martes, 28 de julio de 2015

Abogados para todos y todas: En los 12 años K, florecieron los estudios extranjeros contratados por la Argentina

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Entre los abogados se suele decir “Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio”. Se sabe que una vez que una disputa entra en el terreno judicial, hay que afrontar costos elevados, tiempos dilatados y que no siempre se alcanzan los resultados esperados. Y esto es cierto en particular cuando esas causas las tiene que encarar un país que, atrapado en conceptos tan esquivos como la “defensa de la soberanía” o el "orgullo nacional", terminan gastando cantidades enormes de dinero público en abogados extranjeros para litigar en los sistemas judiciales de otros países.

Contratación del estudio Steptoe & Johnson LLP
Estados Unidos, Bélgica, Suiza, Italia, Holanda, Alemania y el Uruguay son algunos de los países en donde la Argentina, por diversas causas y circunstancias, se vio obligada a contratar  a una cantidad importante de estudios legales internacionales.  Varios de estos acuerdos, vale remarcar, se efectuaron para realizar tareas puntuales, aunque  en otras, el objetivo fue buscar asesoramiento a más largo plazo, ante la presencia de causas judiciales más complejas.

La Argentina, desde el 2003 a la fecha, contrató a al menos 10 estudios legales de primera línea internacionales, y casi una docena de profesionales independientes del derecho en diversos países, que se sumaron al cuerpo de abogados del Estado, bajo responsabilidad de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la defensa de sus intereses.
Costo inicial abonado a Steptoe & Johnson LLP
La consejería legal en el extranjero resulta fundamental para afrontar demandas o realizarlas en jurisdicciones ajenas.  Algunos de estos juicios –como es el caso de los canjes de bonos tanto en el 2005 como en el 2010, por ejemplo- se iniciaron por incumplimiento de las condiciones autoimpuestas por la misma Argentina, quien cedió su “soberanía” y aceptó dirimir disputas en tribunales de terceros países. Otras cuestiones a defender en el exterior son las juicios puntuales o colectivos, como la supuesta violación de alguna patente, o litigios penales y económicos contra empresas.  Sea el caso que sea, el negocio para estos bufetes de abogados es muy lucrativo.

Al menos por lo que se refleja en los medios, la Argentina pareciera no ser un cliente sencillo. Pese a que es buen pagador, suele desafiar constantemente los fallos adversos en diversas cortes. El caso del "Pari Passu", con la larguísima disputa contra los holdouts (fondos buitre) en la ciudad de New York, es un ejemplo. Incluso luego de sufrir el bloqueo de cuentas y unas serie de medidas que restringen su capacidad de actuar en el mercado de capitales mundial, el gobierno argentino insistió en hacer una serie de presentaciones judiciales en los estrados neoyorquinos y de otros países donde se concentran bonistas extranjeros, para evitar cumplir con la sentencia contraria del juez Thomas Griesa y luego de la Corte Suprema de ese país.
Dictamen de la PTN que aprueba contrato de Remiche, Ferrant & Associes

La mayor parte de los analistas coincide en afirmar que esa causa está perdida para la Argentina, y tarde o temprano deberá pagar, a pesar de sus gestos de rebeldía.  Todo esto con el asesoramiento estudios de abogados, a los que se les paga para que sean “creativos” con presentaciones o respuestas judiciales en las cortes, que dilaten aún más la fecha de pago.

Por otro lado, muchos de los casos en los que está involucrado el país, terminan siendo “leading cases” que obligan a modificar condiciones previas, por ejemplo en contratos. El caso Pari Passu, de hecho, cambió la letra chica de los prospectos de emisión de deuda, fundamentalmente en lo que se considera el término “mayoría” para aceptar el canje de un bono soberano. Esas modificaciones, dicho sea de paso, son facturadas por los bufetes como parte de su asesoramiento a la Argentina.

Cada gesto de animadversión contra el tribunal norteamericano representa una oportunidad para que los estudios contratados aumenten su facturación, habida cuenta que sus honorarios se miden por el tiempo de dedicación a una causa y no a los resultados positivos o negativos que logran.
Dictamen de la PTN sobre Munari, Maniglio, Panfili Law Firm
El Gobierno, en general, no es muy amigo de publicar en el Boletín Oficial todas las contrataciones de estudios legales realizadas por sus diversas reparticiones que así lo precisen en el extranjero (como así tampoco los montos), por lo que identificar a cada uno de los asesores jurídicos en el mundo no resulta una tarea sencilla. La información, en algunos casos, surge a través de dictámenes realizados por la Procuración del Tesoro de la Nación, luego que se le pidió opinión a ese ente. En general, el que más cumple con este paso –históricamente- es el Ministerio de Economía.

La lista de empresas de abogados de los Estados Unidos que litigan o litigaron para el Estado desde el año 2003, es muy importante. Asesoran o asesoraron a la Argentina o entidades gubernamentales,  compañías del rubro como, por ejemplo, Dorsey & Whitney LLP; Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP;  Sullivan& Cromwell LLP; Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP; Chadbourne& Parke LLP, o  Tannenbaum, Helpern, Syracuse & Hirschtritt LLP.

Presupuesto del Estudio Munari, Maniglio Panfili Law Firm
En Europa, incluso, para defender intereses ante organismos internacionales, el país contó  en los últimos 12 años con los servicios de otros dos estudios norteamericanos: Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP y a  Steptoe & Johnson LLP.  Para resolver un caso de patentes con Monsanto ante el Tribunal de Justicia Europeo, en el 2009, resultó contratado al estudio belga, Remiche, Ferrant & Associés Sprl, mientras que la firma italiana Munari, Maniglio Panfili Law Firm se hizo cargo de la realización de informes frente a un embargo que realizó el Estado también desde ese año.

El estudio inglés Linklaters LLP, uno de los más grandes e importantes de ese país, fue contratado por la Argentina como asesor para el denominado “Canje 2010”. En el 2013, esa misma compañía fue contratada para defender a una serie de bonistas argentinos, que resultaron perjudicados por el fallo del juez Thomas Griesa.

Obsérvese que muchas de las contrataciones son resultado de la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de embestir contra el fallo del “juez casi municipal” Griesa. Esa estrategia fue una fuente de trabajo para decenas de empleados de los estudios de abogados extranjeros.


Estudios norteamericanos contratados por la Argentina

Costos legales relacionados con el Canje 2010, según dictamen de la PTN
Sin lugar a duda, el estudio legal más conocido por los argentinos es Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. Con gran presencia en los medios desde el 2003 (aunque trabaja con el país desde 1989), la compañía neoyorquina asesora al país en los diferentes litigios que actualmente se llevan adelante sobre bonos soberanos y la forma en el que país debería pagarlos, tras las decisiones de los tribunales norteamericanos. Según un artículo publicado en noviembre del 2014 por el matutino La Nación,  la Argentina le paga unos US$ 3 millones de dólares mensuales, el equivalente a unas 3 mil horas mensuales trabajadas por los abogados (a un costo de hasta US$ 1.300 la hora). Según ese mismo diario, la Argentina desde el 2003 y hasta fines del año pasado, llevaba pagados alrededor de US$ 400 millones.

Dictamen de la PTN donde se confirma contratación de estudio THSH
Como abogados de la Argentina, además, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP la asesoró legalmente en los canjes de deuda del 2005 y 2010. Por este último caso, según el dictamen 65/2010 de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, se le reconoció trabajos en el 2009 para el armado de la estrategia por hasta US$ 720 mil dólares, más otros gastos. Cabe aclarar que esta cifra incluye también el pago a una entidad legal argentina asociada a la causa (Estudio Cárdenas, Di Cio, Romero, Tarsitano & Lucero).

En Agosto del 2014, y tal como reveló en exclusiva este blog en abril del 2015, el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, decidió contratar un segundo estudio legal en los Estados Unidos: Se trata del estudio Tannenbaum Helpern Syracuse & Hirschtritt LLP (THSH), quien se encargará de buscar estrategias que garanticen a aquellos bonistas que accedieron tanto a los canjes del año 2005 como del 2010 (y que se encuentren en los Estados Unidos) cobrar los montos actualmente bloqueados por los fallos del juez Thomas Griesa. “Necesitábamos una segunda opinión sobre este y otros temas, y que se aboquen a otras causas", dijo el ministro para justificar la contratación de THSH por unos US$ 35 mil dólares iniciales.

Algunas de las contratación de Sullivan & Cromwell LLP
Desde septiembre del 2008 hasta noviembre del 2014, según un relevamiento realizado en el Boletín Oficial por (Eliminando Variables), el bufete Sullivan & Cromwell LLP, principal asesor legal del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en tribunales norteamericanos, le facturó un total de $36.680.666,92. La cifra, si se a valor dólar oficial toma año por año desde el 2008,  equivale a unos US$ 7.600.000. A esta cifra, sin embargo, habría que sumarle el asesoramiento que también recibió el BCRA del estudio Cleary, Gotllieb, Steen& Hamilton, al que desde agosto del 2008 hasta junio del 2013 tuvo que abonarle $2.039.853,34, o unos US$ 513.800 dólares, tomando cotización del billete en cada uno de esos años.

Última contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP por parte del BCRA
El Banco de la Nación Argentina, a su vez, cuenta con el asesoramiento del estudio Dorsey & Whitney LLP, aunque no se sabe con exactitud cuál es el monto que la entidad paga anualmente por los servicios legales.  Algo similar sucede con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien es aconsejado desde hace varios años en los estrados norteamericanos por Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom LLP.

Además, desde la nacionalización de YPF SA, para la emisión de series importante de bonos, como así también de otros aspectos judiciales, la petrolera con mayoría estatal utilizó los servicios del bufete Chadbourne & Parke LLP.

Dictamen de la PTN sobre contratación de un abogado uruguayo
En octubre del 2012, el Ministerio de Relaciones y Culto contrató a Steptoe & Johnson LLP para que desempeñe tareas legales ante la Organización Mundial del Comercio.  La cartera dirigida por Héctor Timerman, desembolsó US$ 602.190 de anticipo ante el estudio. Según ese contrato, rubricado por la decisión administrativa 963/2012 –firmada tanto por el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abel Medina, como por el actual canciller-, valuaba las horas trabajadas  por los miembros de Steptoe & Johnson LLP de la siguiente manera:  “Los pagos se realizarán sobre la base de servicios trabajados de acuerdo a las siguientes tarifas horarias: (i) socios entre USD 1300 y USD 1000, (ii) directores entre USD 900 y USD 800, (iii) asociados entre USD 750 y USD 400, (iv) auxiliares entre USD 350 y 400 (v) asistente de proyectos entre USD 200 y USD 170. Pasado un año, para el caso que una de las partes considere que las tarifas pactadas no reflejan los precios de mercado podrá solicitar a la otra la renegociación de las tarifas horarias. Dicha renegociación tomará como referencia para la variación de los costos de los servicios el Indice de Precios Consumidor “U” para servicios jurídicos de los Estados Unidos de América” (Sic).

A la vez, durante los primeros años del Kirchnerismo, frente al CIADI, se decidió contratar al estudio norteamericano Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP.  Posteriormente, de los casos se ocupó la misma Procuración del Tesoro de la Nación.


Contratación de especialistas

Muchos de los casos que se dirimen en tribunales internacionales, a veces, precisan de especialistas individuales en la materia, y que no son parte de grandes estudios legales. Aunque seguramente deben ser muchos más, (Eliminando Variables) pudo recopilar cinco casos concretos de este tipo de servicios.
Datos y costos del abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte, según la PTN

El 05 de septiembre del 2014,  mediante el dictamen 174/2014 de la Procuración del Tesoro de la Nación, se autorizó al Ministerio de Economía la contratación hasta el final del proceso de un abogado matriculado uruguayo para que se encargue del tema del arbitraje internacional entre el Banco de Seguros del Estado uruguayo, y el Instituto Nacional de Reaseguros de la Argentina. Según el texto, quien resultó contratado fue el abogado especializado  en derecho internacional Gonzalo Lorenzo Idiarte, quien cotizó unos 14.500 dólares, más IVA. Lorenzo Idiarte, de hecho, fue sugerido –de acuerdo con el dictamen- por “recomendación” de la Embajada y el Consulado Argentino en Montevideo.

Pero pareciera que existe algún problema con la contratación o bien el abogado Gonzalo Lorenzo Idiarte precisa de ayuda complementaria. De otra forma, no se explica que el mismo Ministerio de Economía haya decidido en mediante, en marzo de esta año, realizar la contratación directa por especialidad N° 22/2015, expediente  S01: 0017459/2015, en donde se solicitaba un “abogado” que defienda los intereses del Estado Nacional en el mismo caso por el que meses atrás había sido contratado Lorenzo Idiarte.

Contratación directa por especialidad 22-2015, de otro abogado uruguayo
Hacia fines del 2012, durante las exposiciones y posterior fallo favorable en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, en el caso de la retención ilegal de la Fragata Libertad en Ghana, el país contrató por montos no determinados a los abogados especialistas Gerhard Hafner, Mamadou Hébié y Gregor Novak como asesores legales para la resolución del conflicto. Aquí vale aclarar que la defensa primaria del país la realizó la embajadora Susana Ruíz Cerutti, su ahijado y funcionario Federico Holger Martinsen, y al también especialista Horacio Adolfo Basabe. Incluso, para la resolución del caso, se sumó a Marcelo Kohen, un abogado rosarino con amplia experiencia y pergaminos en temas legales internacionales, y que había tenido presencia en la disputa con la República Oriental del Uruguay por la instalación de empresas pasteras en el río homónimo en las etapas tempranas del kirchnerismo.

El fallo final por este caso en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ocurrido en abril del 2010 y que fue contrario a los intereses de la Argentina, también estuvo liderado por Cerutti y Basabe (Holger Martinesen también participó como asesor científico), y se contrataron como asesores –sin conocerse aún el monto- a los abogados Alain Pellet,  Philippe Sands y Lawrence Boisson, entre varios especialistas internacionales que incluían desde ingenieros ambientales, hasta profesionales y consultores independientes en hidrología.

Abogados contratados en la disputa por la Fragata Libertad en Ghana
En el caso de embargo contra Ansaldo Energía SpA, durante los años 2005 al 2008, la Argentina decidió inicialmente consultar al abogado Tommaso Di Nitto, quien solicitó para realizar inicialmente diversos trámites ante la Corte de Apelaciones de Génova, por unos 40 mil euros, más un porcentaje de gastos generales por cada una de las etapas de asistencia legal (el 12.5 por ciento). En rigor, Di Nitto –según relata el dictamen 199/2010 de la Procuración del Tesoro de la Nación- solicitó el pago por anticipado del 50 por ciento de ese monto. Se desconoce si efectivamente se hizo el pago a Di Nitto o si este prestó servicios a la República Argentina, pero desde el 2009, por recomendación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (quien no pudo ocuparse del caso por incompatibilidad), se recomendó a la firma Munari, Maniglio, Panfili Law Firm. Este bufete, cotizó 57 mil euros para realizar trámites relacionados con el proceso, más el cobro de un “success fee“ del 1.3 por ciento del monto total secuestrado.

Más atrás en el tiempo, en el 2004, Néstor Kirchner y el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz, decidieron contratar al suizo Paolo Bernasconi con el fin de restituir al Estado unos 7 millones de dólares de cuentas ocultas que tenían en el país helvético el ex presidente Carlos Menem y su secertario privado, Ramón Hernández. El caso fue desestimado porque en el Código Penal suizo no existía la figura de enriquecimiento ilícito u omisión mailiciosa (ambas redimibles con mulas), y la magistrada interviniente no pudo comprobar un nexo del dinero con la causa por el atentado terrorista de la AMIA. El dinero cobrado por Bernasconi tampoco trascendió.

Consultas realizadas con abogado italiano Di Nitto, sin concretizar

Al hacer una suma del costo implicados en los litigios internacionales que enfrenta la Argentina, surgen cifras varias veces millonarias en dólares y los resultados no son del todo alentadores considerando que el país se encuentra en default, su acceso al mercado de capitales está restringido y los aviones y barcos del gobierno deben estudiar el mapa judicial antes de emprender una gira por el mundo.

Aunque el estado argentino no publica las cifras oficiales de lo que gasta en sostener a sus abogados extranjeros, sólo a partir de los documentos es posible dcir que la actitud de rebeldía ante los tribunales extranjeros y la decisión de fijar la sede de litigio para controversias surgidas de la emision de  los bonos argentinos en otros países, representa una oportunidad de negocios para los buffettes que contrató en el exterior.

Ni hablar de lo mucho que crece la facturacion de los empleados de los buffettes extranjeros por la estrategia de estirar los tiempos de resolucion de los conflictos y acomodarlos a los tiempos de la politica interna. Por cada día que pasa, esos abogados emiten nuevas facturas porque, como bien se sabe, los buenos juicios llevan mas tiempo que los malos arreglos. 

Una aclaración final: Ninguno de los estudios de abogados cobra en pesos argentinos. 

En Twitter: @EliminandoV

44 comentarios:

  1. Muy interesante recopilación muchachos. Miren el quilombo que provocó el default del 2001. ¡Y la que nos dejarán estos tipos!

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    1. Gracias, esperamos que esta información ayude a entender en qué estado estamos en el frente financiero externo

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  2. El Central gastó 38 palos en abogados en el extranjero? Guau! Y acá cuánto ´habrán gastado?

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    1. Cuando sepamos el total, vamos a llevarnos varios millones de sorpresas

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  3. No veo nada de malo en que el país o sus instituciones se defiendan. Tufillo a mala leche de parte de ustedes claramente. O prefieren que los buitres se lleven todo, como seguramente harán con Mugricio?

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    1. El problema es que TODOS estamos pagando EN DÓLARES a estudios de abogados extranjeros para que defiendan al país de las cagadas que se mandaron los K durante doce años. En cuanto a los buitres: hay más en el gobierno nac&pop que en el exterior, "Anónimo".

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    2. El cepo es una sensación para los abogados extranjeros

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  4. A este país lo tocás y sale pus no creo que a nadie le deba sorprender que se contraten tantos abogados y estudios carísimos para defender las truchadas de nuestros políticos. En definitiva, un asco

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  5. Lo del abogado uruguayo es medio un despropósito. O es que necesitan otro abogado para ese caso? Gran nota y felicitaciones

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    1. Muchas gracias. Por ahí es una promoción 2x1 en abogados importados

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  6. un festival! No, pero vamos bárbaro

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    1. Vamos directo al icberg y el capitán está tratando de convencer a los pasajeros que su hijo es el mejor para tomar el mando del buque.

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  7. Me tienen los huevos hinchados de tanta mala onda y haciendo querer ver algo malo donde no lo hay, ratas inmundas

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    1. Probablemente se trate de una enfermedad venérea o una acumulación de intentos fallidos de procrear. En cualquiera de los casos, te recomendamos visitar un especialista. Si tenés alguna dificultad para movlizarte, tenemos una carretilla para que acomodes tus problemas. Saludos.

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    2. Disculpame pero tenes una fijacion sexual masoquista/fetichista con este blog. Ojo, con un buen analisis podes lograr dejar de leer estas notas y buscarte una novia. Saludos

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    3. Carcassone busca novia hace años, lo que pasa es que se le esconden todo el tiempo

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  8. "En octubre del 2012, el Ministerio de Relaciones y Culto contrató a Steptoe & Johnson LLP para que desempeñe tareas legales ante la Organización Mundial del Comercio. La cartera dirigida por Héctor Timerman, desembolsó US$ 602.190 de anticipo ante el estudio. Según ese contrato, rubricado por la decisión administrativa 963/2012"... Pregunto, los diputados, senadores de la oposición revisan estas cosas o les chupa un huevo?

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    1. En este momento están preparandose para debatir el proyecto para prohibir los comentarios en los foros. Supongo que estos temas no resultan interesantes para todos.

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  9. Lo suyo es el parripollo. Otra vez se los digo. No escriban nada más, ¡por favor! Es un espanto, desagradable a los ojos y al buen gusto

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    1. Mi tía Clota tenía un vecino que tenía la costumbre de sentarse en la puerta de su casa y criticar todo el día a los que iban o venían del laburo. Nunca supo el nombre. Un día, dejó de sentarse en la vereda y no se lo vio. más Nadie lo extrañó. No nos molesta que te sientes en nuestro blog a criticarnos.

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    2. Si fueras un buen periodista, averiguarías qué le pasó al vecino de tu Tia Clota. Pero como no te da, te recomiendo el maxikiosco.

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    3. La tía Clota murió hace unos años muy viejita. Estás mas cerca que yo, por cuestiones vinculadas a la edad y al Corega, de poder preguntarle vos cuando la veas.

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    4. Una pregunta anónimo gracioso: Si todo esto es un espanto y esto lo otro ¿por qué seguís entrando a comentar?

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  10. Si los abogados logran evitar que desembolsemos cifras siderales en los juicios que están dando vueltas, los honorarios serían una inversión razonable, porque estamos hablando del patrimonio de nuestro país. El tema es la negligencia por la que numerosos casos terminaron en cortes de todas partes, cuando temas como el de los buitres podrían haber sido previstos y trabajado para resolverlos, antes de que terminaran en juicios.

    Aparte, me parece que debería existir más información oficial sobre cada estudio que se contrata, para que sea posible evaluar sus respectivos antecedentes. Pero bueno, la lógica prima poco en este país.

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  11. Muy buena investigación. Me encantaría saber en realidad cuánto le pagamos a todos estos estudios versus los resultados obtenidos. Ese sería un buen parámetro

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    1. Por decisión del gobierno, los montos pareceieran ser un secreto de estado

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  13. Hay un par de estudios que no los tenía. Se sabe cuánto cobra el Anses por ejemplo? Una idea aproximada?

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    1. El estado no publica los montos, pero estamos detrás de las cifras.

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  14. Che, por qué no consultan a los diferentes ministrerios. Periodismo raro el de ustedes

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    1. Todavía nos deben la cifra de pobreza, gracias por preocuparte

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  15. Y? Cual es la noticia garcas?

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    1. Que en Puerto Madryn subio un 0,324 % el precio de la papa pelada a granel, por supuesto

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  16. El Cuerpo de Abogados del Estado, que depende de la PTN, que ademàs tiene la consiguiente Escuela de Abogados del Estado, a què se dedica? En què los forman? Y los servicios jurìdicos de los diversos ministerios nacionales què funciones desempeñan?

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    1. Sucede que necesitan representantes con matrícula local en cada lugar en donde hay litigio. Que lamentablemente se multiplican cada día.

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    2. Por eso pregunto, Nacho. Gastan dinero público en formar abogados que representarán al Estado pero no pueden matricularse en otros países? Cancillería no tiene profesionales de carrera capaces de eso? Conozco abogados del Estado que pasan su vida laboral de seminario en seminario. A nadie se le ocurrió armar un equipo de expertos con la formación y matriculación debida para encargarse de estos temas? Es un hermoso curro todo. La PTN a la cabeza.

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    3. En principio necesitan siempre un representante local. Pero, como observas bien, de contar con un equipo bien formado no sería necesario contratar a un estudio completo para diseñar la estrategia en el exterior. Captaste el fondo de la cuestión.

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  17. Que haya muchos abogados contratados, ¿muestra independencia de criterio de cada una de las reparticiones?. ¿O simplemente lo hacen para no cargar todos los costos a un sólo estudio?.

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    1. En ese caso cada repartición tiene que contratar servicios para cada caso específico. PEro, como se explica en el mensaje anterior, lo curioso es que no hayan desarrollado un equipo especializado en el país luego de invertir cantidades en viajes y viáticos de los empleados que contrataron en los doce años que pasaron.

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  18. Siempre sostuve que quienes se defienden con abogados de primera línea obtienen aquello que buscan; quienes cortan calles hacen piquetes o sabotean a otros no obtienen nada o solo migajas. Me parece buena la estrategia y cierta intencionalidad por parte de esta página web. Algo bueno debe haber. Y soy egresado de la Escuela de la Procuración.

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    1. No podemos estar en contra de defender los intereses del Estado en cualquier estrado. Sólo remarcamos la situación paradójica de anunciar una defensa que resulta en nuevos problemas que necesitan de mas presupuesto para ser resueltos, pero que crea problemas que necesitan de mayores presupuestos para ser resueltos, y así hasta el infinito. En cuanto a que la existencia de abogados de primera línea como parámetro de lo positivo, recuerdo decenas de casos de criminales que los usan y no por ello merecen mi respeto. Sí existe una intencionalidad en la nota, que es la de informar.

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  19. Discúlpame pero me podrias explicar esto

    "El pacto sellado, además, obligaba a los deudores Moreno y Gauna a devolver la suma de dinero entregada en un lapso de 6 meses, es decir para el 29 de marzo del 1994, con un interés anual del 12 por ciento, pagadero mensualmente los días 29 de cada mes.
    [...]

    Durante siete años, los deudores pagaron puntualmente, pero a mediados del año 2000, dejaron de cumplir con las obligaciones pactadas. "
    Como puede ser que se pague a término por 7 años un préstamo a 6 meses?
    Y cuanto es lo que falta devolver luego de pagar por 7 años?

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