jueves, 12 de noviembre de 2015

Curiosidades: Nexos, Mentiras y Videos

Por Ignacio Montes de Oca y José M. Stella

“Nosotros creemos en el pluralismo, lo que no creemos es en la derecha en el Gobierno, en el programa neoliberal, y en una banda de delincuentes que van a venir nuevamente a saquear a la Argentina.  ¿Y saben en qué pedazo de la Argentina nos quedamos?: en la de los perdedores, en los que vamos a ver cómo se roban de nuevo un país”.

jueves, 10 de septiembre de 2015

Curiosidades: Las pelotitas anti-estrés y los termos de Gils Carbó

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca


Carátula de la licitación pública 19-2014
Pocas cosas deben ser tan tediosas como trabajar escuchando conversaciones ajenas. Esperar que el usuario use su línea, filtrar charlas intrascendentes, y luego hacer informes que competirán con muchos otros, habida cuenta que -según la fiscal a cargo de esas escuchas, Cristina Caamaño-, se generan a diario 3.000 discos con intercepciones telefónicas.

Resultan, en definitiva, largas horas en las que probablemente los empleados la pasen cebando mate, escribiendo notas y acumulando el estrés propio de una ocupación monótona.

Será por eso que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó – jefa directa de Caamaño - parece obsesionada en adquirir y tener a disposición 1.000 termos marca “Lumilagro”,  2.000  pelotitas anti-estrés y 15 mil bolígrafos plásticos de tinta negra, todos los productos con el isologo del Ministerio Público Fiscal que dirige, como así también la impresión en ese merchandising del número “20”, que se corresponde con los festejos por los 20 años de la autonomía del organismo que dirige.


Ítems licitados en la licitación pública 19-2014
En rigor, todo surgió el 23 de diciembre del 2014, cuando a través de la Licitación Pública N° 19/2014, expediente N° 9426/2014, se solicitaba la “Adquisición de Merchandising del Ministerio Público Fiscal para el año 2015”. En esa licitación, a través de siete renglones, se solicitaban 10 mil bolsas ecológicas de friselina con manijas para colgar (40 cm x 35 cm +10 cm),  con isologos a tres colores; 1.000 termos Lumilagro de varios colores, con logo a 3 colores; 1.000 cuadernos tapa dura, de 96 horas con tapa e interior a full color, de 10 x 15 cm; 15 mil calendarios de escritorio anillados a full color, de 12 xm x 22 cm, de seis hojas de papel ilustración y base de cartulina; 15 mil calendarios de escritorios económicos, de 8 x 22 cm, impresión full color; 2.000 pelotitas anti-estrés, de material foam, color gris, con logo a tres colores en dos caras, y 15 mil bolígrafos de tinta negra color plateado mate, con logo del organismo y los festejos a tres colores.


Presupuesto asignado para la compra de cotillón por Gils Carbó
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Evaluación N° 6/2015, la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal había estimado el gasto total de esta licitación pública para compra de merchandising en $565.850.

Lo concreto es que la licitación 19/2014 fu adjudicada parcialmente: De los 7 renglones licitados, finalmente se adjudicaron 4, por un monto total de $303.500. Los ítems que fueron desestimados por superar los costos iniciales previstos por el organismo  fueron los 1.000 termos Lumilagro de varios colores, las 2 mil pelotitas foam anti-estrés y los 15 mil bolígrafos “plateado mate” de tinta negra.

El cotillón de Gils Carbó
Sin embargo, el 27 de agosto pasado, de acuerdo a documentos a los que accedió (Eliminando Variables),  se realizó la apertura de una nueva licitación para licitar estos ítems no adjudicados, esta vez privada –es decir, el organismo invitó a ciertas empresas de su agrado a cotizar-, bajo el Nro 11/2015, con el mismo número de expediente que la licitación pública 19/2014: Nro 9426/2014.

Se sabe que el presupuesto restante de la Dirección de Comunicación Institucional es de $262.350, de no existir algún incremento del mismo, ya que en el período desde que se abrió la licitación pública original a fines de enero del 2015 hasta fines de agosto pasado, hubo una importante suba de la inflación.


Detalles de la licitación pública 19/2014

Como se informó más arriba, el presupuesto de la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal para la adquisición de merchandising para el año 2015 fue de $565.850 pesos. Esa misma Dirección había realizado un presupuesto estimado con los costos de la licitación.  Vale aclarar que el dictamen se realizó 44 días después de la apertura de ofertas original, el 16 de marzo del 2015.

Costos previstos en la licitación 19-2014

Por ejemplo, para la compra de 10 mil bolsas ecológicas de friselina con manijas para colgar (40 x 35 +10 cm),  con isologos a tres colores, el organismo había previsto una erogación $59 mil, aunque finalmente se le adjudicó a la empresa Eventos Corporativos SA por un monto de $60.500, es decir, $1.500 arriba del valor estimado.

Para la compra de 1.000 termos Lumilagro  de 1 litro en varios colores, el costo de la repartición de Gils Carbó había previsto gastar $114 mil, pero el renglón resultó “fracasado” ya que las 4 firmas cotizantes pasaron un costo mayor al previsto.

A su vez, para la compra de 1.000 cuadernos de tapa dura, el Ministerio Público Fiscal había estimado un costo de $35.200, y fue adjudicado a la firma Tu Merchandising SRL en $38.820, lo que superó en $3.620 el presupuesto inicial.


Más costos previstos por la licitación 19-2014
En el caso del 4 renglón de la licitación (15 mil calendarios de escritorio anillados a full color, 12x22 cm,  de seis hojas de papel ilustración y base de cartulina) la cotización previa estimada había sido de $179.250. Sin embargo, la firma Comercialización y Producción Mayorista SRL pasó un presupuesto de $87.300, es decir, 91.950 pesos menos que el presupuesto estimado por Gils Carbó. Curioso que se haya tenido un presupuesto previo con tanto margen de error. No hace falta aquí decir que se le adjudicó a esta firma la confección de los calendarios.

Para el renglón 5, donde se solicitaban 15 mil calendarios económicos de 8 x 22 cm, full color,  se había también previsto un costo de $68.250. Sin embargo, la empresa Eventos Corporativos SA, que también se había quedado con el renglón 1 de la licitación pública 19/2014, cotizó $28.500, es decir, $39.750 menos que lo previsto, otro grosero cálculo de costos previo.

En el caso de las 2.000 pelotitas anti-estrés, de material foam, color gris, con logo a tres colores en dos caras, que estaba estipulado como el renglón 6, el costo previo estimado por la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal, trepaba a $32 mil.  Sin embargo, la adjudicación del ítem quedó fracasado, ya que las firmas cotizantes o bien no cumplieron legalmente con los pliegos, o cotizaron más de lo previsto. En igual sentido ocurrió con el intento de compra de 15 mil bolígrafos de tinta negra “plateado mate”, que había sido cotizado previamente en $78.150, y cuya adjudicación no se produjo.


Adjudicación de la licitación pública 19-2014
El 4 de mayo pasado, con la firma del contador Jorge Daniel Argüello, Director General a cargo de la Secretaría General de Administración de la Procuración General de la Nación, se firmó la resolución administrativa 1203/2015, adjudicando a las firmas previamente mencionadas cuatro de los siete renglones licitados, por un total de $303.500.


La licitación privada 11/2015

Pareciera, sin embargo, que Alejandra Gils Carbó está empecinada en adquirir a como de lugar los 1.000 termos de 1 litro Lumilagro, las 2 mil pelotitas anti-estrés y los 15 mil bolígrafos de tinta negra, con el isologo del Ministerio Público Fiscal.


Carátula de la licitación privada 11-2015
A tal fin, el jueves 27 de agosto del 2015, se realizó la apertura de la licitación privada 11/2015, con igual número de expediente que la licitación pública (9426/2014), con tres renglones que incorporaban los ítems antes descriptos, que habían quedado sin cotizar en la licitación pública 19/2014.

El presupuesto que cuenta la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal para adquirir estos productos es de $262.350. En teoría, ese dinero tendría que alcanzar para cubrir el costo de los termos, las pelotitas anti-estrés y los bolígrafos. Los costos estimados por Gils Carbó en enero para estos tres ítems, trepaba a 224.150, es decir, sobrarían sin incrementos presupuestarios $38.200 del previsto inicial. Esto medido sin la inflación que hubo en el período y contabilizando los groseros errores de cálculo presupuestarios de los calendarios adquiridos.

Es un momento extraño para festejar a todo trapo los 20 años de una oficina que está en el ojo de la tormenta política por el caso Nisman, las  denuncias de la ONG La Alameda por presunto espionaje y los cuestionamientos en general por la militancia de sus autoridades en la corriente oficialista Justicia Legítima. Más aun cuando se multiplican los casos de desnutrición, que tienen a una parte mayoritaria de la población en estado de sensibilidad frente a los gastos evitables.

Mientras tanto, en la oficina de escuchas judiciales, los empleados seguirán festejando los 20 años de la entidad tomando datos, mates y apretando las pelotitas anti estrés. De algún modo, hay que hacer valer más de medio millón de pesos de cotillón gastados por la procuradora.

En Twitter: @EliminandoV

domingo, 6 de septiembre de 2015

El enfermo de Echegaray: El caso Walker y el recaudador impasible

Por Ignacio Montes de Oca y José M. Stella

¿Quién es Juan Santiago Walker? ¿A quién le importa su nombre? ¿Sirve de algo saber que detrás de ese nombre se oculta la historia de 21 años de disputa contra la burocracia estatal, y una década de intentos estériles de despertar algún reflejo de sensibilidad en Ricardo Echegaray, el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos?  No la hubo. Juan Santiago Walker murió el sábado 5 de septiembre del 2015. La morfina que se le administraba para soportar el dolor de una enfermedad terminal, en conjunto con el destrato del gobierno y la Justicia, marcaron sus días finales.

Parte de la demanda del fallecido Walker contra la AFIP
Apelar hasta el infinito, desgastar al “contrincante” de turno, ignorar o desobedecer fallos parece ser casi una constante en muchas reparticiones públicas desde la llegada del Kirchnerismo.  Pese a que funcionarios se llenan la boca de ser respetuosos con la Ley y sus decisiones, como así también la de pagar juicios, la realidad es otra. Y hasta debió intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este asunto, por ejemplo en mayo del 2014, exhortando a un organismo como el ANSES a que se acaten las sentencias y se agilicen los procesos de pago a jubilados. El titular de ese ente, respondió que no se modificaría la actitud.  El ANSES, es uno de los tantos entes que tiene ese modus operandi.

La trampa

Juan Santiago Walker entró a trabajar en la Dirección General de Aduanas en 1978 con el legajo 18.100-5. En 1993 fue trasladado a la oficina de Paso de los Libres y al año siguiente fue dejado en la calle por medio de la Resolución 1040 del 28/4/94 firmada por Gustavo A. Parino, en ese entonces Administrador Nacional de Aduanas. Se usó como argumento para el despido con causa una investigación del inspector Rolando Mac Lean que acusaba a Walker y otros 14 empleados de cometer irregularidades en 168 permisos de exportación hacia Brasil. El reporte indicaba que “ (…) En lo concerniente al agente Walker, asesor del Administrador local en el área operativa – sector CO. TE.CAR. – no advirtió las irregularidades que se producían en dicho sector, que posibilitaron la concreción de la maniobra, no obstante sus funciones específicas…”.

Sin embargo, a raíz de esa irregularidad, se iniciaron dos causas judiciales que finalmente exoneraron a Walker de su culpa. En efecto, en los casos caratulados “Empresa Exportadoras-Importadores Krubia S.A. y otros s/Contrabando” (Expte. 1-11662/94), iniciada el 23 de marzo de 1995 y concluida en marzo de 1999, e “Ixemar y otros s/Contrabando calificado…” (Expte. 226/02) con fallo del 6 de abril de 2011, se concluyó que el agente aduanero fallecido ayer era inocente. Otro fallo de la Sala III de Casación avaló ese fallo el 18 de junio de 2012. El expediente 14.343 de Casación sobreseyó a Walker de toda responsabilidad luego de 19 años de estar procesado.

Con el tiempo, aquella remoción de los agentes aduaneros se mostró funcional a una serie de irregularidades que comenzaron a registrarse en ese paso aduanero y que cubrieron de sospecha el despido irregular de los empleados unos años antes.

En tanto duró el reclamo judicial, Walker tuvo que dedicarse a trabajar en puestos de la actividad privada que nada tenían que ver con su experiencia como agente aduanero y dar explicaciones sobre un proceso judicial por corrupción del que se sabía inocente. De acuerdo al relato de Walker ante la Justicia, fueron muchos años trabajando en puestos mal remunerados y sometido a la incertidumbre económica.

El 28 de abril de 2015, la justicia falló a favor de Juan Santiago Walker y ordenó que se le devolviera su puesto de trabajo en el Estado o se procediera a abonarle el dinero que se le adeudaba por haberlo despedido sin causa.

Astreintes que impuestos a Ricardo Echegaray hace unos meses
Armado con el fallo de la justicia, Walker pidió ser reincorporado a la Aduana con una nota dirigida a la Dirección de Asuntos Legales Administrativos el 25 de septiembre de 2012. Probada su inocencia, correspondía por ley que fuera repuesto en su cargo y le fueran pagados los sueldos desde el momento en que fuera echado injustamente, tal como lo había declarado la justicia en sucesivos fallos. El empleado a cargo de los asuntos legales de la aduana, Guillermo A. Sorrentino, rechazó el pedido de Walker calificándolo de “improcedente”. El 8 de julio de 2013 Walker volvió a reclamar su reintegro de a Marisa Virzi, titular de la Dirección de Personal de Aduanas. El resultado fue igual de inútil. En todo momento, los abogados de la AFIP rechazaban cada pedido argumentando que se trataba de un pedido “improcedente” o “perimido”, por considerar que ya había pasado mucho tiempo como para considerar válido el pedido de Walker.

El abogado de Walker, el Dr. Santiago Ruiz Rocha, decidió reforzar su pedido con un informe emitido por el Hospital Universitario Austral el 17 de marzo de 2015, en el que se demostraba que sufría una lesión en el cuerpo y cuello del páncreas compatible con cáncer y que su supervivencia estaba en serio riesgo. Lejos de conmoverse, los abogados de la AFIP rechazaron tal urgencia y se refirieron al cáncer de páncreas como una “grave enfermedad presuntamente acreditada por el demandante”.

Todo esto sucedía mientras los gastos provocados por el tratamiento médico se multiplicaban y Walker se veía impedido de generar ingresos por su evidente dificultad para trabajar. De allí que el éxito de su demanda era, para ese momento, mucho más urgente que un mero reclamo laboral o económico.

Y no se trataba de una demanda económica solamente; difícilmente un enfermo terminal que apenas podía resistir con la asistencia de la morfina, pudiera ser acusado de pretender dinero para viajar o darse otro lujo que el intentar llegar al otro día. Aún así, en los textos de los abogados de la AFIP y su director, se acusa sutilmente al demandante de tener pretensiones materiales exageradas.

Para darse una idea de lo que había dejado de percibir Walker por su cargo tras ser despedido sin causa, la liquidación de la demanda indica que tras 20 años de litigio en total se le adeudan $16.373.433,19 que corresponden a salarios, antigüedad, preaviso e indemnizaciones con su respectiva actualización por intereses por dos décadas de reclamo. Ahora bien, si se considera el costo de las dilaciones judiciales y el daño moral provocado por la decisión de afectar la vida de Walker en lugar de dar lugar a sus reclamos, el valor total de lo adeudado al ex agente escala a los 24.912.029,95 de acuerdo a la estimación de la demanda aprobada por la Justicia.

Ese valor representa un intangible difícil de estimar, si se considera que además de obligar a Walker a llevar un estilo de vida inferior provocado por una falsa imputación, se volvía más urgente porque los costos del tratamiento de su dolencia se incrementaban con el paso de cada día.

El abogado de Walker, en los escritos a favor de su defendido, presentó como argumento constante lo que consideraba una evidente afectación de los Derechos Humanos de Juan Santiago Walker, al privársele de la oportunidad de recibir aquello que consideraba justo y de limpiar su legajo, tal como lo indicaban las pruebas judiciales  a las que accedió (Eliminando Variables).

Ahora bien, aquella lesión de Walker fue al mismo tiempo una corroboración de su situación apremiante y un riesgo judicial. Si el demandante moría en el trámite, su esposa debería recibir 20 sueldos como compensación de parte de la repartición estatal, por lo que las postergaciones posteriores a la presentación del informe del Hospital Austral, eran una mera especulación de la AFIP para apostar a favor de un desenlace fatal antes que a un fallo definitorio. La diferencia era tan grande en contra de Walker, que su abogado, Ruiz Rocha, decidió apurar los tiempos judiciales con una serie de presentaciones para lograr una pronta respuesta judicial. En un pedido ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 25 reclamó que se le aplicara una multa tanto a la AFIP como a Ricardo Echegaray por entender que estaban dilatando una solución y que era suficiente que su cliente hubiera estado 7.665 días despedido, de los cuales 6.570 estuvo procesado siendo inocente.

La acción de la demanda tuvo su efecto. El 28 de mayo de 2015 el juzgado laboral N° 25 decidió aplicar la figura de “astreintes”. Ese procedimiento es utilizado para multar a las personas e instituciones que se niegan a obedecer un fallo judicial. Es lo que les sucedió, por ejemplo, a la funcionaria Cristina Caamaño, secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, obligada por el juez Luis Armella en 2009 a pagar $500 diarios de su sueldo por negarse a desalojar un asentamiento en la barrio porteño de Villa Soldati. Los astreintes, fueron también aplicados a 4 funcionarios del gobierno nacional que integran el ACUMAR (responsables de llevar adelante el saneamiento de la cuenca del Riachuelo- Matanza). En ese caso, el mismo juez les fijó una multa de $5000 diarios por incumplir con la tarea que se les había encomendado.

En el caso Walker, se invocó la figura de los “astreintes” para aplicar una multa aún más elevada que en el caso ACUMAR. El fallo del 28 de mayo ordenó descontar $5.000 diarios del sueldo de Ricardo Echegaray en tanto no cumpliera la orden de reincorporar al ex empelado de la Aduana de Paso de los Libres e impuso una multa diaria de igual monto a la AFIP hasta que ambos se avinieran a cumplir con la justica.

Apelación de abogados de la AFIP por el caso Walker
En otras palabras, Echegaray fue obligado a sufrir un descuento de $ 155.000 mensuales. Si se considera que por el Decreto 484/87 no se puede embargar más de un 20% del sueldo si supera el Salario Mínimo Vital y Móvil, es posible imaginar a cuánto asciende el salario del recaudador de impuestos. Sumando lo que debían pagar Echegaray y la AFIP, la tozudez para aceptar un fallo que les resultó desfavorable demandaban $ 10.000 cada 24 horas, mitad de la cual era pagada con dinero de los contribuyentes.

Con mi sueldo, no

El embargo de su sueldo tuvo un efecto inesperado en Echegaray al provocar por primera vez en mucho tiempo una reacción diferente de la oficina de impuestos ante el caso Walker. Luego de años de apelar sin éxito, de insistir en la legalidad del despido de su ex empleado y de presentar medidas cautelares que fueron desechadas, decidieron ponerle un punto final que desnudó por completo su burla por la situación terminal de Walker.

El 19 de junio de este año firmó la Resolución 271/ 15 que ordenó reincorporar a Juan Walker en su cargo y reconocerle la categoría A7 que le correspondía según el trámite judicial.

Y el acto final de Echegaray fue típico de lo peor de la viveza criolla. El hombre que lucha para desarticular las trampas de los contribuyentes a la hora de no pagar sus obligaciones tributarias, sacó un as de la manga que hizo que superara al más audaz de todos los evasores: luego de aprobar la resolución para regresar a Walker, firmó otra más para despedirlo. Y para echarlo nuevamente invocó aquella medida disciplinaria que lo había dejado cesante en 1994, reponiendo toda la carga acusatoria contra quien ya había sido exonerado de toda culpa por la justicia. Fue un acto de prestidigitación judicial que le privó a Walker de toda posibilidad de su reivindicación por aquella falla que nunca cometió y de cobrar la totalidad de lo que había reclamado durante 21 años.

Al haber repuesto a Walker en su cargo, Echegaray cumplió con la Justicia y evitó el embargo sobre su sueldo. Fue una jugada calculada además para evitar que se siguiera afirmando que incumplía los fallos judiciales y, al mismo tiempo, privar a Walker de una parte sustancial de su indemnización, ya que la demanda por despido sin causa pasaría ahora a correr a partir del más reciente despido.

Y así, con un artilugio legal, el equipo de abogados de la AFIP apostó a ganador al saber que el tiempo corría en contra de Walker y que su muerte inminente provocaría un ahorro importante en la indemnización y las costas que debía pagar.

Como si todo esto no fuera suficiente para hacer más tristes los días finales de Walker, la agencia presentó una apelación para que revisara el caso a la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en donde, entre otros jueces, presta servicio desde enero de 2011 Graciela Lucía Craig, madre de Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas Argentinas. Ese cuerpo, aun luego de ser notificado del estado terminal de Walker, tardó dos meses en dar un dictamen y cuando lo hizo emitió una opinión de cuatro carillas basada en la opinión del Fiscal General, en lugar de elaborar uno propio.

El fallo a favor de Echegaray y la AFIP de la Sala 6 llegó el viernes 4 de septiembre de 2015 y dejó al demandante con el único recurso de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. No hubo tiempo, Santiago Walker murió al día siguiente y con él la posibilidad de continuar adelante con la lucha judicial. Esa fue la extremaunción que le dieron la justicia y los abogados de la AFIP. Así, de la forma más dura y cruel, termina esta historia sobre el enfermo de Echegaray.

En Twitter: @EliminandoV

domingo, 30 de agosto de 2015

Las inquietantes semejanzas entre la Década Infame y la Década Ganada

Por Luciana Sabina e Ignacio Montes de Oca 

 
Diario La Vanguardia
del 16 de noviembre de 1931
En su afán de “robar” la elección, sumaron en algunos casos todos los sobres enviados por la Junta Electoral, poniendo dentro otras tantas boletas oficiales. Pero los sobres se envían siempre con exceso, y ha sido tanta la torpeza de los presidentes de mesa a favor del gobierno que luego de meter 500 votos en la urna, recién leyeron que en la mesa sólo votaban 260 o 280. Lo que parece una crónica de las últimas elecciones en Tucumán o de cualquiera de las provincias feudales de la Argentina, es en realidad un fragmento del diario La Vanguardia del 16 de noviembre de 1931, cuando el “Fraude Patriótico” comenzó a ponerse en marcha y por más de una década anuló toda posibilidad para que las mayorías eligieran democráticamente a sus representantes. 

El fraude, sus excusas y sus cómplices
En la madrugada del 6 de septiembre un golpe militar le dio fin al ya decadente gobierno del radical Hipólito Yrigoyen. La rebelión reunió a personajes tan diversos como al admirador del nazismo Manuel Fresco, al periodista socialista Natalio Botana y al joven militar Juan Domingo Perón. Ese día, el general José Uriburu entró a codazos en la historia como el primer presidente de facto de la historia argentina.  

El golpe dio fin a una secuencia de crisis política que había comenzado cuando Argentina fue alcanzada por el crack financiero de 1929. Por entonces el presidente radical comenzó a perder apoyo a causa de sus yerros políticos, a los que sumó una falta de reacción para salvaguardar al país de la grave situación económica global.  

El descontento de una gran parte de la sociedad hacia el gobierno pudo verificarse en la ausencia casi absoluta de movilizaciones a su favor y en el numeroso grupo de ciudadanos que se acercó a la Casa Rosada a apoyar el golpe en ciernes. Al llegar a casa de gobierno, las tropas enviadas por Uriburu encontraron a numerosos manifestantes saqueando todo y tuvieron que esperar la retirada de estos para ocuparla. Ese era el nivel de furia reinante.  
Diario Crítica
del 7 de septiembre de 1930
Estas milicias, entre las que se encontraba el futuro fundador del PJ, intervinieron finalmente ante los desmanes del “populacho ensoberbecido” que tomó por asalto la Casa Rosada, según las propias palabras de Perón. El mismo, actuó de centinela evitando la salida y entrada de cualquiera al inmueble. Recuerdo un episodio gracioso -señaló un nostálgico Perón en referencia al golpe- que me ocurrió en una de las puertas. Un ciudadano salía gritando ¡Viva la revolución! y llevaba una bandera argentina arrollada debajo del brazo. Lo detuve en la puerta (...) Se la quité y el hombre desapareció entre aquel maremágnum de personas. Dentro de la bandera había una máquina de escribir”. 

Como sucedió en el 2001, la sensación de incapacidad presidencial y la complicada situación económica alentaron -y luego justificaron- la expulsión del presidente constitucional. Y fue ese estado de excepcionalidad el que sirvió de excusa para alentar una salida fraudulenta y hacer pedazos al sistema electoral. 

En lugar de resolver las causas de la crisis, Uriburu erigió un gobierno tan autoritario como violento. Es que el general no era precisamente un hombre de convicciones democráticas. Para asomarse a sus ideas, basta recordar un discurso que pronunció en la Escuela Superior de Guerra: “La democracia la definió Aristóteles diciendo que era el gobierno de los más ejercitados por los mejores. La dificultad está justamente en hacer que lo ejerciten los mejores. Eso es difícil que sucede en todo país que, como en el nuestro, hay un sesenta por ciento de analfabetos, de lo que resulta claro y evidente, sin tergiversación posible, que ese sesenta por ciento de analfabetos es el que gobierna al país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría”.

El general José F. Uriburu
Detrás del golpe, se alineaban conservadores y nacionalistas que despreciaban de forma similar el sistema de elección representativa y la capacidad de la masa para elegir a sus representantes. En consecuencia, tras la caída de Uriburu en 1932, construyeron un poder monolítico fundamentado en la cooptación masiva de votantes y la proscripción política.  

Más allá de la turba que asaltó la Casa Rosada el día del golpe, el nuevo gobierno no contaba con un apoyo popular que pudiera hacerle sombra a los partidos políticos en nuevo turno electoral. Esa debilidad de origen tuvo consecuencias en la década siguiente. ¿Cómo planificar una estrategia política a largo plazo, si eventualmente serían desalojados por otros grupos? La respuesta estaba en una democracia ficticia basada en un nuevo sistema electoral que los favorecía y obturaba el regreso de sus adversarios.  
Agustín P. Justo

A partir de esa inmadurez cívica que observaban en el pueblo, los intelectuales detrás del golpe comenzaron a hablar del “fraude patriótico”, señalando a la masa como incapaz de elegir representantes adecuados. Esta construcción teórica justificaba el fraude en la necesidad de salvar a la Argentina de su decadencia y al mismo tiempo alertaba sobre la absoluta impericia de las fuerzas adversarias para hacerse cargo de los destinos del país. Cualquier semejanza con el presente, corre por cuenta del lector.  


El general Agustín P Justo fue el primero que alcanzó el poder a través de comicios arreglados. Las elecciones que lo llevaron a la presidencia estuvieron plagadas de clausuras de locales políticos, presiones policiales y secuestros de libretas, que conocemos gracias a las denuncias realizadas. Las mayores irregularidades se registraron en Mendoza y los partidos bonaerenses de Merlo, Chivilcoy, Morón, Haedo, Luján y Zárate. El gobierno desacreditó las denuncias, negándolas rotundamente ante la prensa. Como en el presente, cada vez que un opositor presentaba pruebas de irregularidades, el gobierno conservador las relativizaba y acusaba a los denunciantes de no aceptar el resultado de las urnas.  
Revista Caras y Caretas (1938)

El 20 de febrero de 1938, mientras por Buenos Aires todavía corría la noticia del suicidio de Lugones ocurrido dos días antes, asumió la presidencia el conservador Roberto Ortiz. Los comicios que lo llevaron al poder y los que se realizaron bajo su gobierno repitieron la misma secuencia de violencia sobre los opositores y el llenado de urnas de antemano. Incluso, con Ortiz las prácticas antidemocráticas se intensificaron: en Mendoza, se borró a numerosos opositores de los padrones, y en Entre Ríos y Corrientes, provincias en las que la justicia electoral instalada en el Correo, se contabilizaron más votos que sufragantes 

Todas estas maniobras, presentes en cada rincón de la Argentina, fueron posibles gracias a un sistema caudillista que se replicaba en cada provincia, ciudad y barrio. Sin estos hombres fuertes de inspiración feudal y pocas diferencias con el actual puntero político, la Década Infame nunca hubiera sido posible. 


Las tácticas fraudulentas  

En la Década Infame, como hoy, la violencia no fue ajena al fraude. En 1938, la revista Caras y Caretas describe con cierta dosis de cinismo el mecanismo de las patotas A los fiscales vejaron y no los reconocieron: secuestrados los tuvieron cuando no los expulsaron, Fue un acto tan ilegal, que hizo exclamar a un jurista: Ha habido voto a la vista, pero no vista al fiscal. Es que en esos días -y a la vista de los policías enviados a vigilar los comicios-, las patotas conservadoras capturaban a los fiscales de partidos opuestos para controlar los comicios, liberándolos una vez consumado el fraude.  

Incidentes en un centro de votación
de la localidad tucumana de San Pablo. 
En el presente, la fiscalización es tercerizada a través de la violencia con barras bravas o “gente de acción” que responden al puntero local. Recordemos lo sucedido en una escuela de la localidad de San Pablo (
Tucumán). Durante los pasados comicios, un grupo de 400 militantes -que según los reportes de prensa respondían a los candidatos oficialistas José Carmona y Daniel Castro- irrumpieron en la sede de votación, retuvieron a los fiscales bajo amenaza y se robaron las urnas para luego quemarlas. La violencia electoral -característica de la Década Infame-, se materializó nuevamente, esta vez de la mano de los militantes del oficialismo tucumano e incluso de algunos partidarios de la oposición. 

Captura de pantalla de la madrugada
de las últimas elecciones tucumanas
Otro mecanismo fraudulento al que se apeló en diversas épocas es la emisión de “votos cadena”, cuyas primeras prácticas remiten precisamente a la Década Infame. El sistema consiste en entregar previamente un sobre a un elector con un voto dentro. Una vez en el cuarto oscuro, el votante guarda el sobre firmado por las autoridades de mesa y deposita el sobre que le fue entregado por el puntero político con anterioridad. Luego, vuelve a encontrarse con el puntero, que entonces le entrega el sobre al siguiente votante para que reinicie la cadena. De este modo, el puntero político se asegura que el votante no cambie de opinión dentro del cuarto oscuro. 

Y si el ingenio no era suficiente, la estafa electoral se mudaba al centro de conteo. Crónicas de entonces describen el despliegue de tropas en torno a las oficinas del Correo Nacional, donde las autoridades electorales alteraban las cifras antes de dar un resultado final. Y todo esto se hacía fuera de la vista de fiscalizadores de partidos opositores, que eran incapaces de sortear el cerco armado que se les tendía en torno al sitio donde se realizaba el escrutinio final. En aquella época el nombre “Indra” era aún desconocido fuera de los que estudiaban la mitología hindú y no existían las redes sociales que dieran cuenta de las alteraciones que reflejaban los conteos online de votos, como el que en la noche del comicio le dio a un candidato oficialista el 236,94 por ciento de los votos y a su adversario el 194,78 por ciento 


Fraude, violencia y caudillos
Es posible revelar el modo en que se instaló el fraude analizando el accionar de los caudillos que lo posibilitaron. Uno de los más célebres de la Década Infame fue Alberto Barceló, senador e intendente de la localidad bonaerense de Avellaneda. El poderío político de Barceló fue construido a través de favores y concesiones. Su despacho, situado en una mansión de la que era propietario -en la calle Pavón. Frente a la plaza central de Avellaneda-, era visitado a diario por gente que acudía en busca de trabajo, alimentos o dinero.

Barceló era generoso y otorgaba las dádivas, que eran anotadas cuidadosamente en diversos registros que utilizaba posteriormente para reclamar una contraprestación a cargo. Usualmente pedía que votaran a alguno de los pre-candidatos conservadores o que asistieran a actos partidarios. La fuente de recursos de Barceló eran precisamente esos políticos que, a cambio de los votos, donaban comida, dinero o colocaban a los recomendados del caudillo en un cargo público.



Esta práctica es anterior a la Década Infame. Venía siendo denunciada por los opositores de Hipólito Yrigoyen, que lo acusaban de engrosar su caudal electoral a costa de la contratación de empleados públicos. Pero durante el “fraude patriótico” el mecanismo se volvió tan masivo como impúdico. Los caudillos conservadores establecieron centros políticos en todo el país para atender los pedidos de los ciudadanos, que debían entregar sus libretas de enrolamiento a cambio de recibir favores. En la mayoría de los casos, estas dádivas fueron recursos estatales repartidos discrecionalmente. 

Actualmente, el otorgar cargos en el Estado para asegurar el caudal de votantes cautivos, es una tradición tan extendida que ya forma parte de la normalidad electoral argentina. Incluso, en las provincias del norte argentino, el empleo público forma un porcentaje del  54 por ciento del trabajo en blanco -con picos del 89 por ciento en Catamarca, el 69 por ciento en Jujuy, el 66 por ciento en Formosa -, al tiempo que existe una correlación directa entre ese porcentaje y el piso de apoyo que obtiene el caudillo del lugar en cada elección. 


Bolsones de comida repartidos en Santiago del Estero
Y para los sectores más humildes, las dádivas llegan aún hoy en forma de donaciones y planes sociales que se multiplican en época electoral. Donde antes estaban los comités para repartir dinero y comida, hoy encontramos oficinas estatales que reparten recursos a 12.557.000 beneficiarios de planes sociales. Para otorgarlos, se utilizan criterios poco relacionados con la universalidad, pero si con la estrategia de premios y castigos a los sectores más vulnerables de la población. Sólo para citar un ejemplo de esa discrecionalidad, basta con observar la ausencia de asistencia a los grupos Qom en Formosa cuando se oponen a las políticas del gobernador Gildo Insfrán. O, si se prefiere, a las denuncias de los grupos que responden a los partidos de izquierda que suelen recibir proporciones mucho menores de asistencia estatal que los que llegan a los grupos vinculados a los “barones” del oficialismo.  

Ese asistencialismo, hoy y ayer, se acelera en forma de donaciones durante las semanas previas a los comicios. En Santa Cruz, el periodismo fotografió camiones cargados de colchones y comida enviados por el gobierno nacional pocos días antes de las elecciones para respaldar a los candidatos de su partido, que incluyeron al hijo de la presidente Cristina Kirchner. En Santiago del Estero, se documentó el envío de paquetes de comida con boletas del oficialismo adosadas a los productos. En otras provincias como Chaco, Formosa, Buenos Aires o Jujuy, además de las dádivas, se enviaron mensajes amenazando a los votantes con quitarles los subsidios sociales o se exhibieron carteles prometiendo represalias en caso de que ganaran los candidatos opositores.  

La dimensión escandalosa de los recursos entregados a cambio de votos llevó al obispo de La Rioja, Marcelo Colombo, a amonestar públicamente -el 11 de noviembre de 2013- al gobernador Luis Beder Herrera por llevarlas adelante. Lejos de desmentir la compra de votos, el gobernador riojano pidió disculpas ante los medios, prometió al obispo que “no volvería a pasar” y que ya no se presentaría a elecciones en el futuro. Otros gobernadores, en lugar de ponerse en penitencia, recargaron sus transportes con alimentos, colchones y chapas; salieron a la caza de votos entre los sectores humildes.  


Es que el par “dádiva - coerción” forma parte de la misma mecánica que fundamenta la persistencia del chantaje electoral. Volviendo a la Avellaneda de los años 30’, Barceló contaba con recursos mucho menos altruistas. Bajo su protección, el partido se convirtió en centro de un rentable negocio de trata de blancas y la contratación de criminales que actuaban como brazo armado de los políticos conservadores. El trato con los delincuentes era tan sencillo como eficiente. Merced a sus contactos con los jueces, policías y funcionarios, Barceló lograba que los criminales obtuvieran la libertad e, incluso, el borrado de sus antecedentes a cambio de servir en sus filas. 



El gobernador José Alperovich y Rubén Alé
conversan sobre el futuro del club
San Martín de Tucumán
Esa impunidad, recuerda hoy el largo historial delictivo, por ejemplo, del clan Ale en Tucumán, que tuvo un impasse tras el juicio por la desaparición de Marita Verón. La cercanía con el gobernador Alperovich - y sus antecesores - les permitía ejercer tranquilamente las actividades ilícitas al amparo del caudillo local. A cambio, el clan prestaba “servicios” en tiempos electorales por medio de la barra brava del club San Martín de Tucumán o de transporte de votantes mediante la flota de remises que manejaban en la provincia. 

Ese mismo sistema de impunidad a cambio de mano de obra criminal, era hace casi un siglo otra de las las bases del poder político de Barceló. Su mano derecha era Juan Ruggiero, alias “Ruggerito”, que se encargaba de reclutar matones entre los marginales de la zona. Esos matones eran los encargados de copar las sedes de votación en cada elección para impedir que los militantes opositores pudieran sufragar. 


Barceló, Gardel y "Ruggerito" 
Ruggerito llegó a convertirse en hombre de confianza del caudillo a partir de su trabajo como guardia de uno de los prostíbulos que regenteaba Enrique Barceló, hermano del dirigente. En esos tiempos, Avellaneda era el sitio donde se ejercía la prostitución a gran escala y en muchos de esos lugares, los proxenetas apadrinados por Barceló sometían a las esclavas sexuales traídas de Europa a un trato similar al que hoy sufren las mujeres cautivas en los prostíbulos. 


En una de sus visitas a un prostíbulo de Avellaneda, el cantante Carlos Gardel le contó a Ruggerito los problemas que le causaba no tener una documento argentino a la hora de obtener contratos y hacer giras fuera del país. A instancias de Barceló, Gardel obtuvo su Libreta de Enrolamiento pese a que, incluso hoy, no se tiene certeza absoluta sobre el lugar de su nacimiento. Así de poderosa era la influencia de estos caudillos zonales. Y así de intensa continúa siendo, habida cuenta que los caciques modernos son capaces de conseguir miles de documentos a discreción.  

Existen denuncias concretas respecto a que muchos de ellos son emitidos para que ciudadanos extranjeros, que viven en países fronterizos, los utilicen para emitir su voto en los diversos comicios. Y que a cambio reciben una conveniente recompensa en efectivo o su inscripción en alguno de los planes sociales disponibles. No se trata de una acusación de la prensa, sino de una sospecha de la Cámara Nacional Electoral, que ya pidió a la Dirección Nacional de Migraciones la información para saber si existía una migración electoral a favor del gobierno formoseño. 


El fraude en la provincia de Buenos Aires 

Manuel Fresco en una misa pública.
Mar del Plata, 1938

Uno de los políticos que creció bajo la protección de Barceló fue Manuel Fresco, que gracias al fraude patriótico llegó en 1936 a la gobernación de Buenos Aires, la mayor provincia argentina y la que cuenta con un capital electoral suficiente para decidir el resultado de cualquier elección. Apenas tuvo acceso a su despacho, Fresco colocó retratos de Adolf Hitler y Benito Mussolini como decoración. El nuevo gobernador aplicó en la provincia los mismos métodos utilizados en Avellaneda, aunque sin el aditamento de la prostitución a gran escala dado que era un ferviente católico. En lugar de prohibir los lupanares y ofender a su mentor político, prefirió ocuparse por reestablecer la educación católica en las escuelas públicas.  

Eso sí, Fresco repitió el esquema de Barceló y formó una milicia paramilitar con militantes pro fascistas, nacionalistas antisemitas y delincuentes amnistiados que se dedicaron a perseguir opositores. Los grupos de Fresco tenían entre sus blancos preferidos a los radicales, comunistas y judíos. 


Escena de las elecciones de 1936
Durante su administración se lanzó un programa de asistencialismo y obra pública masivo que tuvo por centro la exaltación de su figura, algo similar a lo que sucede hoy con el kirchnerismo y con los caudillos regionales. Por supuesto, las familias que militaban en partidos opositores, quedaban fuera de los planes asistenciales y de la posibilidad de acceder a puestos públicos. 
Fresco, llegó al extremo de instalar altoparlantes en las principales plazas bonaerenses para que fueran escuchados sus discursos, difundidos por Radio Provincia de Buenos Aires. Y, por las dudas, si decidían hacerse los distraídos ante este antecesor de la “cadena nacional”, los contenidos escolares incluían de forma obligatoria propaganda a favor del caudillo provincial.  

Cualquier semejanza entre el adoctrinamiento oficialista en la década Infame y las propagandas a favor de los caudillos oficiales en las escuelas del interior en el presente, no son casuales. Menos aún la nota enviada por la Directora de Escuelas Primarias de Tucumán, Gladys Fernández, para que los maestros dijeran a sus alumnos que las elecciones habían sido ganadas por el partido en el poder. Fernández es subordinada de Silvia Rojkes de Temekin, cuñada del gobernador José Alperovich. Como sucedía hace 85 años, todo el poder del estado se dirigía a legitimar las elecciones y darles a sus detractores un aura de irracionalidad.  
Las investigaciones históricas sobre la época del “fraude patriótico” están plagadas de anécdotas de cómo se cometía fraude en la Buenos Aires de Fresco, de descripciones sobre la presencia de los matones de Fresco controlando el acceso a las urnas y el manejo de los resultados. 

Fresco, como otros de su especie en otras provincias argentinas, fue uno de los políticos que naturalizó el “voto cantado”. Ante la presencia de los matones del oficialismo que previamente habían copado la mesa, los votantes eran obligados a decir por quién querían sufragar. Si expresaban su decisión de apoyar al oficialismo, se les dejaba ejercer su derecho o se les daba un sobre ya preparado. Si su opción era un adversario se les impedía votar o se los expulsaba a los golpes. Según escribió Fresco en su obra “Mi verdad”, lejos de ser una forma de coacción, el voto cantado era una “una lección pública de coraje ciudadano”. Esa idea es similar a la que se mostraba un cartel exhibido en un centro de votación de la ciudad correntina de Goya en las elecciones de 1932: “Los hijos de Corrientes, como son valientes, votan en voz alta”. 

El fresquismo llegó al extremo de regular a su gusto las listas opositoras, colocando a algunos candidatos que figuraban en primer lugar hacia el final de cada una de ellas. Así, aun cuando no lograran consumar el fraude, se arrogaban el derecho a dejar fuera de juego a sus principales oponentes. 

Mientras tanto, en el interior seguían prosperando las medidas fraudulentas. Uno de los episodios más resonantes se dio en Santa Fe, intervenida por el poder central, se llamó a elecciones el 21 de febrero de 1937. Entonces se realiza -afirma Félix Luna- lo que constituye una paródia de elección. Los demócratas progresistas dejan de votar al mediodía. Se hace sufragar a la vista, se expulsa a los fiscales, ‘por negarse a colaborar con las autoridades de las mesas’, y todavía aquellas urnas que parecen dudosas al oficialismo, son sustituidas descaradamente en el Correo Fresco, al igual que otros caudillos conservadores, fue imbatible en cada elección. Su fin llegó solo cuando un grupo conservador contrario decidió que era tiempo para que le dejara su puesto a otro gobernador más discreto y menos proclive a usar el Estado para exaltarse como político.  

Adivine cuando sucedió
  
Es curioso que en los relatos de la Década Infame, se repite una misma práctica dentro del fraude, que consistía en reemplazar las urnas con otras llenas de votos propios. 

 

Facsímil de telegrama oficial 
Observemos qué sucedió días atrás en la localidad tucumana de Famaillá. En la mesa 1441, estaban habilitados para votar un total de 273 ciudadanos. Pero, en el telegrama que se envió a las autoridades electorales los fiscales de esa mesa informaron que el candidato oficialista había obtenido 287, qué es lo mismo que decir el 105 por ciento de los sufragios. Y en su afán de forzar el resultado, consignaron un total de 364 votos que representan cerca de una vez y media la cantidad de votantes permitidos para esa mesa. El artículo de la Vanguardia de 1931 tranquilamente podría hacer referencia a lo que sucedió en agosto de 2015 en Famaillá, sin perder actualidad. 


O, si se prefiere, hay un caso aún más cercano a esa costumbre de llenar las urnas con votos propios y vaciarlas de ajenos. En la mesa 1278 de la localidad de Ramón Lista, en Formosa, sucedió el increíble hecho que los 233 habilitados votaron al partido de gobierno, incluyendo las autoridades de mesa de otros partidos. O la mesa 322 de Tucumán, en donde el presidente de mesa envió un telegrama informando que el candidato opositor no había recibido votos y en el conteo posterior se descubrió que fue votado por 130 sufragantes. Éstos son apenas dos ejemplos de lo que ocurre hoy en varias provincias. 

Es como si el reloj de la historia hubiera vuelto a la Década Infame y las crónicas electorales hubieran copiado a los relatos de los tiempos del “fraude patriótico”. Y lo que es peor, además de la existencia de irregularidades volvieron las denuncias de la apropiación de la identidad de los electores para asegurar el resultado electoral. (Eliminado Variables) reveló tiempo atrás una compleja trama de posibles fraudes electorales con documentos de identidad mellizos que revelan el alcance de esta política de duplicación de identidades.  

Cuenta la leyenda que Barceló tenía en su casa una biblioteca llena de libretas de enrolamiento ajenas, que constituían su capital más preciado. Incluso se dice que en ocasiones se jactaba ante sus invitados de tener suficientes de ellas para decidir la elección en su distrito. En otros términos, quien tenía más documentos, decidía la elección, como sucede hoy cuando un caudillo regional es capaz de emitir DNI de a miles y con ello se asegura un porcentaje de votos cautivos. La biblioteca de Barceló parece haber mutado en los móviles de impresión de documentos de identidad, que antes de las elecciones hacen verdaderos tours militantes en los distritos más populosos

Pero el caudillo de Avellaneda no era una rareza política de la Década Infame, sino uno más de entre los jefes políticos que manejaron a su antojo los comicios durante el “fraude patriótico”. La entrega de libretas se volvió un ritual en las estancias, en donde el patrón recolectaba los papeles de sus empleados y las llevaba al centro de votación para elegir en nombre de ellos. Incluso en las grandes fábricas, los empleados eran persuadidos para depositar sus documentos de votación en la empresa para asegurarse el empleo.  

Esa práctica nunca dejó de usarse en los feudos del interior del país. En 2005, el noticiero Telenoche hizo un informe de gran repercusión donde mostraba que la tropa política del gobernador peronista Gildo Insfrán retenía los documentos personales de los nativos Qom y los dejaba encerrados en un corral a cielo abierto hasta el momento en que cerraban los comicios. Inmune a las críticas y las denuncias judiciales, la misma denuncia se repitió en 2007 y 2011, y periódicamente en cada acto electoral en el que Insfrán obtiene una victoria.
  
Natalio Botana, fundador
del Diario Crítica
El abrazo del fraude incluyó también a algunos de los medios más prestigiosos de la época. Natalio Botana, estaba unido a Barceló por una estrecha amistad e incluso poseía una parte de las acciones del diario Crítica. Los medios del interior, por lo general en manos de las familias vinculadas al caudillo, optaban por ignorar las denuncias de fraude y legitimar los triunfos conservadores. 

Solo una parte de la prensa socialista y anarquista daba información sobre lo que pasaba a la hora de los comicios, pero su público era demasiado pequeño para convertir esas denuncias en un escándalo político. En realidad, todos sabían lo que pasaba en tiempos de comicios porque de una otra manera eran protagonistas de lo que sucedía al votar, pero la red de compromisos políticos e ideológicos tendía un manto de silencio sobre la realidad del fraude. 

El radical Eduardo Laurancena, quien provenía de las mismas entrañas del fraude, fue quien describió el sistema como “En esta nueva era del conservadurismo ya no se niega el fraude: se lo confiesa y se lo declara fraude patriótico, y cuando este disco pasa de moda surge la teoría del fraude histórico... Un caudillo, generalmente semianalfabeto, erigido en señor de horca y cuchillo, que tiene a su disposición la municipalidad, la policía, la justicia local, las oficinas recaudadoras y todas las reparticiones administrativas, ejerce una dictadura arbitraria y prepotente, muchas veces, además brutal y sanguinaria, que no reconoce ninguna regla o limitación legal o moral, para cumplir el doble propósito de proteger y ayudar a los que se someten incondicionalmente y perseguir implacablemente a los que no son adictos”.



Al describir la Década Infame, Scalabrini Ortiz dejó en claro que el fraude electoral no es sólo un mecanismo para sostenerse en el poder, sino un enorme negocio vinculado a la corrupción. La aprobación del Pacto Roca-Runcimann, la entrega del transporte de colectivos de la ciudad de Buenos Aires a la empresa de tranvías de capitales británicos y las numerosas concesiones y obras públicas que recibieron los aristócratas y nuevos ricos que crecieron con el conservadurismo, necesitaban de legisladores que apoyaron con su voto o su silencio los negociados y de presidentes o gobernadores que firmasen los contratos. Para este autor, el “fraude patriótico” se justificaba a sí mismo en la idea que las mayorías no eran capaces de asumir con responsabilidad la complejidad de los asuntos nacionales y, por ende, el direccionamiento de las elecciones buscaba evadir el escrutinio de las masas a las que consideraba “inmaduras”, como le gustaba decir a algunos exégetas del fraude.  

Scalabrini Ortiz definió magistralmente a los responsables del fraude en un artículo publicado en el diario Reconquista: Lo único que los diferencia a estos caballeros es que ya no comen en la antecocina del patrón o en la fonda de Rígoli, sino que se sientan de vez en cuando a las mesas de las Cámaras Británicas de Comercio de Buenos Aires o Rosario o llevan el palio en el Congreso Eucarístico o en el día del Corpus Christi. 

Vale la pena recordar que la Década Infame terminó con un golpe militar que puso como excusa la imperiosa necesidad de acabar con la corrupción y restaurar la democracia. Y que luego de tomar el poder por la fuerza, se dedicó a fortalecer su alianza con las potencias autoritarias y a imitar algunos de sus rasgos más peligrosos. 

Y en algo tuvieron razón; acabaron con el fraude; porque terminaron con las elecciones. Y sin elecciones ya no hubo posibilidad alguna de hacer trampa en los comicios.  Al final de la Década Infame, quedó claro que el fraude no es solo un juego en el que se burla al adversario, sino que además es una práctica peligrosa que puede acabar con la misma democracia.  

En Twitter: @EliminandoV