miércoles, 30 de enero de 2013

Ciudad: No se podrá utilizar equipos de audio y video en subtes y colectivos sin auriculares

Aunque la noticia ya había trascendido a mediados de diciembre pasado, finalmente la Ciudad de Buenos publicó el decreto (perteneciente a la Ley N°  4.454, sancionada también en diciembre) que prohíbe el uso de aparatos de sonido o video en el subterráneo como en colectivos sin auriculares.

De hecho, la normativa autorizada y que está vigente desde el 16 de enero, incluye una modificación y un agregado de la Ley N° 2.148, que había sido promulgada a fines de diciembre del 2006 por Jorge Telerman (que, dicho sea de paso, la  había vetado parcialmente).
En particular se modificó el inciso g) del artículo 9.2.2 (sobre las prohibiciones de los pasajeros en el transporte colectivo),  que –previo a la sanción de la nueva Ley- decía: “(Prohíbase) utilizar aparatos reproductores de sonido o receptores de radio, sin audífonos”. La modificación aprobada, dirá: “(Prohíbase) utilizar equipos de reproducción musical y video que emitan sonido, sin audífonos o auriculares”.

En cuanto al agregado, el mismo corresponde al inciso f) del artículo 9.3.1 (sobre las prohibiciones de los pasajeros en el subte), que quedó expresado así: “Se prohíbe utilizar equipos de reproducción musical y video que emitan sonido, sin audífonos o auriculares en todos los vagones de subterráneos”.

La nueva Ley, además, obliga a las empresas de transporte de pasajeros a exhibir las prohibiciones dentro de las unidades, en un lugar visible y mediante carteles.

 

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Desarrollo Social adjudicó a cooperativas, de forma directa, más de 14 millones de pesos durante enero

De acuerdo con un análisis efectuado por (Eliminando Variables), durante el primer mes del 2013, el 67 por ciento de las adjudicaciones del Estado hacia cooperativas se realizaron mediante el formato de “Contrataciones Directas”, siendo el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, el principal benefactor por un amplio margen.

Facsímil del Boletín Oficial del 14/01/2013
La muestra, basada en los 21 boletines oficiales disponibles en el mes de enero, reveló que lo adjudicado de forma directa fue de 15.487.240 pesos, sobre un total de 23.064.029 pesos en todo concepto entregado por el Estado hacia estas asociaciones.
El ministerio de Desarrollo Social, puntualmente, entregó 14.123.215 pesos de forma directa. El resto -1.364.025 pesos- fue distribuido por otros organismos.

De esos casi 15.5 millones de pesos adjudicados directamente, 10.397.319 pesos pertenecieron al rubro textil (íntegramente pagados por Desarrollo Social), divididos de esta forma:

  • 5.813.179 pesos entregados a cooperativas para la confección de guardapolvos.
  • 2.255.540 pesos entregados a cooperativas para la confección de textiles no identificados.
  • 1.887.600 pesos entregados a cooperativas para la confección de remeras de manga corta.
  • 441.000 pesos entregados a una cooperativa para la confección de sábanas hospitalarias de una plaza.

En este rubro textil, la mayor beneficiaria en enero fue la Cooperativa de Trabajo Blanco País Limitada, con 1.112.000 pesos, seguida de la Cooperativa La Patria Grande Limitada, con 864.000 pesos y Cooperativa de Trabajo Textil Escalada Limitada, con 855.600 pesos. Las menos beneficiadas en el período fueron la Cooperativa de Trabajo Gobernador Castro Limitada y la Cooperativa de Trabajo La Unión de La Boca, con 9.870 pesos cada una.
La contratación directa más importante en el rubro textil fue de la Cooperativa Blanco País quien por un pedido de trabajo  para confección de guardapolvos, recibió 855 mil pesos por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En otras reparticiones, la contratación directa más grande fue efectuada por el ministerio de Salud, con la solicitud de cuatro trabajos de impresión por 1.412.579 pesos, aunque habría que aclarar que en este caso hubo un dictamen de aprobación de la licitación.
En el caso de "Licitaciones Públicas”, la más importante de enero fue la adjudicada a la Cooperativa Ángel Borlenghi quien deberá encargarse de la “limpieza y parquización” en la Universidad Nacional del Sur, recibiendo a cambio 3.816.541 pesos. Cabe aclarar que esta cooperativa también fue contratada por licitación pública para la limpieza integral de la Agencia General Roca de la AFIP, por 310.464 pesos.

En el caso del ministerio comandado por Alicia Kirchner, la licitación pública más importante del mes de enero adjudicada a cooperativas fue a la de Trabajo General San Martín Limitada, de Mar del Plata, por 2.134.656 pesos.
En otros rubros, Desarrollo Social, por ejemplo, realizó adjudicaciones de forma directa para la compra de “puestos de venta móviles” por 1.160.000 pesos,  como así también 1.043.831 pesos (también directamente) de materiales para la construcción y colocación de chapas.

Sea mediante forma directa o licitación pública, el ministerio de Desarrollo Social adjudicó a cooperativas en enero un total de 16.257.871 pesos.
En el mismo período, la AFIP adjudicó de forma directa o mediante licitación pública a cooperativas 674.723 pesos. Y el ministerio de Defensa, por  “acarreamiento, remolque y practicaje del buque ARA Canal Beagle”,  le dio la adjudicación a la Cooperativa de Trabajo Practicaje y Pilotaje Buenos Aires Limitada por 138.600 pesos.


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jueves, 24 de enero de 2013

Ciudad: Desde el 2 de enero, los comercios que incluyan “servicios de mesa” o “cubierto” deben brindar contraprestaciones

De acuerdo con la Ley 4407 sancionada a fines de noviembre del 2012, aunque puesta en marcha desde este mes, los comercios que expenden comidas  en la Ciudad de Buenos Aires y que incluyan en la factura los cargos o montos extras de “servicios de mesa”, “cubierto” o similares, deberán ofrecer a los clientes una serie de prestaciones.

Por ejemplo, en el 1 artículo, inciso 1  de la Ley, se requiere brindar “como mínimo” un vaso de 250 cm3 de “agua apta para consumo”, por persona. De la misma formar, y tal como indica el inciso 2, se deberá ofrecer una panera “apta para celíacos o libre de gluten”, en acuerdo con la Ley 3373 también sancionada por la Ciudad. El inciso 4, incluso, hace énfasis en que se deberá presentar una panera con pan tradicional y/o dietético, a “elección del cliente”.
También se dará  –como señala el inciso 3 del primer artículo-, “sal modificada libre de sodio como opción a la sal tradicional”.
Otro dato que ofrece la Ley en su segundo artículo es que se prohibirá cobrar “servicio de mesa”, “cubierto” o terminología similar a cualquier menor de 12 años.

El tercer artículo, además, obliga a ofrecer “como mínimo” a los comercios que cobre este servicio, "un plato" apto para celíacos, “de consumo seguro, manipulado exclusivamente con tensillos que no tengan contactos con alimentos con TACC”.
El articulado anterior, en particular, será incluido en el Capítulo de Derechos del Consumidor de la Ley 451 de la Ciudad, y a los que no cumplan con la normativa podrían ser sancionados con multas que van de 100 a 500 unidades fijas.

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miércoles, 23 de enero de 2013

¿Cuánto cobrarán los Diputados de la Ciudad de Buenos Aires?

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día de ayer (N° 4079), se oficializó el aumento de remuneraciones de los Diputados de la Ciudad.

Los legisladores, de hecho, pasarán a cobrar un "20 por ciento adicional de la remuneración bruta de un agente con la máxima categoría de la Planta Permanente con título universitario, 25 años de antigüedad, dedicación funcional, la máxima asignación por permanencia en el cargo, con conducción, más los ítems no remunerativos que se acordaran".

Este aumento, expresado en la letra de la Ley N° 4459 del 13 de diciembre del 2012, modifica el texto previo de la Ley N° 2 de la Ciudad que decía que "el salario de los Diputados se fija en un 20 por ciento adicional de la remuneración bruta de un agente de Planta Permanente, categoría 1 con título universitario, 25 años de antigüedad, dedicación funcional, la máxima asignación por permanencia en el cargo, con conducción, más los ítems no remunerativos y remunerativos que se acordaran".

De hecho, el salario de los Diputados de la Ciudad estaba fijada previamente, y como se ve más abajo, en 1180 módulos.


La Ley 4459 fue ratificada por el Decreto 36/13, firmado por Mauricio Macri.

¿Cuánto cobrará, entonces, un Diputado en la Ciudad de Buenos Aires?.  ¿Cuánto vale "un módulo"?. Algunas preguntas que tendrían que responder los legisladores.



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martes, 22 de enero de 2013

La Matanza fue el distrito que más donaciones recibió de la Secretaría General de la Presidencia en el último mes

Diez vehículos (dos de los cuales fueron autocedidos); 420.753 unidades identificadas como prendas de vestir;  73.353 unidades también identificadas como ropa blanca; 78.026 pares de zapatos; 3.208 pares de zapatillas; 10.596 kilos de ropa. Parte las “cesiones sin cargo” realizadas por la Secretaría General de la Presidencia en el último mes en la República Argentina.

Existen, a la vez, donaciones  de grandes paquetes agrupados  bajo el concepto de “unidades de artículos varios”, en los que también se incluyen prendas de vestir, calzado, mochilas, gorros, sombreros, valijas, bufandas, almohadas, bozales para caballos, rollos de soga, sujetadores de cabellos, andadores, triciclos, monederos, entre otros elementos.
Los datos, específicamente, fueron extraídos de casi un centenar de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y analizados para tal fin por (Eliminando Variables). Las donaciones, provendrían de rezagos de Aduana,  y fueron entregadas –en teoría- a personas humildes algunas semanas antes de que concluya el 2012.


La encargada de firmar las cesiones es María Grandoso, jefa de la Unidad de Enlace Institucional de la Presidencia quien, por lo que se pudo observar en este lapso, beneficio en mayor medida tanto a los municipios del Conurbano como así también a la provincia de Jujuy.

La Matanza, municipio cuyo intendente es Fernando Espinoza, recibió –por caso-, más de un tercio de las prendas de vestir cedidas por la Secretaría General de la Presidencia (129.515). También el distrito del oeste del Gran Buenos Aires recibió más de un tercio de las unidades de ropa blanca (26.393) y más de un tercio de los pares de calzados (25.260) donados por la oficina de Grandoso. El distrito de Espinoza, como curiosidad, también recibió 11.811 carteras y 76.959 unidades de “artículos varios”, que incluían bufandas, gorros, mochilas, juguetes, tazas, zapatillas, prendas de vestir y termos, entre otros conceptos.

Lomas de Zamora, a cargo de Martín Insaurralde,  recibió 93.613 prendas de vestir, 17.840 unidades de ropa blanca y 13.543 pares de calzado. El municipio de Insaurralde, por otro lado, fue beneficiado con 3.386 unidades de bolsos, mochilas, cintos, carteras, corbatas, bobinas de lana, cartucheras, riñoneras y sombreros, entre otro.
 Otro distrito de zona sur como lo es Avellaneda,  con Jorge Ferraresi a la cabeza, recibió en el mismo lapso 55.704 unidades de prendas de vestir, 11.573 unidades de ropa blanca y 7.215 pares de calzado. En el rubro de “artículos varios” recibió 10.311 unidades de baberos, bolsos, carteras, cintos, fajas, guantes, mochilas, mosquiteros, pañuelos, bufandas y cierres, entre otros elementos.

La provincia de Jujuy, cuyo gobernador es Eduardo Fellner, obtuvo 104.631 prendas de vestir, 14.086 unidades de ropa blanca y 24.670 pares de calzado. Además, recibió 1096 kilos de “ropa usada y peluches”, mientras que la municipalidad de La Quiaca (y una Parroquia de ese municipio), recibieron en conjunto 4288 kilos de ropa usada.  En cuanto al rubro “artículos varios”, Jujuy se destacó claramente del resto recibiendo 764.725 unidades de bolsos, mochilas, sombrillas, valijas, agujas, triciclos, andadores y pelotas.
San Carlos de Bariloche, por estos días un municipio en el centro de la tormenta tras la suspensión de su intendente Omar Goye, recibió de parte de la Secretaría General de la Presidencia una variedad importante de artículos, como por ejemplo 24 calzoncillos, 35 unidades de calzoncillos y bombachas, 301 pares de medias, 2 unidades de DVD, 1 órgano musical, 1 sistema de sonido 5.1, 4 pinzas de mano y  una impresora multifunción.  Incluso, le fue cedido un Vehículo Toyota Land Cruiser, modelo 1984.

Además de la camioneta entregada a la ciudad de Bariloche, la oficina de María Grandoso entregó 3 vehículos al Ministerio de Desarrollo Social (Específicamente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAES-): Un Mitsubishi Pajero (modelo 1995), Chrsyler Caravan S (1999) y Toyota Runner (1997).
La misma Secretaría General, de hecho, decidió quedarse con dos vehículos: Un Citroen C1 (2008) y una Renault Expression 1.6. Ambos con dominio chileno.

Por último, la provincia de Catamarca recibió un BMW 525 (año 2000), mientras que para Santa Cruz fueron dos  camionetas: una Hyundai H100 Porter Super (1996), ara la Escuela Industrial N°1 Mosconi, y un Suzuki Grand Vitara JIII para el Tribunal Criminal Federal.

 

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lunes, 21 de enero de 2013

ANSES contará con casi 315 mil millones de pesos en recursos en el 2013

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contará, en el 2013, con 314.504.613.000 de pesos en recursos durante el 2013, para afrontar –presupuestariamente- gastos por la también friolera suma de 287.022.501.303 de pesos en 9 programas macro, que van desde el pago de prestaciones previsionales y asignaciones familiares, hasta la asistencia financiera del Programa Conectar Igualdad o transferencias y contribuciones a otros organismos descentralizados.

¿De dónde ingresa y hacia dónde va el dinero, según el Gobierno?

Los monstruosos recursos del ANSES para el 2013
La mayor fuente de ingresos del ANSES durante el año provendrá de las denominadas “Contribuciones a la Seguridad Social” –Contribuciones Patronales y Aportes Personales-, dos cajas que sumadas alcanzarán los 177.968.200.000 de pesos en el 2013. En segundo lugar, de los denominados “Ingresos Tributarios” –Ganancias, Impuestos sobre Ingresos, IVA, Combustibles Líquidos, etc.-  que totalizarán los 70.011.700.000 de pesos.
En tercer lugar, el Tesoro Nacional que con sus “Contribuciones Figurativas”, recaudarán 50.412.900.000 de pesos. Y en cuarto lugar, las denominadas “Rentas a la Propiedad” –que incluye  Intereses por Depósitos y Títulos y Valores en diferentes monedas-, que dispondrán de 15.978.963.000 de pesos.

Del lado del gasto, en el 2013, claramente se destacan las denominadas “Prestaciones Previsionales” –las Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto y Prestaciones Previsionales hacia la Seguridad Social-, que demandarán  188.914.235.976 de pesos. En segundo lugar, las denominadas “Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados” (es decir, cajas previsionales no transferidas a la Nación, pensiones militares y policía, Tesorería General de la Nación, PAMI, AFIP etc.), que producirán una erogación de 46.797.406.230 de pesos.

En tercer lugar, le siguen las “Asignaciones Familiares” –para Activos, Pasivos y la Universal para Protección Social y Embarazo-, que incurrirán en un desembolso de 29.032.799.993. La “Asignación Universal por Hijo (AUH)”, que según datos oficiales a los que accedió (Eliminando Variables) beneficiará en el 2013 a 3.597.014 personas, y  producirá un gasto de 14.096.284.871 pesos. Cabe aclarar que en esta cifra también se incluyen la ayuda por embarazo, al que podrán acceder 219.044 mujeres.

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Informe de la AGN muestra el total desbarajuste existente en el control de las Obras Sociales de la Argentina

Personas inscriptas después de su fallecimiento; prestadores con inscripción vencida; contratos expresados sólo en una plantilla de “Excel”; Obras Sociales “fundidas”, sin balances y sin explicar movimiento de fondos; inconsistencias entre el número de beneficiarios y los padrones; Obras Sociales sin Cartillas Médicas y sin Plan Médico Asistencial;  multas impagas, entre otros,  son el resultado de un extenso informe sobre la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación denominado  “Evaluar la gestión en orden a la misión asignada al organismo en cuanto a la supervisión, fiscalización y control de las obras sociales y agentes del sistema..”, realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Facsímil del informe de la AGN
De hecho, el informe puede considerarse la segunda parte de la categórica auditoría de la AGN dado a conocer en marzo del año pasado, que reveló un millonario fraude entre el Estado y las Obras Sociales en donde se constató, por ejemplo, que el propio auditor médico de la Obra Social del Ministerio de Economía, carecía de título médico, no pertenecía a esa obra social y era socio fundador de una prestadora de medicamentos del sistema conocida como Vitha Pharma SA. Incluso, surgió el descubrimiento que 117 pacientes recibieron medicación por un valor superior a 2 millones de pesos, una vez fallecidos.

El trabajo de la AGN, que fue publicado a mediados de octubre del 2012 y que tuvo muy poca repercusión (quizá por ser más complejo), reveló, por ejemplo, que 334 beneficiarios del padrón de la Superintendencia de Servicios de Salud se sumaron al sistema con fecha posterior a su fallecimiento.

La investigación efectuada por el organismo que dirige Leandro Despouy, específicamente diseñada para evaluar la gestión de supervisión sobre de obras sociales y agentes del sistema de salud, indicó que la mayor cantidad de beneficiarios fallecidos se advirtió en los padrones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), fundamentalmente en el período 2008-2010. Las bases de datos, según la AGN, fueron entrecruzadas contra “las suministradas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), tomando como fechas de alta en la Obra Social contra las del fallecimiento respectivamente”.  

Las inconsistencias, también, se observan en la misma “Intranet” de la Superintendencia de Salud. Por ejemplo, en el informe que la misma AGN realizó sobre el padrón de las Obras Sociales en la Argentina, había detectado una sola Obra Social intervenida (Obra Social Luz y Fuerza de Córdoba), mientras que para el organismo existían 7 Obras Sociales intervenidas. En igual sentido, las Obras Sociales concursadas alcanzaban para la AGN el total de 37 y dos no homologadas, aunque para la Superintendencia la cantidad era sólo de 35.
 

El informe, a la vez, mostró que los 169 juicios en los que la Superintendencia era actora no estaban registrados contablemente. En total, había iniciado 31 demandas a Obras Sociales. Tampoco como demandada, figuraba en registros contables: 195 casos, de las cuales 63 pertenecían a juicios realizados por Obras Sociales.

Por otro lado, el trabajo de la AGN reveló que el 14 por ciento de los prestadores de servicios en Obras Sociales no cumplía con sus prestaciones, y el 76 por ciento lo hacía parcialmente tras los reclamos. Además, el 51 por ciento de las Obras Sociales no cumplían con la difusión, promoción o publicidad de sus servicios, contra el 24 por ciento que lo había parcialmente y un 15 por ciento que no pudo ser constatado.

En relación a los aspectos de control económico financiero que debía hacer la Superintendencia, casi el 8 por ciento de los prestadores analizados (263) no poseía registros en la entidad. Incluso, 97 Obras Sociales (37 por ciento) verificaron atrasos en sus registros, 205 (72 por ciento) no poseían libro de caja de bancos con movimientos de fondos, y 21 (26 por ciento) tenían atrasos graves en esta materia.

Además 20 Obras Sociales no tenían ni inventario ni balance y 16, de las 263 analizadas, llevaban registros con atrasos considerados como “muy graves”. Tal es así que en el denominado “Libro Registro de Opción de Cambio”, 24 Obras Sociales no lo poseían y 31 Obras Sociales no lo llevaban en forma legal.

Un total de 19 Obras Sociales analizadas no tenían registro de beneficiarios, y 186 presentaban disparidad entre sus registros y el Padrón de la Superintendencia de Salud. Quizá el colmo sea que 35 Obras Sociales no poseían Plan Médico Asistencial, 15 nunca lo habían presentado y 138 nunca había sido aprobado por la Superintendencia.

En cuanto a la Cartilla Médica, 48 Obras Sociales analizadas no la poseían, 44 nunca lo habían presentado y 141 nunca fueron aprobadas por la Superintendencia.

La Obra Social Bancaria Argentina, con 17 multas, la Obra Social para el Personal del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos con 16, lideran las más sancionadas en el período 2008 a 2010 evaluado por la AGN. Sólo en el 2009, según el organismo de control, se impusieron 105 multas, cancelándose sólo 51 que representaron sólo el 28 por ciento total de las sanciones. Peor situación se observó en el 2010, donde de 86 multas aplicadas, sólo se canceló el 5 por ciento del total (6 multas).

 

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sábado, 19 de enero de 2013

Las remodelaciones de Timerman en el exterior: Obras en Embajadas con hasta 8 años de atraso

A simple vista es un cuadro –como muchos otros- que pasa desapercibido. Sin embargo, en términos prácticos, se podría pensar que resulta un gráfico clave porque evalúa la importancia que algunos embajadores políticos (o de carrera, en algunos casos) le asignan a la imagen del país en el exterior.

Deberían existir muy buenas razones de parte de los embajadores para justificar los retrasos en llevar adelante los proyectos de remodelación, que en algunos casos llevan casi una década. O, en última instancia, el que tendría que ofrecerlas es el Canciller Héctor Timerman en persona.

(Eliminando Variables) encontró algunos datos muy interesantes en ese cuadro, que a continuación detalla:
1) La remodelación del Museo General San Martín, en Boulogne Sur Mer, Francia, tenía como fecha de inicio el 31 de diciembre del 2008. Como se observa en el documento adjunto de avance de obras, las mismas ni siquiera comenzaron. Específicamente esta remodelación tiene un presupuesto asignado para el 2013 de 1.340.033 pesos, con un compromiso de avanza de obra del 50 por ciento para fin de año. El final de obra sería el 31 de diciembre del 2014.

2) Un caso similar de inactividad, pese a tener fecha de inicio el mismo día que el Museo General San Martín de Francia (2008), es el de la remodelación de las oficinas de la Misión ante la Organización de los Estados Americanos, en los Estados Unidos. La obra no mostró ningún avance hasta el 2012, y este año, con un presupuesto de 2.236.103 pesos, promete avanzar un 20 por ciento, hasta concluir definitivamente el 31 de diciembre del 2014.

3) Probablemente, otro de los casos más emblemáticos que salte a la vista es la remodelación de la Embajada y Residencia en La Paz, Bolivia. Con un presupuesto asignado de 1.375.089 pesos, las obras que debieron iniciarse el 1 de enero del 2008, ya entrado el 2013, apenas fueron concluidas en un 15 por ciento. En el año en curso, se promete avanzar el trabajo en un 45 por ciento adicional.  La fecha de terminación estipulada es el último día del año 2015.

4) La Remodelación de la Embajada y Residencia en Washington, Estados Unidos,  es un caso muy llamativo. Tiene fecha de inicio de obra el 02/01/2004 y en 8 años, según se puede observar en el documento, se terminó el 71 por ciento. Las obras  -se asegura- concluirían este año. El desembolso prometido a la sede norteamericana es de 8.521.214 pesos.

5) El Consulado en Washington, de hecho, también está siendo remodelado. La fecha de inicio de obra data del 1 de marzo del 2010 y, hasta la fecha, se completó el 60 por ciento del trabajo. Esa repartición promete terminar a fines del 2013 el 40 por ciento restante de las obras, que demandarán de un presupuesto de 6.419.315 pesos.
 
6) Menos grave resulta el caso –por el tiempo transcurrido- de la remodelación de interiores y fachada de la Embajada en París, Francia. Las obras, que comenzaron el 1 de agosto del 2011, se completaron en un 10 por ciento. Este año, con un presupuesto de 5.559.033 pesos, se promete concluir con un 80 por ciento adicional del trabajo, terminando definitivamente en el 2014, con otro 10 por ciento.
 
7) En similar condición que la Embajada de Francia se encuentra la construcción del Centro Cultural y Embajada en Chile. El proyecto que se inició el 1 de enero del 2011, a la fecha, sólo avanzó un 5 por ciento. En el 2013, promete desarrollarse en un 85 por ciento,  con otro 10 por ciento a concluir hacia fines del 2014.  El crédito asignado es de 52.514 pesos.

Este año, por otro lado, se iniciarán obras de remodelación en las embajadas (y en algunos consulados) de Roma, Lima, Bogotá. Se construirán, por otro lado, las oficinas en Nairobi, Kenia. Los lapsos comprometidos en los trabajos, van de uno a dos años.


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viernes, 18 de enero de 2013

Ni el Boletín Oficial cree en la inflación oficial del 10.8 por ciento del 2012

Puede resultar una curiosidad. O no. Pero la realidad es categórica.

El principal órgano de difusión de normativas y actividad de la administración pública de la República Argentina, el Boletín Oficial, parece no haber seguido los datos oficiales ofrecidos por el INDEC en su medición anual de inflación.
Precio 2da Sección en enero del 2012: 2.50 pesos
De hecho,  si un ciudadano quería adquirir en enero del 2012 las tres secciones del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) de cualquier día hábil, tenía que pagar 9 pesos. Un año después, el desembolso por las mismas tres secciones es de 11 pesos, es decir, un 22.22 por ciento más.  Es decir, más del doble que la inflación oficial que fue estipulada en 10.8 por ciento para el año pasado por el organismo controlado por Guillermo Moreno.

El BORA, específicamente, alcanzó en un año el 20 por ciento para la denominada “Primera Sección”, sección caracterizada por la publicación en días hábiles de Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones oficiales.
Así, el precio de tapa el 13 de enero del 2012, era de 2.50 pesos y,  por ejemplo, la del 18 de enero del 2013 trepó a 3 pesos.
Precio 2da Sección en enero del 2013: 4 pesos

En el caso de la denominada “Segunda Sección”, encargada básicamente de dar difusión de la conformación de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, reuniones de directorio de empresas, información sobre partidos políticos y edictos judiciales, el precio de tapa el 13 de enero del 2012 era de 2.50 pesos. Por ejemplo, para la edición del 18 de enero del 2013, el mismo precio de tapa es de 4 pesos. Un aumento del 60 por ciento.

No hubo variación, sin embargo, en el precio de tapa de la denominada “Tercera Sección”, encargada de dar a conocer licitaciones y adjudicaciones en organismos y reparticiones oficiales. La misma continúa fija en 3 pesos.

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El "In Memoriam" de La Cámpora

En el día de ayer, el sitio oficial de YouTube de la agrupación La Cámpora, subió un video recordando a sus militantes que, según dice, "se fueron primero".

 El título del video es simplemente "Los Pibes".

El texto recordatorio: "Recordamos a nuestros compañeros, a los que se fueron primero, a los que siempre estarán... Nosotros queremos recordarlos como ejemplos para todos, queremos recordarlos por su solidaridad, por su alegría, por su militancia, queremos recordarlos militando, como ellos lo hicieron, como nosotros lo seguiremos haciendo.
Hasta siempre compañeros..."


Un especie de "In Memoriam" hollywoodense de la agrupación K.



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El Registro Nacional de las Personas prevé la emisión de 14.5 millones de DNI en el 2013

De acuerdo con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el organismo prevé la emisión de 14.416.272 de DNI durante el año 2013.

Los datos, que aparecen en el ítem “metas y producción bruta”  dentro del Presupuesto de la entidad, llaman la atención por su volumen, y  debido a que el RENAPER es la repartición oficial encargada de comunicar a la Justicia Electoral las novedades producidas en el padrón general de electores.
El organismo, que es dirigido desde hace varios años por Mora Arqueta, también tiene planificado expedir en el año en curso, 1.535.250 Pasaportes.
Es interesante destacar que por “ingresos no tributarios”, y gracias al pago de tasas (para la emisión de pasaportes, DNI u otros documentos), el RENAPER estima que percibirá 985.253.009 pesos. 
Cabe aclarar que la entidad no hace una discriminación específica de los ingresos por cada documento expedido. Si a los ingresos no tributarios se le suman las contribuciones del Ministerio del Interior y Transporte, los recursos que contará el organismo para el 2013 están estimados en 1.488.665.007 pesos.
El Presupuesto de la entidad será de 1.298.110.007 para el actual período, de los cuales 941.866.898 estarán asignados a la emisión de DNI. El RENAPER, oficialmente, afirma tener 802 empleados.

Recordemos que algunos días atrás, (Eliminando Variables) había informado que DirecciónNacional de Migraciones tenía pensado emitir cerca de 290 mil documentos a extranjeros.

 

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jueves, 17 de enero de 2013

Conectar Igualdad: Cuando un presupuesto de 1000 millones de pesos no alcanzan para 762.634 netbooks

Por José M. Stella

El 7 de enero pasado, (Eliminando Variables) había informado la publicación, en la 3ra Sección del Boletín Oficial N° 32.556 (que correspondía a ese día), de la adjudicación por parte del ANSES a 9 firmas, de 1.445.731.800 pesos para la adquisición de 600 mil nuevas computadoras para el Programa Conectar Igualdad.

New San SA, Informática Fueguina SA, NEC Argentina SA, Novatec Solutions SA, Air Computers SRL, PC-Arts Argentina SA, Coradir SA, EXO SA y Corporate Corp SA fueron la firmas beneficiadas por la licitación 90/2012 y el expediente  024-99-81411000-8-123.  Probablemente, la licitación más importante en lo que va del 2013.
El Programa Conectar Igualdad tuvo su puntapié inicial en abril del 2010.
 

En el Presupuesto para año 2013, el item Programa Conectar Igualdad del ANSES,  tiene asignado un total de 1000 millones de pesos, en “adelanto a pago a proveedores”,  para la compra de 600 mil computadoras durante el año (las anunciadas el 27 de diciembre pasado por la presidenta Cristina Fernández).  Como figura que es un adelanto, se interpreta que el saldo restante será cancelado a las 9 proveedoras durante el 2014 o en algún otro momento.
Sin embargo, en la página del ministerio de Educación dedicada al Programa Conectar Igualdad, en un artículo que fue realizado horas después de la firma del acuerdo entre las proveedoras y el ANSES (y en el que habló Cristina Fernández),  dice:

“Hasta el momento, se entregaron 2.212.463 computadoras, la Anses posee un stock de 64.009 unidades en el centro operativo de Pablo Podestá, en el noroeste del conurbano bonaerense, y próximamente recibirá 460.894 más. El objetivo de las autoridades es completar las 3,5 millones de máquinas el próximo año” (N de R: En referencia al 2013).

Sigamos los números del ministerio de Educación. La suma de las actuales máquinas entregadas (2.212.463), más las que están en stock (64.009), más las que entregarán en el corto plazo (460.894), da un total de  2.737.366 netbooks. Para llegar a las 3.5 millones de computadoras a fines del 2013, se precisarían 762.634 adicionales. Y de ese número, 600 mil fueron encargadas a un costo de casi 1.446 millones de pesos.

Restarían, por lo tanto, 162.634 para alcanzar la cifra mágica de 3.5 millones, que autoridades nacionales prometen. Y para esa cantidad, no hay dinero asignado.

Por lo tanto: ¿Habrá un error de tipeo en el Presupuesto? ¿O el dinero faltante será asignado desde alguna partida adicional?.

 
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No es error de tipeo: La SIGEN de Reposo dispondrá de 264 millones de pesos en el 2013 para controlar al Sector Público

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cuyo titular es Daniel Reposo, contará en el 2013 con un presupuesto de 263.981.422 pesos .

Reposo, recordemos, fue propuesto en el 2012 como Procurador General de la Nación por la Presidenta Cristina Fernández. Su designación acumuló 17 impugnaciones y un curriculum vitae bochornoso, modificado de apuro, que concluyó en la famosa frase de “error de tipeo” ante las evidentes inconsistencias.  Finalmente, su accionar derivó en un papelón histórico en audiencia pública televisada en el Congreso, donde muchas de las consultas por parte de legisladores “le fueron sopladas” por asesores. Finalmente, Cristina Fernández optó por bajar su candidatura y ofrecérsela a Alejandra Gils Carbó.
¿Qué es lo que hace exactamente la SIGEN?. Es, de acuerdo con la Ley 24.156, la responsable del “dictado, aplicación y supervisión de las normas de control interno del sector público nacional”. Para que se entienda: es el organismo “autárquico” responsable del control interno de todas las jurisdicciones y entidades que componen el Poder Ejecutivo Nacional, de los organismos descentralizados y desconcentrados, de los fondos fiduciarios, de las Universidades Nacionales y de las empresas y sociedades en las que el Estado tenga participación en el capital accionario.

La SIGEN, de hecho, realiza informes periódicos sobre gastos, compras,  licitaciones y distintos programas en todos los ministerios,  jefatura de Gabinete de Ministros, entidades autárquicas como el CONICET, PAMI, Migraciones, Vialidad, Servicio Penitenciario Federal, la AFIP, entre otros. También publica documentación relativamente actualizada de empresas como TELAM, Radio y Televisión Argentina SE, EDUCAR,  las diferentes empresas del sector ferrioviario, Tandanor, Intercargo, Consultatio, Banco Macro, empresas del Banco Nación, Central Dique o Distribuidora de Gas Cuyana, por ejemplo.
Ahora bien: ¿Está disponible esta información en Internet?. La respuesta es NO. El Poder Ejecutivo no autorizó a la SIGEN a publicar sus informes en la red. De hecho, la Auditoría General de la Nación, cuyo titular es Leandro Despouy, llevó a estrados judiciales a la SIGEN (y obtuvo fallo de Cámara positivo) debido a la no entrega o demora de información por parte de la SIGEN.

El mismo Despouy es tajante respecto a este punto: “El Gobierno cometió un gran error al autorizar a la SIGEN a no publicar sus informes en Internet”.

El buscador de informes de la SIGEN dice textualmente:  “Se informa a los señores usuarios que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto N° 1172/03, toda solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente. A tal fin las presentaciones deben dirigirse a la Sindicatura General de la Nación, Av. Corrientes 389, de la Ciudad de Buenos Aires, debidamente suscritas e indicando: nombre y apellido , DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto del requirente como así también el detalle de la información solicitada.  Asimismo, se hace saber que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9° del Decreto N° 1172/03, el acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Las copias son a costa del solicitante”.

Reposo estará al frente de 470 personas para sus tareas de auditoría.

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miércoles, 16 de enero de 2013

El polémico manual de manejo de crisis de Macri, redactado por un veterano de Malvinas


Por Ignacio Montes de Oca

En los días pasados el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio a conocer un manual de manejo de crisis para sus funcionarios. Quiso la casualidad que fuese terminado en la fecha en que estaba prevista la madre de todas las catástrofes, el 21 de diciembre de 2012, momento en el que algunos seguidores de la cultura maya anunciaban el fin de nuestra civilización.

El manual, al que accedió (Eliminando Variables), lleva el código MGC 05 y fue aprobado por la Resolución 495 AGC/12. Está firmado por el Ing. Darío Costa, el  coordinador general del GCBA y por el mayor (R) Juan José Gómez Centurión, el jefe de los inspectores porteños.


El listado de eventualidades en los que debe aplicarse el plan va desde los previsibles incendios, derrumbes o accidentes con lesiones a otros más políticos como el soborno a funcionarios o inspectores, clausuras o “renuncias polémicas” (sic), sabotajes y la acción de hackers.
Desde el comienzo, el documento crea un estricto plan para que cada funcionario sepa que hacer. O mejor dicho, le dice exactamente qué hacer a cada funcionario y limita su autonomía en caso de una tragedia.
Se prevé cada detalle minuciosamente, tal como el orden en que deben sentarse los funcionarios en la mesa desde donde se manejaría cada crisis. En un croquis (ver facsímil adjunto), se asignan sitios específicos para cada uno de ellos sin dejar librado al azar las preferencias personales de los involucrados.
El manual recomienda que los funcionarios implicados no usen sus teléfonos celulares ni cualquier otro de línea fija y en lugar de ello hagan o reciban sus llamados por medio de un conmutador en el que quedarán registrados los números y el nombre de las personas con las que se comunican.
En el apartado que define la responsabilidad de los miembros del Comité de Crisis, le asigna al Responsable del Departamento de Servicios Generales la cuestión de la seguridad del edificio dónde se reúnen. Entre sus tareas, está la de controlar para que sólo accedan las personas autorizadas y “aislar” los expedientes comprometidos con cada caso. Unas líneas más adelante, ordenan que todas las oficinas sean cerradas con llave y se controle mediante autorizaciones por escrito quien solicita entrar a cada una de ellas.
En el apartado “Aislamiento de expedientes”, informa que el personal de seguridad debe montar guardia frente a las oficinas donde están los archivos para que los empleados o intrusos no puedan hacerse con ellos. En otras palabras, controla que nadie fuera de los autorizados pueda acceder a los documentos que pudieran complicar al Gobierno porteño.
El área de prensa no escapa a la detallada asignación de responsabilidades prevista en el manual. Nadie, excepto el vocero designado, puede entrar en contacto con la prensa. En el punto 11.1 se le obliga todos los miembros del Comité a que le  informen con precisión al Jefe de Prensa los contactos periodísticos o no periodísticos a los que ha contactado durante la crisis. También hace intervenir al Asesor Legal del Comité para que dé su opinión sobre lo que se dice y deja de decir.  El capítulo referido a la comunicación esta precedido por una cita de Benjamín Franklin que dice "no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto, es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador."
Entre las recomendaciones para el vocero, en el punto 11.2, se dice que no debe estar “manchado” (sic) y deberá contar con suficiente credibilidad y legitimidad.
El manual también se ocupa de explicar cómo se deben manejar con la prensa. Allí recomiendan “En caso de que haya heridos o muertos, solidarizarse con las víctimas y sus familiares”, Explicar qué respuesta dio la AGC a la crisis, destacando su inmediatez, oportunidad y previsión” y “Usar frases cortas, en lo posible sin adjetivos calificativos, ni “slogans” o “frases hechas”.
Los autores del informe cierran la redacción del manual con una frase de la Divina Comedia que queda abierta a la interpretación del lector: “No busques en estas páginas la salvación de tu alma, ya es tarde. Confórmate con encontrar “la guía” que te haga llevadero tu paso por el averno”.
La Tragedia de Cromañón ocurrida en diciembre de 2004 se llevó puesto a Aníbal Ibarra. Macri no quiere que el pasado lo agarre desprevenido. Ahora tiene un manual para las batallas que pudieran ocurrir y el “consejo” de un veterano para hacerles frente.

Los autores del Manual para la Gestión de Crisis del Gobierno de la Ciudad
El ingeniero Darío Costa llegó a la gestión de Macri de la mano de Maximiliano Corach, hijo menor del ex ministro del interior de Carlos Menem, quién lo recomendó al ministro Guillermo Montenegro. Hasta hace poco tiempo atrás era jefe de la Dirección General de Licencias del sistema de otorgamiento de licencias de la ciudad. Costa había llegado a su cago luego que su antecesor, Roberto Skiba, fuera echado al detectarse irregularidades groseras en la entrega de carnets a personas con antecedentes o sin los requisitos mínimos para obtenerlos. En la actualidad es jefe de la Unidad de Coordinación General del GCBA
Costa proviene del peronismo de la ciudad bonaerense de Lincoln, es ingeniero industrial y antes de ingresar en la función pública trabajó en la empresa Toyota.
Juan José Gómez Centurión es un paracaidista veterano de Malvinas que actualmente está a cargo del cuerpo de inspectores porteños que funciona bajo la órbita de la Agencia de Control Gubernamental del GCBA. Fue condecorado con la “Cruz al Heroico Valor en Combate” por su desempeño en la batalla de Darwin, en donde combatió bajo las órdenes del fallecido Carapintada, el ex coronel Mohamed Alí Seineldín.
Centurión se presenta como especialista en “entrenamiento y conducción táctica de elementos de combate cercano del Ejército Argentino”. Desde 1998 es doctor en Ciencias Políticas egresado de la Universidad Kennedy y se dedicó a asesor a empresas como Cencosud y el Banco Velox  en “estrategias competitivas y la negociación”. Su designación fue pedida personalmente por Guillermo Montenegro, con quién lo une una antigua amistad.

Qom: ¿Y dónde está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?

En medio de fotos de niños y jóvenes en la Costa Atlántica mostrando felicidad, que se suceden en un loop y poco tienen que ver con comunidades aborígenes autóctonas: así se presenta la página del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la web del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Esas imágenes de “Verano 2013” que presenta el sitio de la entidad específicamente creada para salvaguardar derechos básicos indígenas y cuyo titular es desde hace muchos años Daniel Fernández, resultan completamente anacrónicas con la realidad que desde hace algunos años vive la comunidad Qom, fundamentalmente en las provincias de Formosa y Chaco.

En particular, en el último tiempo, los Qom sufrieron una seguidilla de “accidentes en rutas” en su mayoría con muertes involucradas. Los responsables políticos de las provincias con fuerte presencia de esa comunidad  aborigen –en Formosa, Gildo Insfrán; en Chaco, Jorge Capitanich-, suelen mirar para un costado en el tema de fondo: la necesidad  de terrenos para la sojización, lo que implica correr de sus tierras a sus legítimos moradores.

Ahora bien: ¿Qué es el INAI?. El INAI tuvo su origen en épocas en las que Raúl Alfonsín era Presidente de la Nación. De hecho, la Ley que dispuso su creación fue la 23.302, votada en septiembre de 1985 como repartición descentralizada con participación indígena, y reglamentada por el Decreto N° 155 en febrero de 1989.
El objetivo del INAI, según se explica  en su portal,  es “la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes, asegurar su defensa y desarrollo, su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades, implementando sus propios valores y modalidades. Implementando programas que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento a su producción agropecuaria, forestal, minera industrial o artesanal”.

También aclara que su principal propósito es el de “asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente (Art 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional)”.
Dicho esto, surge entonces la pregunta que cada uno debería hacerse: ¿cumplió el INAI con los deberes asignados en el caso de los Qom?.

 El INAI, además, impulsa la participación de las comunidades en dos ámbitos: el Consejo de Participación Indígena y el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios.

El organismo, que en el 2013 tendrá un presupuesto total de 54.332.043 pesos y en el que se desempeñan 41 personas, se propuso  para el año el año en curso, algunos de estos objetivos:

  • “Dar continuidad y alcanzar a todas las provincias con población indígena, en la implementación de la Ley 26.160 y su modificatoria Ley 26.554, que ordena el freno de desalojos y la delimitación de las tierras de ocupación comunitaria indígena, como así también fortalecer la instrumentación de la propiedad de la tierra comunitaria indígena con otras herramientas como la regularización del dominio (mensuras); servicios jurídicos y la posibilidad de compra o expropiación de tierras de ocupación indígena”.
  • “Completar el Estudio de Condiciones de Vida de Grupos convivientes, familias y comunidades indígenas de todo el país, con el objeto de mejorar la cobertura de derechos vigentes como la Asignación Universal por Hijo, documentación y otros”.
  • “Propiciar, a los efectos de lograr una respuesta eficaz a las demandas de las comunidades, la articulación del INAI con otros organismos del Estado como el ministerio de Educación en la implementación  de la enseñanza cultural bilingüe y la instrumentación de becas; el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a los fines de la identificación, formulación y financiamiento de proyectos productivos y/o de infraestructura básica para la producción agropecuaria y autoproducción de alimentos; el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para la implementación de proyectos de infraestructura básica como el acceso al agua potable y/o el mejoramiento de la vivienda indígena”, entre otros aspectos.

Objetivos que, viendo la realidad a comienzos del 2013, parecen bastante alejados de cumplirse.

 

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En el 2013, Migraciones entregará más de 290 mil DNI a extranjeros (y otorgará casi 200 mil permisos de radicación)

De acuerdo con datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, el organismo que se encarga de admitir extranjeros en el territorio nacional, como así también de controlar el egreso e ingreso de ciudadanos argentinos, planifica entregar un total de 290.610 DNI a extranjeros durante el año 2013.

Metas y objetivos de Migraciones  para el 2013
El total de extranjeros a los que se pretende entregar los documentos de identidad, de hecho, surge de la sumatoria de los que aún se encuentran en trámite (56.700) y que fueron iniciados previamente, más los comprometidos en la denominada “producción bruta del ente”, que son 233.910.
El número, en principio, resulta llamativo debido a que en el año en curso se realizarán elecciones para cargos legislativos en el país.

Al mismo tiempo, y tal como se puede observar en el facsímil adjunto,  Migraciones se puso como meta otorgar 198.444 permisos de radicación, prorrogar la permanencia de 15.530 personas y autorizar mediante “permisos de ingreso” a 38.826 extranjeros. También pone como objetivo 32 mil “renovaciones precarias”.

En cuanto a la regularización de nacidos en otros países, la Dirección Nacional de Migraciones promete enviar 2.800 notificaciones, citar a 12.160 personas, expulsar del país a 285 ilegales, labrar 777 actas y efectuar 3760 inspecciones para que se cumpla con la Ley de Migraciones.

El organismo estatal,  a cargo de Martín Arias Duval, estima que ingresarán y saldrán del país 46.692.412 personas.

Los 2.234 empleados de Migraciones contarán con un presupuesto de 578.025.483 pesos.
 
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martes, 15 de enero de 2013

¿El AFSCA tiene funciones similares a la AFIP?

Cinco Direcciones Nacionales. Una Dirección General.  Tres Subdirecciones Nacionales. Dos Subdirecciones Generales.  Cuarenta y cinco coordinaciones y treinta y seis delegaciones. Además de tener bajo su ala al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que a su vez tiene dos coordinaciones. Ese es el armado interno de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), según la Resolución 1956/2012, publicada en el Boletín Oficial 32.534 del lunes 3 de diciembre del 2012.

En todo este laberinto burocrático propuesto para el AFSCA, además, trabajan en total 331 personas, con un presupuesto cercano a los 226 millones de pesos.
La resolución, que fue firmada por Martín Sabbatella,  pasó casi desapercibida. Pero resulta interesante analizarla porque le asignó funciones muy particulares al organismo.

De hecho,  Sabbatella reglamentó para el AFSCA actividades “similares” a las que posee la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  en cuanto a investigación patrimonial de los adjudicatarios de licencias. Y en muchos sentidos, podría ser interpretado como un doble control a titulares de los medios.     
Por ejemplo, la oficina denominada “Coordinación de Gravámenes y Control de la Recaudación”, en el punto 2 de su accionar, tiene como función “registrar las declaraciones juradas impositivas de los titulares de servicios de comunicación audiovisual de todo el país”.

A su vez, la  “Coordinación de Análisis Sectorial y Proyección de Recursos Tributarios”, en su punto 1, tiene como función: “Investigar, documentar e informar sobre el desempeño económico de los prestadores del sector audiovisual a nivel nacional y provincial a fin de evaluar su capacidad contributiva”. En el punto 3, esa misma repartición, se afirma que la tarea será “contribuir al plan de inspecciones con información económica que contribuya a identificar prestadores que hayan incurrido en incumplimientos en el pago de gravámenes y tasas”.
La oficina de “Coordinación de Análisis Regulatorio”, en el puntos 6, afirma que su tarea será la de “analizar y controlar la composición societaria de los licenciatarios”. En su punto 7, “asistir a los requerimientos relativos a la situación accionaria de los licenciatarios”.  Y en su punto 11, “analizar la capacidad patrimonial y el origen de los fondos de los solicitantes en los procesos de adjudicación de licencias, transferencias, cesiones y todo análisis patrimonial que le sea requerido”.

Incluso, la oficina “Coordinación de Transferencias” afirma que su tarea será la de “analizar la viabilidad de las propuestas vinculadas a las transferencias de acciones y/o licencias por parte de personas físicas y/o jurídicas”.
Como se ve, un análisis completo de la situación financiera de cada adjudicatario. Es decir, los medios no sólo serán auditados por la AFIP mediante la presentación de sus declaraciones juradas correspondientes, sino que recibirán un análisis tan o más profundo por parte del AFSCA.

Esa misma resolución, firmada por Martín Sabbatella, en las funciones asignadas a la oficina de “Coordinación de Investigaciones e informes sobre Contenidos”, en su punto 1 indica claramente que como acción deberá “coordinar investigaciones acerca de los contenidos de los medios audiovisuales”; en su punto 2, “producir informes periódicos sobre las investigaciones realizadas en materia de contenidos audiovisuales”; en su punto 3, “dar difusión pública a los diversos informes producidos”, y en su punto 4, “proponer nuevas líneas de investigación y publicación en materia de contenidos de comunicación audiovisual”.

Por último, en el área de “Coordinación de Fiscalización”, además, se propone en su punto 4  “fiscalizar las grillas de programación de los servicios de comunicación audiovisual de todo el país”; en su punto 1, “sistematizar los informes producidos por los fiscalizadores, y remitirlo al área de evaluación pertinente para que determine la ocurrencia o no de la imposición de una sanción.

 

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