese número repetido y por lo tanto impiden que sea dado de baja el documento desde donde surge la irregularidad. El sistema de información del padrón está armado de tal modo que depende de lo que las provincias le informan, aunque lo hagan errónea o parcialmente. Y al no dar cuenta del número repetido, pueden seguir adelante con la picardía de duplicidad de documentos.
Bilocación, clonación, urnas funerarias y niños fiscales
Otra de las prácticas habituales es tomar un número de documento perteneciente a un ciudadano de una provincia y asignarlo a otro de una forma diferente, de manera que el error esté separado por muchos kilómetros de distancia y –de esta forma- cubierto de la detección por figurar en diferentes padrones distritales.

Caso típico de "Bilocación" con el DNI 14.702.339
En esta modalidad se destaca el caso de Enrique Esteban Varela, de Lomas de Zamora, Buenos Aires, y Jesús Daniel Farías, de El Espinillo, Chaco; ambos son poseedores del DNI 14.702.339. Osvaldo Roldán, de la localidad de La Matanza, posee el mismo número (el DNI 12.978.377), que Dora Angélica Ruiz, de Tafi Viejo, en Tucumán.
Roberto Chironi, de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo número de documento que Zulema Martha del Valle Molina, de Salta. Este es el DNI 13.189.170.  Marcelo Oscar Pereyra, también de San Miguel, comparte el DNI 13.528.935 con Matilde Pereyra de San Luis. Dante Roberto Gallini de la localidad bonaerense de San Isidro, posee el mismo número que Sixta Encinas de Rosario, Santa Fe.

El número de DNI 13.513.468 le pertenece, simultáneamente, a José Luis Casiva de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, a Maria Silvina Silva de Río Chico, Tucumán. José Luis Vitola, de San Martín, provincia de Buenos Aires y a Liliana Maria González, de Rosario, en la provincia de Santa Fe por su parte son gemelos del DNI 13.529.777.

Caso Molina-Chironi. Diferentes sexos, mismo DNI
Otros casos son casi ridículos. Es lo que sucede con Lucia Beatriz Gutiérrez, nacida el 19 de julio de 1977, receptora del DNI 35.610.091. En el padrón, no solo figura como un masculino, sino que según el mismo registro nació nuevamente el 12 de diciembre de 1990, esta vez, como femenina.
Más cuestiones absurdas sucedieron también en Misiones. Teresa Guimaraez nació, según el padrón, el 1 de enero de 1901 y en 2015 sigue figurando en el padrón con el número de DNI 18.715.789, que no corresponde a una mujer de 114 años, sino a una cincuentona. Lo mismo sucede con Maria Elena Escalante (DNI 18.499.304), con Iracema Ortiz (DNI 18.725.788) y con Juan Lescano (DNI 18.688.678), nacidas… ¡Todos ellos en el mismo día y año en que comenzó el siglo XX!
Aquellos que nacieron en el año 2004 recibieron un DNI que comienza con el número 45 millones. Tan afortunados son que ya de chiquitos logran votar, como es el caso de Débora Yolanda Quispe (DNI 45.110.918), Mirian Delia Quispe (DNI 45.505.865), Janet Rocío Aldna (DNI 45.055.863) y Roberto Denis Paz (DNI 45.505.027), todos ellos de Salta, que deberían tener 11 años al momento de ir a las urnas.

Antecedentes en el 2011 y 2013
Pese a su corta edad, de acuerdo al número que le asigna el documento por el orden de anotación, incluso pueden ser presidentes de mesa. Es lo que pasó con Augusto Iván Ezequiel Espíndola, que con su DNI 45.129.219 que hoy debería tener unos 11 años,  fue presidente de una mesa bonaerense en Ituzaingó en las elecciones de 2011.
Peor es lo que le sucedió al preadolescente Gabriel Esteban Zavala, de Santa Fe, nacido en 2008, cuyo DNI 48.065.999 fue clonado por el bonaerense Jorge Walter Marzabal, nacido en 1966 y residente de la localidad bonaerense de Tres de Febrero. Marzabal o alguien a su nombre, utilizó ese DNI para votar en las últimas elecciones nacionales.
Incluso se llega al absurdo de que votan los que están por nacer. Salvador Alderete recibió el número de DNI 69.698.434, que debería ser asignado al que nazca, según la tasa de natalidad argentina, en unos quince años. Sin embargo, votó en las elecciones de 2013. Más adelantado es Ricardo Segundo Soto, de San Miguel, que con su DNI 80.367.562 debería nacer allá por el año 2040 y ya viene votando desde 2011. El récord, sin embargo, lo tiene Américo Ruiz, con el número DNI 88.307.915. Tan alta es su denominación, que en el padrón no se animaron a hacer constar su DNI, tarea que quedará para su obstetra, que aun debería estar cursando sala de 3 años en algún jardín. 

Los muertos también eligen
Acta de defunción y voto de Nicolasa Barrionuevo (DNI 11.859.293)
Existen fallecidos que, pese a tener un trámite de sucesión en curso, fueron a votar. Todo un ejemplo de vocación cívica como es el caso de Alfredo Leandro Steibel, un hombre nacido hace 120 años y muerto hace ya años atrás en la localidad salteña de Metán. Steibel debe haber impresionado cuando presentó el DNI 270.105, durante las elecciones de 2011. Otra que se levantó de su tumba fue Nicolasa María Barrionuevo, que luego de fallecer el 14 de junio de 2013, se presentó a las elecciones de octubre de ese mismo año para votar con su DNI 11.859.293. Claudio Benone, de Salta, descubrió que su padre – DNI 3.889.487 a nombre de Román Tranquilino Benone- figuraba en los padrones pese a haber muerto hace 23 años. Y en una consulta al registro de infractores, surge que ha cumplido post mortem su deber cívico en las primarias y generales de 2013.

Aún queda por averiguar si votaron en urnas normales o en urnas funerarias.

Fallecido hace 23 años que aún figura en el Padrón y vota
No menos impresionante es el caso de las zonas más humildes del país, en donde la gente es tan pobre que tiene que compartir un mismo ambiente, la ropa, e incluso el mismo número de documento. Ricardo Cáceres era un indígena muerto de tuberculosis en el Chaco, cuyo número, el DNI 44.087.038, figura ahora a nombre de su hermano, Carlos Damián Cáceres.

Igual de dramático es el caso de la madre de Nancy Acosta, una pequeña fallecida en un accidente de tránsito. Su madre, descubrió que el mismo número de documento, el DNI 31.348.768, en lugar de ser dado de baja, ya había sido asignado a Marcos René Chávez y que figuraba en el padrón nacional.
Lorena Belén Sabatini Salles logró que la Justicia le reconociera la propiedad del número de DNI 35.654.401 aparentemente usurpado por Diego Rafael Martínez Purulla de Quilmes, aunque el “tomador del documento” siguió votando porque nunca lo sacaron del padrón. Tuvo suerte de no vivir en el nordeste argentino, ya que de haber presentado una denuncia, podría haber llegado al representante de Justicia Legítima para esa región, Diego Jesús Vigay, que tiene el DNI 22.250.550, el mismo que José María Sosa. 


Los desaparecidos que votan


En el 2013, Jorge Enrique Ramón Álvarez se presentó a votar
El caso más doloroso es el uso de los DNI de desaparecidos durante el último gobierno militar para ejercer el voto. Es el caso de Carlos Enrique Mosca Alsina (DNI 22.663.968), que figura como desaparecido el 4 de agosto de 1976 en el Archivo Nacional de la Memoria con el número de legajo de la CONADEP número 3.336. Lo curioso es que no figura como infractor, sino como que efectivamente concurrió a votar en 2013.

Otro desaparecido que votó, de acuerdo a los registros oficiales, fue Jorge Enrique Ramón Álvarez Acosta, desaparecido el 1972 en San Juan (Conadep Legajo 6.210), pero que en 2013 concurrió a votar con el DNI 8.270.993. Lo mismo sucede con Alberto D´Uva (Conadep Legajo 1.352), ex militante de la JUP desaparecido el 17 de septiembre de 1976 en Mar del Plata, que figura votando con su DNI 8.525.294 en 2011.

El caos en la asignación irregular de números de DNI no es sólo un medio que tienen los políticos para engrosar el número de votantes. También, esconde un descontrol paralelo, que tiene que ver con el sistema tributario y laboral.


La AFIP, un caso de crisis de identidades

Es curioso que tanto Diego Bossio, titular de la ANSES, como el ministro Randazzo, hayan anunciado en septiembre de 2012 que cada DNI llevará el número de CUIL antes de resolver que sucede cuando un mismo identificador impositivo incluye el mismo número de identificación personal.

Cada número de DNI sirve para que las personas reciban una Clave Única de Identificación Tributaria o de CUIL, su equivalente como nomenclador laboral. Esa clave se asigna sobre la base del DNI, de manera que en teoría no es posible que existan identificadores con el mismo número de base. Pero, en la realidad, la entidad dirigida por Ricardo Echegaray está lejos de ser un ejemplo de eficacia en el manejo de datos, al menos fuera de la órbita de la persecución de los evasores autorizados por el poder político.

AUH Cuatrillizas
Es así que al analizarse la base de datos de la AFIP, comienzan a detectarse una cantidad muy abrumadora de casos de DNI repetidos y errores cercanos al ridículo en la base de datos online de la entidad.

Por ejemplo, si se consulta en las bases de datos de la AFIP por el DNI 93.800.347, aparecen dos inscriptos correspondientes a los CUIL de Néstor Sugasti Serviani (20-93.800.347-6) y a Rosa Ágata Brunetti (27-93.800.347-0). Alejandro Fabián Olivera de CABA, y a Marcela Fabiana Cejas, de San Martin, figuran también en los padrones de la AFIP con idéntico DNI. Según la base de datos tributaria le asigna el número de DNI 22.663.968 a Alejandro Fabián Dos Santos Olivera de CABA y a Marcela Fabiana Cejas. Pero además, ambos figuran con el mismo número en el padrón nacional.

Los casos se multiplican hasta alcanzar el centenar en una búsqueda aleatoria y acotada a un millar de casos. Y en una búsqueda más exhaustiva, aparecen otros casos que asombran por su cercanía con la prosa de Gabriel García Márquez al describir la cotidianeidad de Macondo.

Cuadruplicación del DNI 22.222.222, compradores de dólares ahorro
El sistema para asignar el CUIL es tan defectuoso que le asignó el identificador 27-25869310-3 a Vanesa Marcela Martínez, sin notar que el CUIL 20-25869310-9 corresponde a Máximo Kirchner. Martínez tiene un número de DNI que difiere por un número del hijo presidencial, pero hasta hoy ambos comparten un CUIL similar sin que los operadores del ente tributario hayan reparado en semejante error.

En otros casos, los particulares ni siquiera tienen un domicilio registrado en las bases de datos. Ana Luisa Álvarez Borzino, que en los registros de la AFIP figura como “sin domicilio”, pero, aun así, el registro tributario dice que vive en el piso 4 de una casa fantasma y comparte el DNI 48.000.000 con Miguel Rolando Espíndola de Misiones. Ambos, digámoslo al pasar, deberían ser menores de edad por la numeración de sus documentos.

Tampoco tiene domicilio Luis Rodolfo Páez Lazarte, nacido el 30 de agosto de 2006, que posee el número de DNI 50.000.000. Según los registros de la AFIP, ese número es igual al de la “homeless” Isabel Luisa Donald, que no tiene domicilio registrado y con Alma Emanuela Brito Sosa, de Misiones. Por su numeración, se trata de nonatos que encontraron el modo de inscribirse en los registros fiscales.

DNI 11.000.000 por triplicado. Grandes compradores de dólares
Las irregularidades continúan, y hay ejemplos de la más diversa naturaleza. Incluso al buscar más DNI con números “excéntricos” vuelven a aparecer incongruencias Según los padrones de la AFIP, el número de DNI 12.345.678, pertenece a dos personas. La “escalera” le tocó a Aldo Rubén Bianciotto de la localidad de Moreno, y a la “comerciante de enseres domésticos y deportivos” Claudia Miranda Isabel, que en la AFIP aparece con ese documento pero sin constancias de su domicilio (27-12345678-0). En el padrón electoral no parece ninguno de los dos con ese DNI.

Tomemos otro ejemplo del descontrol: Juan Néstor Vergara, DNI 18.482.387, según los registros de la AFIP, luego de fallecer, nació de nuevo el 19 de marzo de 1998, y fue inscripto en la AFIP cuatro años antes, el 1 de mayo de 1994, aunque se tratase de un día feriado en el que nadie había ido a trabajar.

DNI "escalera". Más compradores de dólares
Llegando al extremo de la excentricidad tenemos el caso de un mismo documento, el DNI 93.315.103, compartido por tres personas nacidas en el extranjero. Ellos son: Antonio Luis Aguilar Castillo, Máximo Leopoldo García Villegas y Miguel Ángel Amaro. En el padrón del ANSES figuran como beneficiarios de AUH pese a la irregularidad, ya que se supone que cada asignación es identificada con el DNI del que lo recibe. En la AFIP, el DNI no está registrado.

Esta triplicación de DNI es superada por el DNI  93.878.742, asignado a Zenón Q. Soto, a Franco Apolinar (Sic) García, a Alfredo Fernando Antay Anampa y a Marco Antonio Churata, todos ellos beneficiarios del programa AUH. A diferencia del caso anterior, figuran en los padrones de la AFIP con diferentes combinaciones de inicio y fin de CUIL.

Si se quiere usar el DNI 25.555.555, se pueden usar los CUIL de Magdalena Soledad Ochoa (23-25555555-3), el de Lorena Lilian Angelaccio (27-25555555-9) o de Die (sic) Martínez Martínez (20-25555555-4). También hay tres CUIL asignados al DNI 11.000.000. En éste último caso, uno de los CUIL, el 27-11000000-1 pertenece a María Ickisonas, nacida hace 114 años en un 1 de enero de 1901 y habilitada para comprar dólares.

AUH Triplicada
Pero el record pertenece al  DNI 22.222.222. El CUIL de los “patitos en fila” le corresponde simultáneamente a María Alejandra Vázquez (27-22222222-8), a Sofía Bucemi ((24-22222222-9), Nicolás Anto Fernández (23-222222222), a Jorge Medrano Mayta (2322222222-2) y a María Luz Ghiglione, que tiene además el CUIL 27-61038806-1 que pertenecería a una persona que nacería en 2017 y que en los registros de la ANSES, aparece como nacida en 1979.

Por eso, los CUIL falsos escondería una operación muy rentable. Desde hace un tiempo, ciertos operadores del mercado del dólar blue utilizarían estos números para comprar dinero extranjero en el mercado legal y revenderlo en el mercado marginal. No es solo una desprolijidad sino un gran negocio si se consiguen códigos para comprar hasta US$ 2.000 mensuales (Según lo establece la Res 3.583/14) y luego se los vende con una ganancia del 50 por ciento, dada la brecha entre los dólares oficial y marginal. Por lo general los “números mágicos” se corresponden con identidades duplicadas. Sólo basta con acceder a las claves tributarias “cedidas” por algún empleado con acceso a los registros, y poder así hacer uso del cupo para comprar dólares asignados a algunos de estos números. Por constatación con personas que han adquirido divisas en el mercado legal, hemos comprobado que la AFIP no informa en su página de internet sobre los que compraron dólares, por lo que resulta imposible saber cuántas de estas identidades truchas fueron usadas para hacerlo.

La burla a los controles establecidos a partir del cepo a la circulación de divisas es moneda corriente. Tan es así que por ejemplo el CUIL 20-19999992-4 fue creado a nombre de Juan Safe Dólar sin que las autoridades de la AFIP lo detectaran por un tiempo, hasta que fue dado de baja. El que todavía sigue activo es Juan Colgado Bankpro, que con el CUIL 20-16000000-8 puede comprar tranquilamente divisas.


El costo de la ineficacia

Más desaparecidos que fueron a votar en el 2013
En resumen, puede decirse que la asignación de números identificatorios llegó a un estado total de caos que podría facilitar ganancias marginales y hasta un supuesto fraude electoral masivo. Esto se potencia, según las fuentes consultadas, porque los estados provinciales confeccionan sus padrones de manera autónoma y el registro nacional no compara los datos que posee con los listados de cada distrito. Es por eso que el descontrol y el poner en manos de los gobiernos del interior el manejo de los padrones han permitido la falsificación masiva de electores creando identidades con DNI correspondientes a otros distritos.

Tampoco se notifican las altas y bajas de manera fehaciente en todas las provincias, de manera que no hay modo de saber si el número de documentos en la calle se corresponde con el total de la población actual.

Esto lleva a la gran pregunta sobre el total de DNI que imprimió el gobierno. Randazzo pone como gran logro de su administración el haber impreso 48 millones de documentos nacionales de identidad, luego que el Censo arrojara por resultado una población de 40 millones de habitantes. Y si existen números mellizos, esa cifra debiera ser menor, ya que se usaron varias veces el mismo número. O lo que es peor, si cuentan todos los documentos emitidos, reconocen que han impreso varios ejemplares por persona en los sucesivos relanzamientos del programa para presentar un modelo “mejor” que el que ellos mismos habían hecho y pagado con recursos del estado.

Otro desaparecido que concurrió a votar en el 2013
Según el Presupuesto Nacional, aprobado por el Congreso de la Nación, se asignó desde el año 2009 una cantidad creciente de fondos públicos al programa de renovación de documentos de identidad dirigido por el ministro Florencio Randazzo y ejecutado por el RENAPER.

En 2015, el Estado le asignó al programa del RENAPER 1.993.000.000, que con un dólar a $9,00, equivale a US$ 221.444.44; En 2014 gastaron $ 1.392.000.000 que con dólar a $8,00 equivalía a US$ 174.000.000; En 2013, se le asignaron $ 985.253.000 que con dólar a $6,50, equivalieron a US$ 151.577.384; En 2012 $ 717.463.000 que con dólar a $5,00, equivalía a US$ 143.492.600; En 2011 $ 634.000.000 que con dólar a $ 4,30, equivalieron a US$ 147.441.860; En 2010 $341.000.000, que con dólar a $ 4,00, equivalía a US$ 85.250.000. Finalmente, en 2009, $237.000.000, que con el dólar a $3,80, equivalieron a US$ 62.368.421.

En total, se van gastando US$ 1.502.000.000 para hacer 48.000.000 de documentos. Expresado en valores individuales, cada uno de esos documentos le habría costado al gobierno 31.25 dólares. A este valor, se le debe sumar unos 35 pesos –otros casi 4 dólares adicionales - que deben abonar los que tramitan un nuevo documento, costo que es exceptuado en los sectores pobres. Ahora bien, si una persona decide tramitar el nuevo DNI en uno de los puestos del RENAPER colocado en un shopping, ese costo se dispara a los 85 pesos – US$ 9 al valor oficial -, con un valor total por unidad superior a los 40 dólares entre el gasto estatal y el particular.

Recordemos la causa judicial iniciada en 1991 por los sobornos en la confección de los DNI durante la gestión del ex presidente Carlos Menem y que involucró a la empresa alemana Siemens AG. En ese momento, el costo estimado por unidad estaba en los 30 dólares, de acuerdo con los documentos de la adjudicación. Además de la causa judicial, el contrato levantó airados reclamos por el elevado costo que se iba a pagar por cada DNI.

La Cámpora y las franquicias del RENAPER
Todo este proceso se hace muchas veces junto a licitaciones en las que son favorecidas empresas que se repiten año tras año como proveedoras. Es el caso de Dinatech SA, fundada por Eduardo Wassi. En total recibió al menos un total de 56 millones de pesos en contratos del ministerio del Interior. El ex director suplente de Dinatech SA, Marcos Federico Massaccesi, fundó luego Ingacam SA en 2008, un año antes del lanzamiento del programa de renovación de DNI. Fue elegida para ejecutar un contrato para la refacción del edificio del RENAPER por un total de 7,5 millones de pesos. Entre otras licitaciones, Ingacam SA estuvo a cargo de la refacción del edificio Chutro donde tiene su sede central en organismo que emite los documentos. Otros contratos de la empresa con la cartera dirigida por Randazzo tienen que ver con obras encargadas por la Agencia de Vialidad y refacciones a edificios del ministerio. Un dato final que suma a la relación entre el ministerio del interior y la constructora Ingacam SA: La mujer de Massaccesi trabaja en el RENAPER e ingresó a la planta permanente del organismo durante la gestión de Randazzo.

Otras irregularidades

Randazzo promovía la entrega de los nuevos DNI y pasaportes en tiempo récord. En el comienzo del programa y hasta 2012, ambos eran confeccionados y entregados en quince días. Pero en la actualidad, la falta de insumos llevó el tiempo de entrega a 25 días hábiles para los DNI y hasta 60 días para los pasaportes. En éste último caso, si se abona una tarifa VIP de 1300 pesos, es posible tenerlo en el momento. En 2012 ese mismo trámite costaba $ 250. Los delegados de ATE advirtieron en varias oportunidades sobre la situación existente dentro del RENAPER como así también con la falta de insumos provocados por el cepo a la circulación de dólares, que impiden importarlos.

Cristina Fernández presentando una de las tantas versiones del DNI
La demora por falta de insumos resulta contradictoria con la declaración de los funcionarios. El 5 de noviembre de 2009 Randazzo expresó ante la prensa que se trataba de DNI 100 % argentinos”, aunque la falta de materiales importados tiró por la borda la idea de la soberanía en la confección de los documentos.

Otra faceta desconocida del RENAPER es la entrega de “franquicias” a La Cámpora para que hagan proselitismo entregando DNI con recursos del estado como si fueran propios. En estos locales itinerantes, los militantes actúan como facilitadores de la entrega de documentos y, según fuentes consultadas en los distritos donde estuvieron haciendo esta tarea, no son raros los casos en los que se privilegia la entrega acelerada a los que se manifiestan a favor de las ideas oficialistas. No queda claro cuál es la normativa que autoriza al RENAPER a entregar la administración de identidades a una facción partidaria, pero la ostentación de esa facultad que hacen los miembros de La Cámpora hacen suponer que tienen un permiso político superior para hacerlo.


La identidad de los responsables

Pocos conceptos son tan importantes para un individuo como su identidad. Diferenciarse del otro es lo que nos permite destacarnos como personas dentro de una sociedad. Y en las sociedades modernas esa identidad se relaciona con un número propio e intransferible. Eso es lo que dice la ley Nº 17.671 del 29 de febrero de 1968 que estableció el sistema de Documento Nacional de Identidad en reemplazo de los muchos documentos de identificación que existían anteriormente.

En su Artículo 7°, la Ley que crea los DNI estipula queLas personas (…) deberán ser inscritas por el Registro Nacional de las Personas, asignándoseles en el mismo un legajo de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable, el que sólo podrá modificarse en caso de error fehacientemente comprobado. Dicho legajo se irá formando desde el nacimiento de aquéllas y en el mismo se acumularán todos los antecedentes personales de mayor importancia que configuran su actividad en las distintas etapas de su vida. Todo identificado tiene derecho a exigir que conste en su legajo los antecedentes, méritos y títulos que considere favorable a su persona”.

Florencio Randazzo, el señor DNI
Ese número tiene además algunos usos prácticos, como es el permitir que el ciudadano elija a sus autoridades en cada comicio y realice actividades comerciales. Sin ese número único y diferenciado, sería probablemente imposible organizar elecciones limpias o asegurarse la legitimidad de las transacciones. Y lo que es más grave aún, si las elecciones no son transparentes, cualquier autoridad ejecutiva o legislativa surgida de una votación irregular asume con una sospecha de ilegitimidad que la acompaña hasta el fin del mandato.

El descontrol en el que han sumido a la entrega de números de documento no sólo podría facilitar el fraude electoral, sino que además ofrece un campo fértil para llevar adelante negocios turbios de la más diversa naturaleza, ya sea con contratos estatales como en la realización de transacciones privadas con identidades fraguadas.

Vale la pena recordar que sustituir identidades es un delito federal y que la ley establece claramente en su Artículo 33 que Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado: a) El que ilegítimamente imprimiere o mandare imprimir documentos o formularios falsos destinados a la identificación de las personas, según las disposiciones del decreto ley 17.671/68 y su reglamentación; b) El que fabricare, mandare fabricar o tuviere en su poder, bajo su guarda, ilegítimamente, sellos del Registro Nacional de las Personas o de las oficinas seccionales; c) El que tuviere ilegítimamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco o total o parcialmente llenados, auténticos o falsos; d) La persona que ilegítimamente hiciere uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona”.

Y luego, por si quedara alguna duda, establece en el artículo siguiente que Será reprimido con prisión de seis meses a dos años: a) El que a sabiendas se hiciere identificar más de una vez; b) El que para obtener el documento nacional de identidad empleare documentación que no corresponde a su verdadera identidad”.

Queda claro que, a la luz de las pruebas que sobran a partir de analizar solo una parte de los padrones electorales y los registros impositivos, una gran cantidad de funcionarios deberían temer a estos dos artículos de la Ley 17.671. O quizás apuesten a seguir haciendo uso político con las identidades de los ciudadanos, a sabiendas que esa maniobra les otorga el poder para sortear cualquier condena que les cabría por haber sembrado el caos en el sistema de identificación de la Argentina.

En Twitter: @EliminandoV


(*) El informe refleja  en gran parte el trabajo del equipo de @Rex_Aluminio, conformado por José Luis, Elena, Esteban, Pablo y Ernesto, responsables de la tarea de investigación y relevamiento de casos con DNI irregulares desde el año 2010 al presente.