miércoles, 29 de abril de 2015

Casi 2 millones de pesos destinados en el 2015 a la custodia personal policial del secretario de Transporte

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

A veces, los usuarios de los servicios de transporte público suelen caer en el error de no percibir las bondades de un sistema envidiado por los países más desarrollados. Es así que suelen importunar a los funcionarios públicos y obligarlos a contratar policías adicionales. De ese modo injusto, obligan a gastar millones de pesos del erario público en policías que son sacados de las calles que, aunque sin problemas de inseguridad que afrontar, le dan tranquilidad al pueblo argentino.

Acuerdo entre el Ministerio del Interior y Transporte y la PFA por custodia de Ramos
Es lo que sucede con el secretario de Transporte de la Nación y candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria santafesino, Alejandro Ramos, que recibió un adicional de custodios personales.

Y como sucede con la inflación, los gastos en custodias policiales personales para funcionarios se incrementan año a año. En mayo del 2014, (Eliminando Variables) había revelado que el secretario  Alejandro Ramos, recibió custodia oficial por un valor de al menos $1.487.010. Obviamente, no fue una contratación por única vez.

Durante el 2015, gracias a un nuevo convenio interadministrativo entre el Ministerio del Interior y Transporte y la Policía Federal Argentina (PFA), y que fue firmado el 30 de diciembre del 2014, Ramos será custodiado durante todo el año por un mínimo de 1.277 policías y un máximo de 1.916 hombres de la federal que harán “adicionales”, y por el que se gastarán la nada despreciable cifra de $1.916.250 (430 mil pesos más que un año atrás, un incremento del 29 por ciento).

Los casi 2 millones de pesos, de hecho,  significan un gasto diario de $5.250 en custodios, lo que mensualmente se eleva a 159.687 pesos. Para interpretarlo de una forma más sencilla: La jubilación mínima actual es de $3.821,73, por lo tanto sólo la custodia cada 30 días del funcionario Ramos equivale a 42 jubilaciones mínimas.
Detalles específicos de la contratación de la custodia de Alejandro Ramos
La cantidad de policías surge del cálculo de los datos ofrecidos en las cláusulas tercera y quinta del convenio firmado por el ministro Florencio Randazzo con el responsable del Departamento de Policía Adicional de la PFA, el comisario Luis Alberto Vartanian. Allí se especifica que cada policía hará turnos de cuatro horas (llamados módulos), con la posibilidad de extenderse medio módulo más, es decir, dos horas. El costo del módulo para el 2015 fue fijado en $250, mientras que el del medio módulo, $125.

Al secretario de Transporte, a la vez, se le asignaron para el 2015, un total de 7.665 módulos. En el acuerdo se agrega que son 25 los módulos asignados diariamente a proteger todo el edificio de la Secretaría de Transporte y la custodia del secretario Ramos. Específicamente, al funcionario se le asignó un total de 21 módulos diarios de los 25, es decir, el 84 por ciento del gasto diario de custodia policial en el organismo de transporte está dedicada a proteger al ex intendente de la localidad santafesina de Granadero Baigorria. Los 21 módulos, a la vez, significan poco más de 5 policías diarios para el cuidado del funcionario.

Más especificaciones en la contratación de la millonaria custodia de Ramos
El 16 por ciento del gasto restante, es decir, 1460 módulos,  estará destinado a la protección del edificio de Yrigoyen 250, sede la Secretaría de Transporte.  El costo para cuidar esa dependencia trepará en el año 2015 a $365.000.

Alejandro Ariel Ramos, abogado de profesión, llegó al cargo de secretario de Transporte de la Nación mediante la firma por parte de la presidente Cristina Fernández y Julio De Vido del decreto 340/2012, el 08 de marzo del 2012. Por aquel entonces, la Secretaría de Transporte dependía del ministerio de Planificación Federal (desde hace varios años está bajo la órbita de Randazzo), y su antecesor en el cargo fue Juan Pablo Schiavi, que a su vez reemplazó a Ricardo Jaime.  

La custodia personal que seguirá a Alejandro Ramos será muy útil para recorrer algunos de los distritos santafesinos durante su campaña, en donde la inseguridad llegó a niveles récord que no son compatibles con el ambiente de tranquilidad que se vive en el interior de las nuevas formaciones ferroviarias recientemente inauguradas.

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viernes, 24 de abril de 2015

Curiosidades: Mientras CFK negocia una central nuclear con Rusia, la CNEA invierte en el “Piletín”

Por JMS e IMO

El viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Rusia trajo consigo la novedad de la construcción de una nueva central atómica en nuestro país. Se trata de una usina que funcionará con tecnología rusa, una decisión que reflotó los temores por los estándares de seguridad que usan los diseñadores de Chernobyl, la central que provocó el peor desastre nuclear de la historia.
Detalles de la contratación directa de la CNEA 41-2015

También, el anuncio provocó cuestionamientos por el cambio de roles de la Argentina en el mercado atómico, que en pocos años pasó de promocionarse como constructora y exportadoras de usinas atómicas a compradora de proyectos en el extranjero.

Pese a los rumores negativos, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) no está inactiva y sigue adelante con inversiones para mejorar su infraestructura. De acuerdo a documentos a los que accedió (Eliminando Variables), una de las más recientes es la contratación directa por trámite simplificado, de bajo monto, que lleva el número 41/2015, y cuyo expediente es el 142-662015.

Esta contratación consiste en la compra de “dos piletas de lona” destinadas simplemente a “lavar”, según puede observarse en la carátula del pliego de bases y condiciones particulares del organismo estatal que asesora al Poder Ejecutivo respecto a la energía atómica en el país.

En la descripción de las especificaciones técnicas, se aclara aún más el objeto de la adquisición: Pileta de natación desarmable. Tela plástica recubierta en PVC. Caños de chapa galvanizada. Esquinas de PVC. Material 100% antioxidante. Accesorios plásticos de alto impacto, resistentes y de larga duración. Dimensiones: Largo: 200cm. Ancho: 140cm. Profundidad: 40cm. Capacidad: 1400L”.

Modelo de "Piletín" que adquirirá la CNEA para "lavar"
Los autores de este blog realizaron una simple búsqueda en la web “Mercado Libre”, y encontraron que las especificaciones técnicas corresponden a piletas de natación desarmables de la marca “Piletín”, con un costo de venta al público de $1.580 cada una, por lo que el costo total de esta inversión para la CNEA será de $3.160. En el pliego no se encontraron rastros de alguna razón para explicar porqué la CNEA, que recibe inicialmente $ 3.000.000.000 anuales de presupuesto, y tiene una caja chica lo suficientemente grande, tuvo que revelar la adquisición de este material estratégico para sus investigaciones.

El tema nuclear es complejo y son pocos los especialistas capaces de comprender el fascinante mundo de la energía atómica. El uso que se les dará a las “Piletín” es un misterio. Quizás se usen para enfriar a los científicos que trabajan en el lugar y que no hayan aceptado de buen modo que el trabajo de décadas de desarrollo de la CNEA sea puesto en un lugar secundario para dar lugar a la nueva central rusa.

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sábado, 18 de abril de 2015

Kicillof contrató a estudio de abogados "blue" para diseñar estrategias que evadan efectos del fallo de Griesa

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Que un funcionario kirchnerista reconozca haber cometido un error es un hecho tan inusual que, cuando lo hacen, confiesan sus yerros en algún documento siempre difícil de encontrar. Es el caso de la negociación con los holdouts, conocidos localmente como los "fondos buitre", en la que el equipo del ministro Axel Kicillof se presentó como un triunfador,  mientras ordenaba contratar con sigilo a otro estudio de abogados neoyorquino para que le resolviera las complicaciones que traía aparejada su estrategia de resistencia épica frente al embate de los fondos especulativos.

Dictamen de la Procuraduría en donde se revela contratación de THSH
Y es así que a la millonaria contratación del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP de New York para que represente a la Argentina ante el juez "municipal" Thomas Griesa, se sumó un nuevo refuerzo, también pagadero en dólares estadounidenses. 

Desde agosto del 2014, la República Argentina cuenta con un segundo estudio de abogados abocado a tratar de resolver el tema del default. Se trata del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH), quien se encargará de buscar estrategias que garanticen a aquellos bonistas que accedieron tanto a los canjes del año 2005 como del 2010 (y que se encuentren en los Estados Unidos) cobrar los montos actualmente bloqueados por los fallos del juez Thomas Griesa.

La contratación de THSH, según los términos del acuerdo que firmó el Subsecretario Legal de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, Rodolfo Diana, y al que accedió (Eliminando Variables), no está relacionada con la defensa de la Argentina ante el juzgado de Griesa, ya que en esa tarea se desempeña desde 1989 el estudio Cleary Gottlieb.

La decisión de solicitar los servicios de esta empresa de abogados, de hecho, también puede verse como "un castigo" hacia Cleary Gottlieb por no poder lograr ante las cortes norteamericanos los objetivos que se había propuesto el país al momento de litigar con los holdouts.

El acuerdo con el bufete legal fue autorizada mediante una contratación directa por especialidad, del Ministerio de Economía, cuyo expediente es el S01:0163016/14, y cuyo objeto es pedirle a Tannenbaum Helpern Syracuse& Hirschtritt LLP, que “asuma la representación de la República Argentina en ciertos asuntos derivados de los efectos de las medidas adoptadas por la Justicia de los Estados Unidos de América en la causa NML Capital Ltd et al v. Republic of Argentina, en trámite por ante el Juzgado de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América” (Sic). En otras palabras, deberá tratar de arreglar los efectos de la mala estrategia argentina en el tribunal de Griesa.

Fundamentos de la contratación de THSH
El Gobierno, de hecho, justificó la contratación de THSH en que las medidas judiciales adoptadas por el juez Griesa, afectaban “en forma ilegítima” las relaciones entre el país y los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.  Al respecto, en un párrafo donde se fundamenta la contratación de ese estudio, se explica que el estudio de abogados buscará “garantizar el efectivo cumplimiento por parte de la República Argentina de las obligaciones asumidas con los mencionados bonistas”, como así también que “las entidades financieras” acaten los contratos que permitan a los bonistas cobrar.

El juez Griesa, con su fallo “Pari Passu” (tratamiento igualitario), impidió que los bonistas que ingresaron a los canjes cobren el dinero que Argentina les debe, hasta que el país no le pague a NML y a otros fondos que ganaron la demanda por –aproximadamente- unos US$ 1.700 millones. Ante la negativa Argentina de pagar, el juez propuso a un mediador, Daniel Pollack, con el fin de que el país y los holdouts acuerden la forma de pago.  

En marzo del 2015, la Argentina afirmó en un escrito presentado ante el juzgado de Griesa, que recibió 120 demandas por US$ 5.400 millones perteneciente a 37 grupos de litigantes, integrados por 526 personas, como así también fondos de inversión.  En total, hay 28 reclamos sin sentencia favorable previa y 498 pedidos “pos judiciales”.

Entre los “nuevos demandantes” se encuentran el mismo NML Capital (con 8 litigios por US$ 1656 millones), Kenneth Dart (US$ 725 millones) y Aurelius (2 nuevos litigios por US$ 324 millones).

Esos acreedores solicitaron al magistrado estadounidense sumarse en calidad de "me too" a la sentencia a favor de NML Capital, Aurelius y otros, lo que les permitiría ganar el litigio en una especie de juicio express. Sin embargo, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, encargado de defender en los estrados estadounidenses al país, dijo que una parte sustancial de esas demandas ya obtuvieron demandas a su favor, lo que transformaría a esas demandas adicionales –según los abogados- en cosa juzgada. Argentina teme que si Griesa le permite a los “me too” ingresar como litigantes, la cifra se incrementaría a más de US$ 14 mil millones.

La falta de un acuerdo por los 1.700 millones que se demandaban inicialmente, multiplicó exponencialmente el monto de los reclamos. Queda claro que  ésto no hubiera sucedido de haberse buscado un acuerdo - estrategia preferida del antecesor de Cristina Kirchner - y que el gasto que demandará contratar THSH nunca existiría de haberse optado por esa vía. 


El contrato con Tannenbaum Helpern Syracuse& Hirschtritt LLP

Los términos específicos de las tareas que realizará Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP para el país se mantienen confidenciales, ya que (Eliminando Variables) sólo pudo acceder a un dictamen de la Procuración General del Tesoro en donde se detalla la parte medular de ese convenio.

En el documento al que accedió este blog, se afirma que “para empezar a trabajar”, y como anticipo,  la firma con sede en el 900 de la Third Avenue en la ciudad de Nueva York, le cobró al país US$ 35 mil ($289.100, al cambio de aquellos días), dinero que salió del área de “Coordinación Área Análisis y Ejecución de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Dirección General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas”. Está claro que la cifra final a desembolsar por parte del gobierno argentino será muy superior a ese número.

Economía, para justificar la contratación directa por especialidad, afirmó que debido “a la atención de los asuntos a encomendarse, dada su complejidad técnica, sumada a la necesidad de adoptar urgentes acciones que permitan reencauzar las relaciones entre el Estado Argentino y los bonistas que ingresaron a las operaciones de canje, tornan aconsejable adecuar el obrar de la Administración a las pautas rectoras de la adjudicación simple por especialidad”.

La Procuración, mediante el dictamen 144/14, expediente PTN S04:0037864/14, y con fecha 11 de agosto del 2014,  señaló que la propia Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señaló que “el Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas es competente para el dictado de la medida bajo análisis” (Sic), lo que podría interpretarse sin mucho margen de error como que la decisión de contratar a este estudio de abogados estuvo avalada y autorizada por el propio Axel Kicillof.

Anticipo a pagarle a THSH por el asesoramiento legal en el caso NML
La Procuración General del Tesoro, que finalmente aprobó el contrato entre la Argentina y el estudio THSH, sin embargo, le realizó algunas recomendaciones a Kicillof. Con la firma del subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez, se le exige a Economía “agregados” al convenio con  Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP que, en principio, el acuerdo original no tenía. Este llamado de atención tiene que ver con la relación contractual que el equipo de Kicillof establece con los nuevos abogados. 

Por ejemplo, Diez dice textualmente: “Sin perjuicio de lo expuesto en el acápite anterior, y para la instancia en la que se instrumente el contrato a suscribir con el mencionado estudio, me permito recordar la necesidad de que en aquél se establezca la responsabilidad propia y exclusiva del co-contratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional, conforme lo disponen las normas transcriptas”

El subprocurador Diez también le recuerda a los hombres de Kicillof: “Resultaría conveniente la inserción de una cláusula relativa a la intransferibilidad del contrato, toda vez que las obligaciones asumidas por los letrados integrantes del estudio a contratar, revisten el carácter de “intuitu personae””.

En otro de los puntos, el funcionario de la Procuración afirma: “En lo que respecta al objeto del contrato sería pertinente especificar el deber de información que es menester en este tipo de contrataciones por parte de los abogados que actúan en representación del Estado Nacional, a través de la producción de informes y otros documentos que le sean exigidos por la autoridad contratante a fin de intercambiar información y coordinar la estrategia y posición a sostener en la actuación judicial”.

Recomendaciones legales  del subprocurador Diez hacia el equipo de Kicillof
Las fallas en la redacción inicial del convenio, además, provocaron que Diez recomiende que “el convenio a suscribir contemple la obligación de los profesionales de no ser patrocinantes o apoderados, ni asesores, en causas o asuntos contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados”. Esa observación tiene que ver con el manejo de información sensible por parte de THSH, que podría traducirse en un magnífico negocio para los que manejan papeles de la deuda argentina o contratos atados a su evolución

En el informe de Diez, incluso, se hizo una última observación sobre el contrato con THSH: “Se debería establecer la posibilidad de rescisión contractual y la previsión relativa a la jurisdicción ante la cual han de resolverse los eventuales conflictos que se susciten a partir de la relación contractual que se establece”, afirmó. 

Se trata de errores incomprensibles para un hombre como Axel Kicillof, con una muy extensa currícula que acredita su vasta experiencia en el mercado de capitales. 

Llama también a la atención que quien habría sido responsable de redactar el acuerdo con el bufete neoyorquino, el abogado Rodolfo Diana,  tenga tantos errores en la confección de un contrato. Sobre todo, porque unos meses antes de la firma de este convenio con Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP, el funcionario de Economía fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner como conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

Sea cual fuere la razón de tantas observaciones desde la Procuración, queda claro que ahora Argentina decidió contratar un nuevo estudio de abogados para que corrijan los yerros cometidos en la etapa anterior de la negociación de la deuda en default. Y esa contratación, que no es por un costo menor dada la experiencia que se arrastra del gasto en anteriores instancias, viene a buscar una solución a decisiones tomadas por los mismos funcionarios. Que se haga sin anuncios oficiales y con sigilo, quizás tenga que ver con la imposibilidad de asumir que hubo un error en los pronósticos, algo que en palabras del propio ministro Kicillof, pareciera ocurrirles a los que "viven en un termo", como bien supo definir en una conferencia de prensa el 18 de abril de 2015, al evaluar a los economistas que cometieron la humanidad de no ser certeros en sus predicciones.

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miércoles, 15 de abril de 2015

El millonario y confidencial acuerdo entre la PSA y la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN para hacer…nada


Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

A mediados de los años noventa, en pleno auge de la serie norteamericana Seinfeld, los mismos actores, productores y hasta el canal que emitía la exitosísima comedia, afirmaban que el suceso en audiencia estaba vinculado a que las historias semanales de la tira trataban sobre “la nada”.

Carátula de la contratación directa 01-2015 de la PSA
En la Argentina, casi 20 años después que finalizara la emisión Seinfeld, pareciera que la ficción se transformó en realidad: Un millonario “convenio específico” entre una universidad y una fuerza de seguridad, con mucha cláusula de confidencialidad, cuyo objeto es…. La nada. 


No es el primer “Convenio Específico” que realiza la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). En enero del 2015, por ejemplo, (Eliminando Variables) había revelado que la misma facultad sería la encargada de refaccionar el despacho del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por la nada despreciable cifra de 85 mil dólares.

Costo del convenio entre la FRA de la UTN y la PSA
En este caso en particular, de hecho, se sabía cuál era la tarea de la sede regional de la UTN. Sin embargo, en la contratación directa 01/2015 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), expediente 56-008/2015, enmarcada como “Convenio Específico interadministrativo de asistencia técnica con Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Avellaneda”, no se sabe con exactitud qué se hará. 

Lo que sí quedó en claro es la cifra que desembolsará la PSA por  las tareas a realizar de parte de la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN en los seis meses que durará la colaboración: $10.000.000, según la cláusula tercera del acuerdo entre ambas instituciones. Es decir, un gasto mensual de $1.666.666. 

El Convenio I 

El convenio explica que la PSA tiene como misión “la planificación, implementación, evaluación y coordinación de las actividades y operaciones necesarias para prevenir, conjurar e investigar los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario”.  Por su parte, identifica a “La Facultad” (en este caso, la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN)  como  “la organización con experiencia y conocimientos técnicos y prácticos en la temática capaz de asistir y fortalecer a la PSA, en las diferentes líneas de acción coadyuvando al logro de los objetivos a su cargo”.
Burocracia en el acuerdo PSA-UTN



Según el escrito que fue firmado a comienzos de enero de este año por el Director Nacional de la PSA,  Esteban Germán Montenegro,  el objeto principal  del convenio es “brindar asistencia técnica y profesional en las actividades que efectúe la “PSA”, a fin de obtener una mejora continua en los procesos que hacen a su misión, incluyendo los sectores operacionales, de administración, infraestructura, comunicación, informática, capacitación, asuntos jurídicos y de gestión institucional” (SIC).  Aquí sería interesante conocer qué mejoras puede sugerir una universidad tecnológica en la aplicación de códigos procesales vigentes, como así también otros temas vinculados a asuntos legales. 

Inmediatamente, se agrega  que ese acuerdo tiene también el objeto que la UTN colabore “con “PSA” en todas aquellas actividades relacionadas con la implementación de mecanismos que le permitan a esta alcanzar un nivel adecuado de control interno, generando un ámbito propicio para el desarrollo profesional e institucional” (SIC). 
 
Más burocracia en acuerdo entre PSA-UTN

No obstante, uno de los puntos más llamativos del convenio es el punto 2 de la cláusula quinta, donde se afirma que la UTN deberá contratar personal capacitado para desarrollar las tareas en consenso con quien designe la PSA. Es decir que se decide acordar con una institución con supuesta mayor experiencia para la resolución de un problema (ante la incompetencia o desconocimiento propio), es que más particular el concepto que quien sabe consulte al que desconoce del tema para contratar personal capacitado para desarrollar tareas.

El punto 8 de esa cláusula quinta, por otro lado, destaca que los fondos transferidos por la PSA a la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN deberán financiar las acciones acordadas por las partes. Sin embargo, la misma PSA aclara que la aplicabilidad de los 10 millones de pesos  podrá ser modificada si así lo autoriza. 

El convenio II 

Pocos convenios a los que accedió (Eliminando Variables) son tan burocráticos, repletos de trabas e ineficientes como el firmado entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. En apariencia está todo diseñado para que no se efectúe ningún tipo prestación de servicios, debido a la cantidad de pasos que deben realizarse para que un pedido de ayuda de un área determinada de la PSA hacia la UTN llegue a concretarse. 

Actas de requerimiento, actas de desarrollo, actas de finalización, informes a las unidades requirente (UR), pedidos a las unidades de coordinación, puntos de contacto, son términos habituales en el vocabulario del convenio.  Cuanto más se incursiona en la lectura del mismo, quedan pocas dudas que ponerlo en marcha será un desafío incumplible. 
Insólito inciso del convenio entre la UTN y la PSA

Al respecto, el denominado “Anexo I” del convenio entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la UTN, denominado “Procedimiento de Implementación, Seguimiento y Control”, muestra la poca claridad de los objetivos del acuerdo.

Luego de explicar la ruta de requerimiento interno a empleados de la PSA sobre los servicios que supuestamente prestará la UTN,  en el inciso a) del punto 2 del Anexo I se dice: “Nombre y Descripción de la tarea para la que desea apoyo técnico y/o profesional”. En el inciso b) se pide que se especifique los “objetivos a alcanzar” con el mencionado apoyo; en el inicio c) se exige que se estime la duración de la tarea, y en el inicio d) la cantidad de personal y honorarios previstos para cada uno. 

Aquí queda claro que se contrata a una Universidad para realizar algún tipo de asesoría no especificada en ningún lado, en donde los mismos que contratan deben decir cuánto durará esa ayuda y el dinero a gastar. 

Pero probablemente el punto más absurdo del convenio sea el 12 de ese “Anexo I”. Allí se explica que si los fondos previstos por el convenio (es decir, los 10 millones de pesos) se “agostasen antes del plazo previsto” de los seis meses de duración del contrato, las tareas quedarán a medio hacer. Específicamente, se dice: Si los fondos previstos en el presente Convenio, por la cantidad de tareas requeridas, se agotasen antes del plazo previsto en la cláusula SEXTA, la Unidad de Coordinación informará dicha situación a las UR con TREINTA (30) días de anticipación al último pago posible para que procedan a dar por finalizadas las tareas en curso y a elaborar las respectivas Actas de Finalización” (SIC).

Vale aclarar que la denominada “Acta de Finalización” es un documento interno en donde se dejará constancia de las acciones y actividades desarrolladas, así como del cumplimiento de los objetivos originalmente formulados en el “Acta de Requerimiento”. 

La Confidencialidad 

El denominado “Anexo II” del convenio entre la PSA y la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional está íntegramente dedicado a las cláusulas de confidencialidad de parte de la UTN. 
Cláusula de confidencialidad entre la UTN y la PSA

Por ejemplo, en el punto 6, se especifica que en caso de que por orden judicial “La Facultad” se encontrara obligado a proveer toda la información según lo previsto en el Anexo II, deberá notificarlo fehacientemente a “La PSA” dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de intimada judicialmente y de forma previa a su cumplimiento” (SIC). 

Entre las obligaciones que tiene la Facultad de Avellaneda de la UTN es la de “denunciar dentro de las VEINTICUATRO (24) horas ante “La PSA” cualquier circunstancia que hiciera presumir un riesgo de vulneración de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL por personas no autorizadas por “La PSA”” (SIC). También, en el inciso c) del punto 3, la UTN deberá devolver “toda la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y no confidencial que “La PSA” le hubiera entregado a requerimiento de ésta” (SIC).

Por último, el punto 4, afirma que “las obligaciones a cargo de “La Facultad” serán extensivas a los prestadores, contratistas, empleados, colaboradores y/o a cualquier otra persona vinculada en forma directa o indirectamente con los servicios a prestar”. 

Tras terminar la lectura de los convenios, es difícil explicar de qué se trata puntalmente la tarea - algo que es un requerimiento obvio por tratarse de un contrato -, ni se remite a un documento que establezca en qué se gastarán los 10 millones de pesos. Sólo es posible establecer un interesante diálogo con un sonido de fondo de eximios guitarristas del Estado y la universidad, que además cobraran una fortuna por esta clase magistral de verborragia para no explicar nada y llenar varias páginas de papel sin dar una sola precisión. 


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jueves, 2 de abril de 2015

Luis D´Elía: El hombre que nunca se fue del Gobierno

Por Luis Gasulla e Ignacio Montes de Oca

Desde que comenzaron a conocerse los audios que recopiló el suicidado fiscal Alberto Nisman, el ex dirigente piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D´Elía adoptó un perfil inusualmente bajo. En las escuchas se develó su rol como negociador frente al gobierno de Irán para que se aprobara el Memorándum de Entendimiento a cambio de contraprestaciones que aún no fueron dilucidadas. Y mientras cumplía la orden no escrita de no salir a los medios, lanzó mensajes en las redes sociales en los que se victimizaba por haber sido, supuestamente, abandonado por el Gobierno y sus medios satélites. 
Detalles con el objeto de la Secretaría Nacional de Acceso al Habitat Social

Sin embargo, todo era una impostura. Luis D´Elía nunca estuvo fuera del gobierno y hoy tiene influencia sobre un presupuesto de 246 millones de pesos anuales. Estos fondos, de hecho, son manejados por uno de sus hombres de mayor confianza que fue puesto en su cargo, precisamente, gracias a su influencia sobre la presidente Cristina Fernández de Kirchner. 

Se trata de Rubén Pascolini, que continúa al frente de la Secretaría Nacional de Acceso al Habitat Social dependiente Jefatura de Gabinete de Ministros. La oficina de Pascolini es la sucesora de la antigua Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, en la que D´Elía prestó servicios hasta noviembre de 2006, cuando fue eyectado del gobierno por el entonces presidente Néstor Kirchner. Su salida fue una sumatoria de escándalos que incluyeron la toma de la Comisaría 24 de Buenos Aires, la escalada de acciones antisemitas que provocaron una reacción airada de la comunidad judía, como así también una posición no siempre condenatoria hacía los supuestos culpables del ataque a la mutual AMIA. Y cuando D´Elía dejó su cargo, Pascolini apareció para cubrir el puesto vacante.

Pascolini provenía del sindicalismo de Víctor de Gennaro en ATE y fue uno de los creadores e impulsores de la incorporación de desempleados a la afiliación y participación ciudadana. El arquitecto cambió su vida cuando conoció a D´Elía y, raudamente, se alejó de su padrino político, el “Lula argentino” como le decían a de Gennaro a comienzos del siglo XXI.

Al momento de ser nombrado funcionario del Ejecutivo, en las gacetillas oficiales referidas a Pascolini se recordó su egreso con medalla de oro de la Facultad de Arquitectura de La Plata y su militancia social. Pero nada se dijo de su estrecha relación con Luis D´Elía, quien era ya para entonces su jefe político inmediato. Y menos aún, que se trataba del número dos del partido MILES, la agrupación que dirige el ex piquetero.

Metas 2015 de la Secretaría a cargo de Rubén Pascolini: ¿Proselitismo?
En paralelo, Pascolini, como miembro de la mesa directiva del partido, no ocultaba su apoyo a la actividad pro iraní de D´Elía y hacia los viajes políticos que lo llevaban a Teherán. El jefe del MILES fue invitado en varias ocasiones por el régimen teocrático persa junto a dirigentes argentinos afines como es el caso del padre Mario Farinello, el ex diputado Mario Cafiero, el ex intendente peronista de Ensenada Mario Secco, el polifuncional Fernando Esteche, la diputada Alicia Sánchez (esposa de D´Elía) y Jorge Rachid, jefe del movimiento Soberanía y Liberación. 

En los hechos y según informan hombres vinculadas al ex piquetero, la oficina encargada de la regularización de tierras que tenía por público a los sectores más humildes del conurbano, nunca dejó de ser manejada por D´Elía, pese a que su hombre de confianza figurara como responsable en los papeles. Se trataba de un ente estratégico para la propaganda oficial y no faltaron los actos de entrega de títulos de propiedad a los que asistieron Cristina Kirchner y en los que se vio a Luis D´Elía, supuestamente fuera del gobierno, entregándolos como si reconociera ser gestor de la regularización de propiedades. Recuerda Marcelo Arbit, ex mano derecha del piquetero, “Luis nunca se fue del gobierno ni del poder”.

Es así que el tándem D´Elía – Pascolini representó un bastión de MILES dentro del gobierno durante nueve años. Según dos allegados a D´Elía, el nombramiento de Pascolini “fue parte del acuerdo para mantener contento y en paz al ex piquetero”.

Presupuesto 2015 de la Secretaría de Habitat Social, a cargo de Pascolini
Es más, en noviembre de 2014, en un acto televisado por la cadena nacional, la presidente Cristina Fernández de Kirchner tomó juramento a Rubén Pascolini luego de ascender de rango a la antigua Subsecretaria del Habitat y convertirla en Secretaría de Estado. Esto ocurría mientras el fiscal Alberto Nisman daba los pasos finales de su investigación y preparaba la denuncia que involucraría al dirigente piquetero en la negociación con los iraníes para desvincularlos del atentado contra la AMIA. La suspicacia podría hacer suponer que si el Gobierno sabía de la investigación de Nisman, aquel ascenso de Pascolini debería ser interpretado como un respaldo velado al actual jefe de MILES.

Al conocerse el presupuesto para el año 2015, ese respaldo tuvo un capítulo económico nada despreciable. Se le asignaron un total de $246.187.880, de acuerdo al desglose de la previsión de gastos anual que presentó el Poder Ejecutivo.


El gasto de Pascolini para 2015 y los sueldos de sus empleados

Según los documentos oficiales a los que accedió (Eliminando Variables), el programa dirigido por la mano derecha de D´Elía tiene como objeto "ejecutar una política nacional de regularización de dominio de tierras, que posibilite obtener el título de propiedad”. Por esa razón, Cristina Fernández de Kirchner informaba que no se trataba de un plan de construcción de viviendas sociales sino “de lograr que los barrios informales, muchos de ellos denominados villas, sean incorporados”.


Presupuesto millonario con destinos no especificados

El detalle del presupuesto asignado a Pascolini para 2015 es en extremo impreciso sobre el modo en que se gastarán los 246 millones de pesos (aparece en demasía el código "9999" para asignar gastos, número que identifica un destino para la erogación que lo conocen únicamente quienes diseñaron el plan financiero del ente). Solo indican que del total, se gastarán unos 18.000.000 de pesos al personal de planta permanente, una cifra extraordinaria si se considera que la dotación de empleados declarada es de apenas 32 personas.

Si se divide el total de empleados por el gasto en personal, el resultado arroja una sorprendente conclusión: En el 2015, cada empleado de Pascolini cobrará un promedio de $47.265 mensuales, sin contar cargas sociales ni aguinaldo.

En resumen, el hombre de D´Elía en el gobierno les paga a sus empleados una cifra similar a la que recibía el experto en informática Diego Lagomarsino, ex asesor del fiscal Nisman.

Posteriormente se afirma que 11 millones se utilizarán para el “retribuciones de contratos” y se reservan $765.000 para el “gabinete de autoridades superiores”. Un resto de 1.18 millones se destinarán a aguinaldos y servicios extraordinarios.

Más gastos millonarios de la Secretaría de Habitat Social sin especificar destino
En el cuarto apartado del presupuesto dedicado a la oficina manejada por Pascolini, titulado “Transferencias”, se informa el destino de los restantes 203 millones de pesos que se reparte entre entidades municipales, intendencias, gobiernos provinciales y cooperativas. Las Universidades nacionales, sin especificar, reciben sólo el 1 por ciento del total: 2 millones. Los gobiernos municipales, el 60 por ciento: 120 millones de pesos mientras que las provincias, solo 4 millones y medio. Néstor Kirchner prefería negociar directamente con los intendentes, no así con los gobernadores. Recordemos que el plan está focalizado, como dijo la Presidenta, en la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas, en cambio, recibieron $38.190.000. Pero en el último apartado, aparecen otros 36.610.000 pesos que su destino también son los municipios. Bajo el rótulo de “Regularización Dominial de Tierras”, los intendentes vuelven a ser los grandes ganadores de la partida.

Luis D´Elía sabe que la estratégica Secretaria Nacional del Hábitat, es una poderosa herramienta de proselitismo en tiempos electorales y que tendrá ascendente sobre ella en tanto siga a cargo su hombre de confianza, el arquitecto Rubén Pascolini, al igual que los 246 millones de pesos que manejará esa oficina durante el año 2015.

Es decir que, en contra de lo que pueda lamentarse D´Elía en público, el dirigente ultrakirchnerista sigue teniendo bajo control un millonario presupuesto para apoyar el proselitismo del Gobierno en un año en el que este tipo de oficinas serán cruciales para lograr apoyos en el conurbano bonaerense, quizás la región que decidirá el nombre del próximo presidente.


En Twitter: @EliminandoV

Luis Gasulla es periodista. Autor de los libros “El Negocio de los Derechos Humanos” y “El Negocio de la Impunidad”. En Twitter: @LuisGasulla

miércoles, 1 de abril de 2015

Proteger, trasladar y atender a la presidente Cristina Fernández costó al menos $553 millones desde el 2011

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Uno de los grandes interrogantes del fin del mandato Cristina Fernández de Kirchner es saber cuánto costó sostener sus actividades en los últimos cuatro años al frente del gobierno nacional. Y, además, en qué se gasta en dinero de los contribuyentes a la hora de hacer funcionar la oficina de la primera mandataria.

Gastos presupuestarios 2012-2015 en seguridad y atención presidencial
Luego de relevar documentos oficiales y consultar a fuentes internas de la presidencia, comienzan a surgir algunos datos curiosos;  gastos que despiertan suspicacia por la naturaleza de los proveedores, y los incrementos que se aceleran sin que haya un motivo inflacionario formal que los justifique.

De acuerdo con datos relevados por (Eliminando Variables) en base a documentos oficiales, desde diciembre del 2011 y hasta fines del 2015, cuidar, trasladar y atender las necesidades de la Presidente de la Nación Cristina Fernández, tendrá un costo de al menos $553.602.196, cifra que llevada a valor dólar oficial año por año, equivale a unos US$ 79 millones.

Estos 553 millones de pesos, no incluyen partidas adicionales, que suelen reforzar el gasto presidencial, pero que no son contabilizadas dentro del presupuesto correspondiente. Esos costos agregados, que implican también cifras millonarias, tienen que ver tanto con gastos de combustible y reparaciones de la flota presidencial, como con el alquiler de aviones adicionales, práctica que se hizo más usual en la medida que se buscó evitar embargos por parte de los holdouts. Fuentes consultadas sitúan esas erogaciones extras en estos cuatro últimos años entre los 60 y 80 millones de pesos, por lo que un número final real se aproximaría a los $630 millones.

No obstante, basados en el número que pudo corroborar este blog, el gasto diario en torno a las tareas y movimientos presidenciales rondará los $379.089 por día que, explicado de otro modo, significarán un costo $263 por minuto, por cada uno de los 1.460 días medidos desde el 10 de diciembre del 2011 hasta el 09 de diciembre del 2015. La cifra, sin embargo, podría aumentar en los próximos meses, ya que se renovarán servicios habituales que son contratados por parte de Presidencia de la Nación.

Descripción de tareas para seguridad, atención y traslado presidencial
Sin duda, el ítem que más gasto provocó es el de “Seguridad, Logística y Comunicaciones” presidenciales, a cargo de la Casa Militar, que a lo largo del período medido, producirá una erogación de $365.521.625, un 66 por ciento del total.

Básicamente, la Casa Militar tiene a su cargo la seguridad presidencial y la de sus familiares directos, como así también responsabilidades de logística y seguridad en la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares donde la presidente tiene por residencia transitoria. También está a cargo de la movilidad aérea de Casa Rosada, y del ceremonial y protocolo de los Granaderos.

El rubro “Atención de Actividades del Señora Presidente” fue el segundo en importancia de acuerdo a los montos gastados. Esa erogación es responsabilidad de la denominada Coordinación General Unidad Presidente. En total, el presupuesto acumulado de esa oficina fue de $86.368.827. La cifra significa el 16 por ciento del total dispuesto. Con un gasto parecido también se situó la llamada “Administración de la Documentación Presidencial”, a cargo de la Coordinación General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, y cuyo gasto trepará en la etapa medida a $81.479.354. Este gasto fue el 14 por ciento del gasto total medido desde diciembre del 2011.

Estas unidades tiene por tarea la asistencia a todo lo que se relaciona con ceremonial, protocolo, eventos, audiencias, correspondencia (postal y electrónica), designación de comitivas y asuntos de índole privada de la primera mandataria.

Gastos en seguridad y atención presidencial del año 2007
Los otros servicios contratados que fueron relevados por este blog, fueron el de “Avituallamiento” (víveres) de aeronaves presidenciales y servicios de catering para eventos presidenciales, como así también ciertos gastos en el rubro “Combustibles” para la flota presidencial. En ambos rubros, el número obtenido tras el relevamiento realizado por (Eliminando Variables) fue de $ 20.232.390, el 4 por ciento del gasto total. Sin embargo, aún quedan por determinar otros “costos 2015” de este rubro, que aún no fueron dados a conocer, ya que en muchos casos los períodos de contratación correrán desde junio.

Para tener un comparativo de lo erogado, en el rubro “Seguridad, Logística y Comunicaciones”, encargado de la seguridad presidencial, entre el período 2011-2015 se gastarán $90.099.920 más que entre el 2007-2011, primer período presidencial, de Cristina Fernández, donde se destinaron -sin contar partidas adicionales- un total de $275.421.705. El aumento en el gasto, por inflación o por suma de elementos y hombres en la seguridad de Casa Militar, equivale a un 32.7 por ciento.

Durante el primer período presidencial de Cristina Kirchner, a la vez, la denominada “Atención de Actividades del Señora Presidente” tuvo un gasto total –sin contar partidas adicionales- de $38.371.716. Durante el segundo mandato, tal como se dijo, el monto dispuesto alcanzará en ese ítem $86.368.827, es decir, un 125 por ciento más que lo utilizado en el lapso 2007-2011. Se trata de un aumento que supera en una vez y media el aumento de precios dado por el INDEC de 2011 a 2014, que se sitúa en una cifra cercana al 50 por ciento.

Pliego de la licitación pública 80-2011 de Presidencia
El incremento más notable, sin embargo, se dio en el rubro de la “Administración de Documentación Presidencial”, donde el gasto pasó desde los $22.382.489 durante el período 2007-2011 a los actuales $81.479.354, que se gastarán entre el 2011 y el 2015, sin contar partidas adicionales. La comparativa entre ambos períodos muestra una suba de un 364 por ciento.

Vale aquí hacer una observación sobre los costos del traslado presidencial. Desde 4 de enero de 2012, la agenda presidencial se encuentra limitada por indicación médica. En esa fecha, la presidente Kirchner fue sometida a una ablación de su glándula tiroides y en adelante el equipo médico de presidencia objetó que se mantuviera la actividad que implicara constantes traslados a diferentes sitios del país para hacer actos políticos y que hasta ese momento eran un sello distintivo de la presidente.

Es por eso, que un aumento en el gasto en traslados, ceremonial y actividad burocrática resulta incoherente con una agenda presidencial cargada de días sin actividades oficiales y ausencias patagónicas. Al contrario, debiera haberse disminuido el gasto o, en el mejor de los casos, sólo haberse aumentado en un 44 por ciento aproximadamente, dado que entre 2012 y la actualidad el aumento de precios oficial estuvo cercano a esa cifra.

En la revisión de algunos de los gastos de presidencia está una posible explicación a las ampliaciones de su presupuesto y algunos detalles polémicos sobre el modo en que Casa Rosada gasta el dinero público.


La curiosa licitación 80/2011

Apertura de licitación pública 80-2011 con presupuesto original de LADE
Durante el período 2012, el gasto en cuidar, trasladar y atender las necesidades de la Presidente de la Nación Cristina Fernández, trepó a $92.952.870, destacándose como principal erogación la seguridad y logística presidencial, en donde se dispusieron $54.717.750. En cuanto al rubro de atención de actividades presidenciales protocolares, el gasto fue de $19.235.021, y encargarse de la documentación presidencial, tuvo un costo de $17.835.776. El otro gasto llamativo fue el del denominado “Avituallamiento”, realizado por la empresa de fomento Líneas Aéreas del Estado S.E. (LADE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, que se encargó del catering y servicios de handling en los aviones de la flota presidencial, y por el que cobró $1.164.323, según la licitación pública 80/2011, luego renombrada 80/2012.

Desprolijidades en la licitación pública 80-2011
Esa licitación pública, cuyo expediente fue el 30.073/2010, fue realmente llamativa y repleta de desprolijidades. En primer lugar resultó una "licitación pública" poco común: En los pliegos de esa licitación, en poder de (Eliminando Variables)figuraba de antemano el costo que Presidencia estaba dispuesto a abonar al proveedor, colocándole un tope a la contratación. Sin embargo, durante la "apertura de sobres con las ofertas", donde la única compañía que se presentó fue LADE, se cotizó un precio por los servicios de $685.860.19. No obstante, al ser una “orden de compra abierta”, y con la cifra final previamente dispuesta en los pliegos, no se pudo explicar el porqué de la cotización menor por parte de la línea aérea. Un documento posterior firmado por la entonces Subsecretaria de Coordinación de la Secretaría General de la Presidencia (disposición 107 de esa repartición), Susana Baum, mostraba el número previamente conocido en los pliegos: $970.269,50. Esa disposición fue rubricada el 25 de julio del 2012, renombrando la licitación pública 80/2011 como 80/2012.

El 06 de agosto del 2012, en la Tercera Sección del Boletín Oficial, se afirmó que el precio pagado en la licitación pública 80/2011 (expediente 30.073/2010) por parte de Presidencia de la Nación a LADE fue de $950.259,50, es decir 20 mil pesos menos que lo que figuraba tanto en la apertura de sobres como en la resolución 107, aunque queda la duda si efectivamente no fue un error de imprenta (nunca subsanado con una fe de erratas). Es decir, se volvía nuevamente a la licitación con un número del 2011.

Cotización menor en el Boletín Oficial
Más de un año después, el 24 de septiembre del 2013, la ex subsecretaria Baum mediante la disposición N° 140, afirmaba nuevamente que la licitación era la 80/2012, que tenía la orden de compra 152/12, con un monto de $970.269,50. Incluso, agregaba que esa orden de compra había sido emitida el 30 de julio del 2012.

Pero la historia con la licitación de LADE que modificaba su número y monto constantemente no concluyó ahí. En esa misma disposición (la 140), la entonces subsecretaria Susana Baum modificó nuevamente el número de la orden de compra, renombrando a la 152/12 como “69/13”, aduciendo “cuestiones del Sistema Local Unificado (SLU)”. Incluso, le agregó una ampliación del gasto de $194.054 a la contratación del avituallamiento de LADE, solicitada por el jefe de la Casa Militar, por lo que el número final fue de $1.164.323.

Para ese año, sin embargo, queda por conocerse el gasto en combustible destinado a la flota presidencial, que suele realizarse con la hoy petrolera semi-estatal YPF SA.

Recordemos que al llegar a la presidencia, el matrimonio Kirchner heredó de sus antecesores una flota aérea compuesta por un Boeing 757 – 201, un helicóptero Sikorsky S76B y dos antiguos Fokker F27 en estado casi ruinoso. Pero a partir de 2010 y luego de un informe del octubre de 2010 de la Secretaría General de la Presidencia que recomendaba ampliar la cantidad de naves, la flota se agrandó.

El avión presidencial, aquel que Néstor Kirchner amagó vender por considerarlo un símbolo de la ostentación neoliberal, sigue siendo la nave insignia de la Rosada. Ahora, el helicóptero S76 disfruta de la compañía de otras dos naves similares modelo S70 y a los Fokker, que fueron modernizados, se le agregó un Boeing 737 – 500 y un Learjet 60 configurados para el traslado de personalidades, como el resto de las aeronaves presidenciales.

Es curioso que, existiendo sólo una presidente, los encargados de su traslado necesiten una flota suficiente para trasladar a todos los mandatarios del Mercosur y sus estados asociados en una misma caravana aérea. Aun así, ese gasto no es lo único que llama la atención. Igual de sugestivo resulta el constante aumento de otras partidas.


El detalles del resto de los gastos (2013-2015)

Los gastos correspondientes al año 2013 para las necesidades presidenciales en cuanto a seguridad, traslados y protocolo, alcanzaron los $97.290.325. Nuevamente, la principal erogación –de acuerdo con la distribución del Presupuesto de ese año- fue la seguridad y logística, con $58.072.158, mientras que en el ítem atención de actividades presidenciales protocolares, se gastaron $19.204.492. En el rubro de documentación presidencial, el costo trepó a $ 17.852.378.

Contratación Interadministrativa 51-2014 de LADE
Durante el 2013, por otro lado, fue el año en el que LADE comenzó a ofrecer servicios de catering para eventos dentro de Casa Rosada. Según la contratación interadministrativa 03/2013, expediente 36504/2012, el gasto para prestación de servicios ceremoniales dentro de dependencias que pertenecen a Presidencia de la Nación, alcanzó los $996.974. Ese monto, de hecho, fue utilizado en diversas oportunidades en los recitales masivos que se realizaron en Plaza de Mayo durante ese año.

Este año nuevamente apareció la inquietante licitación 80/2011, de avituallamiento para la flota presidencial, que fue prorrogada para el 2013. El costo de la misma, benefició también a Líneas Aéreas del Estado fue por $1.164.323. (Eliminando Variables), en octubre del 2013, había realizado una extensa descripción de los servicios gastronómicos que se ofrecían en los vuelos presidenciales, dignos de un jeque árabe.

El total del gasto por los gastos en catering presidencial, alcanzaron durante el año 2013, un total $2.161.297. No se conoció, por otro lado, el costo en combustible JP1 para la flota presidencial.

Para el año 2014, la cifra del gasto total para atención de la presidente se disparó. El costo alcanzó los $167.410.470, casi un 72 por ciento más que en el 2013. La principal causa del notable incremento en los gastos de seguridad, traslado y protocolo presidencial están relacionados con el aumento en los costos de seguridad y logística de la presidente Cristina Fernández: $107.944.101, un 86 por ciento más que un año atrás. Los costos en el rubro de mantenimiento de la Casa Militar, vale aclarar, superaron incluso la cifra del 2009, cuando por ese mismo ítem se habían gastado $105 millones.

Contratación Interadministrativa 60-2014 de LADE
En cuanto al rubro atención de actividades presidenciales, la erogación en el 2014 fue de $21.769.873, y el de documentación presidencial, llegó a los 20.789.525 pesos.

El año pasado, a la vez, varias contrataciones beneficiaron a LADE. Por ejemplo, la contratación interadministrativa 51/2014, expediente 42.958/14, cuyo objeto era la provisión de “servicios de catering y coffee break, con motivo de las recepciones, ceremonias y otros eventos que se desarrollan en la Presidencia de la Nación”, le entregó $1.508.732. Sin embargo, la contratación más importante de LADE fue la de avituallamiento de la flota presidencial, que preveía la entrega de raciones para personal de la Casa Militar en Aeroparque y eventos de Presidencia de la Nación. La contratación interadministrativa fue la 60/2014, expediente 42.959/14, por un monto total de $3.094.290.

LADE, además, también obtuvo en el 2014 el servicio de catering para la Unidad Ejecutora del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010, conocida por ser la responsable del Parque Tecnópolis, en el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Según la contratación interadministrativa 62/2014, expediente 43.183/14, la adjudicación fue por $303.747.

El total de las contrataciones de LADE con Presidencia, en principio, treparon a $4.906.769, un 127 por ciento más que en el 2013.

En cuanto a combustibles, (Eliminando Variables) publicó el 31 de marzo del 2014, que el gasto en combustibles para la flota presidencial durante ese año, trepó a 12 millones de pesos. La contratación interadministrativa fue la 05/2014, firmada con YPF SA.

Detalles de los pliegos autorizados por Oscar Parrilli
El 2015, último año de Cristina Fernández como Presidente de la Nación, verá un año record en cuanto a gastos en su seguridad, traslados y protocolo y ceremonial. El total inicial calculado trepa a los $195.948.732, un 17 por ciento más de gasto que en el 2014.

Otro gasto notable está en el rubro “seguridad y logística presidencial”. El monto inicial para ese ítem fue calculado en la distribución de Presupuesto en $144.787.616, un 34 por ciento más que un año atrás. Dos ítems que también tuvieron un fuerte incremento fueron el de atención de actividades presidenciales y el de documentación presidencial: $26.159.441 y $25.001.675, respectivamente.
Por último, aún se desconoce los gastos en avituallamientos y combustibles para el actual período. En muchos de los casos, corren contratos del año 2014 que se imputan por separado, o recién están concluyendo.
En un año electoral, es previsible que las cifras de 2015 se disparen, teniendo en cuenta que la coyuntura política y la costumbre de agregar partidas adicionales, una práctica usual dentro del paisaje presupuestario de la Casa Rosada desde 2003 al presente.
Es curioso que, tal como se hacía referencia al principio, los gastos de la presidente Cristina Kirchner se hayan aumentado de un modo tan notorio, incluso por encima del índice oficial de precios, cuando la actividad presidencial disminuyó por razones médicas. Lo cierto es que aun con una actividad protocolar limitada, la Presidencia de la Nación sigue adelante con el gasto como si tal situación no hubiera ocurrido y la figura de la presidente se hubiera multiplicado a tal punto de necesitar más aviones para ser trasladada, más documentos para firmar, más viandas para consumir y gastar en muchas más actividades oficiales en las que, curiosamente, Cristina Kirchner no está presente. Ese es uno de los misterios que los autores de esta nota no han podido resolver. 
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