martes, 30 de septiembre de 2014

Sileoni adquiere 2.5 millones de libros y 750 mil peliculas en DVD vía contrataciones directas

Por José M. Stella

Desde hace un tiempo se debate sobre la calidad de la educación pública argentina y si el gasto destinado al área – el mayor en muchas décadas – está siendo bien direccionado. Al resultado negativo de las pruebas PISA, que mostraron un marcado retroceso en el promedio del rendimiento de los alumnos argentinos, y a las críticas por falta de insumos básicos en los principales centros educativos, se le suma ahora un nuevo capítulo: Más de un centenar de contrataciones directas, con el fin de comprar 2.5 millones de libros y 750 mil películas destinadas a los alumnos de escuelas públicas.

Contratación directa 127-2014 de Editorial Colihue SRL
En rigor, este tipo de compras no son nuevas. Durante el 2012 y el 2013, el Ministerio de Educación, adquirió también vía contrataciones directas, millones de libros a editoriales como parte del plan “La Biblioteca en el Aula”, cuyo fin es repartir  obras literarias de forma gratuita en las escuelas públicas de la Argentina.

Entre el 16 y 29 de septiembre del 2014, desde el ministerio a cargo de Alberto Sileoni, se adjudicaron 169 contrataciones directas (una de las cuales no posee número identificatorio), a 18 editoriales y sociedades de hecho por un total de $78.577.468. La cifra total que cotizaron las empresas originalmente fue de $157.1 millones; pero el ministerio logró un descuento del 50 por ciento sobre el precio en cada una de las contrataciones.

Los 2.490.000 libros adquiridos pertenecen a diversos autores y presenta temáticas variadas, que van desde clásicos como Las aventuras de Huckleberry Finn” o “El Corsario Negro”, hasta títulos menos conocidos como “Cenicienta…es una mugrienta”, “Barbanegra y los buñuelos” o “El hombre sin cabeza”.

Entre las empresas beneficiadas por las contrataciones directas, según un relevamiento realizado por (Eliminando Variables), se destacan Ediciones SM SA (350.800 libros por $10.308.636); Iamique SA (163.600 libros por $8.341.613);  Kapelusz Editora SA (304.900 libros por $8.320.494); Fondo Cultura Económica SA (310.800 libros por $6.660.060): Ediciones Colihue SRL (144 mil libros por $6.576.453); AZ Editora SA (164.300 libros por $5.277.967); V&R Editoras (123.100 libros por $4.773.775) y Ediciones del Sol (153.100 libros por $4.513.977), entre otras.

Las contrataciones

El denominado "Régimen  de Contrataciones del Estado" le permite a la cartera dirigida por Alberto Sileoni comprar obras a discreción de acuerdo a los apartados 2 y 3 del Art. 25 que regula tales adquisiciones.

Contratación directa 119-2014 de Editorial Del Sol SRL
Pero al analizar las cientos de contrataciones realizadas, surgen algunos datos curiosos. Editorial Colihue SRL ( contratación 127/2014, expediente N° 1384/14), empresa que pertenece al integrante de Carta Abierta, Aurelio Benito Narvaja, figura entre los beneficiarios principales de la compra con un total de $ 6.576.453 y la empresa Ediciones del Sol SRL,  que es atribuida al hijo de Narvaja, recibió contratos por otros $4.513.977 (contratación 119/2014, expediente N° 1377/2014).

En el caso de Ediciones del Sol SRL, según la base de datos de contratistas estatales, figura como socio gerente Álvaro Pablo Díaz. Sin embargo, estos datos son antiguos ya que no se actualizan desde el año 2010.

Quizás por influencia de la nueva relación con el Vaticano, otra de las grandes beneficiarias es la Editorial SM SA, un sello vinculado a la comunidad católica que facturó al Ministerio de Educación $ 10.308.636 en títulos para niños y adolescentes. Se trata de un giro importante en los catálogos educativos, teniendo en cuenta que apenas unos años atrás integrantes de la comunidad cristiana denunciaron que el mismo ministerio había distribuido libros para adolescentes con escenas de sexo, violaciones y ataques a la iglesia.

Editorial SM SA seguramente verá con mucho agrado las compras por parte del Ministerio de Educación. El último balance societario presentado en octubre del 2013, según el sitio de proveedores del Estado (SIPRO) y al que accedió (Eliminando Variables), firmado por el contador Alejandro Frechou, muestra que el resultado total del ejercicio había entregado un rojo de casi 2.6 millones de pesos, pese a haber vendido casi 44 millones de pesos.

Por otro lado, resultó llamativa la contratación directa sin número, pero con expediente 1380/14 que se realizó con Ediciones Eclipse SRL para la compra de 106.800 libros por un monto de $3.289.962. El pedido más importante realizado por Educación hacia Ediciones Eclipse SRL fueron los 36.800 ejemplares del libro “Sumamente Hormiga”, que cotizó a un valor $1.062.048. Ese número equivalía al 32 por ciento del pedido total.

Contratación directa sin número de Ediciones Eclipse SRL
Al analizar los precios pagados por el ministerio también surgen algunas sorpresas. Pese a que se aplicó en casi todos los casos un descuento del 50 por ciento sobre el valor del libro, existen precios que parecieran desafiar las matemáticas. Por ejemplo, Ediciones del Sol SRL facturó $46.80 por cada ejemplar del libro “Cada casa, un mundo”, que en la editorial Editorial Colihue SRL, es vendido a $62. Si se considera que los vendedores de Del Sol redujeron el valor a la mitad, significa que el libro original debiera salir $93.60, un 30 por ciento más caro que en la firma con la que comparten la página web. Algo similar sucede con el libro “La nariz”, que Ediciones del Sol ofrece a $45 en su web y de aplicarse un 50 por ciento de descuento debiera costar $22.5 aunque el ministerio prefirió comprarlo por $34.2. En otras editoriales del listado se repite la misma operatoria, aunque no en todas las que figuran allí.

Al analizar las películas que se les ofrecerán a los estudiantes, también aparecen algunas sorpresas. En las cuatro contrataciones directas para comprar 750.000 películas por un valor de $10.955.123 millones de pesos, se contrató directamente los servicios de cuatro proveedores: Tren de Manuel García y María Elisa Caligaris SH; SBP Worldwide SA; Eclectique SA y Gijef SA.

Ahora bien, ¿qué clase de DVD se enviarán a las escuelas secundarias y por qué se eligieron esos títulos en particular?.

No fue posible hallar un documento que explique la necesidad pedagógica que los llevó a contratar la compra de las películas argentinas, finlandesas, japonesas y francesas que figuran en el listado. Considerando que en muchas escuelas del interior no existe electricidad ni sistema de proyección - e incluso faltan pizarrones, bancos o paredes - se deberá esperar la palabra del ministerio para conocer qué aportará a mejorar la situación de un alumno Wichi el conocer la historia de un joven albino en Finlandia  o la trama oscura de un niño voyeur francés a un adolescente del conurbano. 

Años anteriores:  2012 y 2013

Vale destacar que en ninguna de las contrataciones descriptas con anterioridad se mencionaron las compras, también por contrataciones directas, de millones de textos escolares a muchas de las empresas que figuran en este informe.  Tal es el caso, por ejemplo, del artículo realizado por este blog unos meses atrás sobre la adquisición de libros de poesía japonesa y poesías póstumas por $5.2 millones.

Parte de las 90 contrataciones directas realizadas en el 2012
Solamente tomando como referencia las contrataciones directas que figuran en el Boletín Oficial, (que no son todas ya que varias de ellas no aparecen publicadas pese a haber sido licitadas),  en el año 2012 –de acuerdo con un relevamiento de (Eliminando Variables)-se realizaron al menos 90 contrataciones directas de obras literarias por un total de $61.153.487 adjudicadas a 58 editoriales. Aquí se desconoce con exactitud la cantidad de libros solicitados ya que la información sobre cada una de las contrataciones directas resulta demasiado escueta.

En paralelo, el sitio La Política Online había revelado en el 2013 la adjudicación por más de 18 millones de pesos a la editorial de Aurelio Narvaja y por 9 millones de pesos a Ediciones  del Sol SRL.  Sileoni, en una entrevista con Radio Nacional en abril del 2013, informó que el Estado había comprado un total de 54 millones de libros, sin aclarar si eran libros de estudio para alumnos u obras literarias. Incluso, había anticipado que para el 2013 se comprarían un total de 67 millones de libros, tampoco sin dar precisiones al respecto.

Es decir, entre el 2012 y 2013 se adquirieron un total de 121 millones de libros para alumnos, una cifra realmente importante para cualquier sistema educativo mundial. Un dato que contrasta con las declaraciones de estudiantes en programas periodísticos televisivos, varios de los cuales se quejaban de la falta de textos para realizar sus tareas

Queda claro que el sistema de contrataciones directas permite a los funcionarios adquirir obras a granel sin necesidad de someter a los oferentes a una competencia de precios. Lo que no es transparente, es el criterio que se aplicó para comprar los libros que figuran en los documentos en lugar de otros ni el sistema de evaluación de precios que, al menos en las cifras oficiales, hacen que se aplique un 50 por ciento de descuento sobre un precio mayor que el que algunas empresas exhiben en sus páginas web. Son los misterios de la educación argentina, en donde las cifras de los contratos son siempre esclavas de lo que el contratante desea pagar. 

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miércoles, 24 de septiembre de 2014

El negocio de la fuerza bruta: Cómo esconderse de Interpol en la Casa Rosada y facturarle 18 millones de pesos al Estado

Por José M.Stella e Ignacio Montes de Oca

El gobierno nacional viene invirtiendo cientos de millones de dólares en sistemas de identificación de sus ciudadanos, y otros tantos en controlar su vida impositiva. Sólo precisa de unos segundos para saber si una persona cumple con requisitos (nunca difundidos) para poder adquirir divisas; y, en breve, el sistema de identificación biométrica hará posible saber al instante el nombre e historial de cada persona captada por las cámaras de seguridad.

Escrito de la CSJ rechazando pedido de Alberto Pampín
Pero todo este esfuerzo pareciera fallar cuando se trata de un empresario ligado al poder que, pese a estar condenado por haber sometido a una menor al proxenetismo, entraba y salía de la Casa Rosada sin que el sistema de seguridad de la sede de gobierno siquiera lo alertara. Y lo que es igual de grave, fue cubierto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aun cuando su nombre figuraba entre los prófugos buscados por Interpol.

Se trata de la historia del empresario Alberto Eduardo Pampín, que en la actualidad cumple una condena por haber sido hallado penalmente responsable de promover la prostitución de una menor, que había sido entregada para proxenetismo por sus propios padres.

El caso surgió a partir de la revelación del diario Clarín, a comienzos de agosto de este año, en donde relataba la historia de abusos que padeció una adolescente, entregada por su familia a una red de prostitución que operaba en dos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Por este delito se condenó –entre otros- al empresario del rubro de la iluminación, un hombre de fuertes vínculos con uno de los grupos de artistas y shows preferidos en la Casa Rosada: Fuerza Bruta.

Alberto Pampin, por otro lado, se encontraba prófugo, aunque su abogado afirmó que su cliente nunca había sido notificado de tal situación. Lo llamativo era que para ese momento ya existía un pedido de captura de Pampín en la página de Interpol. Y fue la chica abusada durante meses a comienzos del año 2001 quien dio con el paradero del empresario.

El proxeneta logró, mientras tanto, millonarios contratos con el Estado desde el año 2011, incluso cuando ya estaba condenado y con inhabilidad para ejercer el comercio con el Estado mediante su ex empresa, Pampín Luces SRL. Su principal contratante durante ese lapso fue nada más ni nada menos que Tecnópolis, entidad perteneciente a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, dependiente de la Presidencia de la Nación.

Esta dependencia atiende dentro de la Casa Rosada, por lo que no resulta aventurado decir que Pampín debe haber entrado más de una vez a la sede de gobierno sin que los controles de seguridad descubrieran que estaban dejando pasar a un criminal condenado.

Una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizada el 11 de junio del 2013, desestimó -por mayoría y sin tratamiento-, un recurso de queja realizado por la defensa de Alberto Eduardo Pampín. La única firma en disidencia perteneció al doctor Eugenio Zaffaroni. Se trata del mismo magistrado que estuvo involucrado en otro incidente de proxenetismo con unos departamentos a su nombre, aunque su caso fue cerrado luego que el apoderado de sus bienes, Ricardo Montivero, se hiciera responsable de las infracciones ante el juez Carlos Bruniard y pagara una multa de $12.500 para extinguir la causa.

Cuando recibió la copia de la causa de Pompín, Zaffaroni buscó “revivirla” intentando enviarla a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. El intento de Zaffaroni fue arruinado por la mayoría de los otros miembros de la Corte. No son pocos los abogados consultados por (Eliminando Variables) que vieron como sugestivo este hecho, que hubiese beneficiado al empresario Pampín, muy ligado a la Unidad Ejecutora del Bicentenario con sede en Balcarce 50. No son menores las suspicacias que despierta la cercanía entre la Casa Rosada que contrataba al proxeneta y el juez de la Corte Suprema célebre por sus fallos que beneficiaron en el pasado a personas acusadas de abusos carnales.

Certificados fiscales de contratación de Pampín Luces SRL entre 2011 y 2013
Mientras el recurso en la máxima instancia judicial argentina era rechazado, Pampín continuó realizando negocios con el Estado, al ganar 3 licitaciones públicas destinadas a Tecnópolis, por la nada despreciable cifra de $6.370.180. Es decir que mientras cargaba con la condena, seguía siendo beneficiado con contratos sin que ningún funcionario se molestara en corroborar los antecedentes de uno de sus grandes contratistas.

En efecto, los casi 6.4 millones de pesos ganados en el lapso de dos meses, a la vez, son parte de los $17.953.656 que ganó Pampín Luces SRL con Tecnópolis desde el año 2011 hasta mediados del 2013, cuando Alberto Pampín era aún su titular. De hecho, al momento de iniciar las contrataciones,  el Tribunal Oral en los Criminal N° 17 ya había condenado a Pampín a cinco años de prisión, hecho confirmado por la Cámara Nacional de Casación Penal en noviembre del 2011.

El “inciso D” del artículo 28 del “Régimen de Contrataciones de la Administración Pública” (Decreto 1023/2001), especifica que no podrán contratar con la Administración Pública Nacional y están inhabilitados, “los condenados por delitos dolosos”, quienes no podrán realizar negocios con el Estado por “un lapso igual al doble de la condena”. Según la opinión predominante  tanto en doctrina como en jurisprudencia, la prostitución y corrupción son delitos dolosos. “El dolo consiste en la conciencia del que obra al estar promoviendo o facilitando la prostitución o corrupción. El delito se tipifica también a través de la satisfacción de deseos propios”, explican profesionales del derecho consultados.

Es decir que, desde el 2011, Alberto Eduardo Pampín estaba inhabilitado, como presidente de Pampín Luces SRL, a realizar contrataciones con el Estado por un lapso de al menos 10 años. Sin embargo, las 7 contrataciones ganadas por esta compañía desde el 2011 y a las que accedió (Eliminando Variables), muestran que “alguien hizo la vista gorda” en la Secretaría General de la Presidencia, responsable de las contrataciones de la Unidad Ejecutora del Bicentenario. Y tal como se verá más adelante, no fue hasta bien ingresado el año 2013 que el proxeneta dejó la firma.

Cambio de titulares en Pampín SRL
Incluso, aun procesado y condenado, obtuvo certificados fiscales de la AFIP para ser contratista del Estado en cuatro oportunidades una vez condenado: el 22 de junio del 2011 (certificado 47/13823/2011), el 16 de noviembre del 2011 (certificado 47/27231/2011), el 11 de junio del 2012 (certificado 47/13187/2012) y el 25 de marzo del 2013 (certificado 47/6828/2013).

La AFIP es el mismo organismo que muestra una impresionante efectividad investigativa cuando se trata de evasores, contrabandistas o de negar un permiso de compras de divisas a los contribuyentes comunes. Pero en este caso, le dio certificados a una empresa liderada por un proxeneta sin que sonara ninguna de las alarmas que se disparan cuando un ciudadano común pretende, por ejemplo, comprar algunos dólares para ahorrar. 

 Y no puede argumentarse que la empresa ya estuviera desligada de Pampín. De acuerdo con documentos a los que accedió este blog, el empresario condenado  cedió sus acciones en la compañía Pampin Luces SRL el 6 de agosto del 2013, 56 días después de haber sido condenado y con pedido de captura de Interpol. Lo hizo mediante las escrituras 107 y 108 realizadas ante la escribana Mónica Liliana Sanguinetti. Allí, específicamente, Pampín entregó 7 mil cuotas sociales  a título gratuito, a su hijo Pedro Eduardo Pampín, mientras que vendió dos mil cuotas sociales de la empresa a  Bernardo Luis Doiny y María Gracia Franco. Según el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4331, publicado el 3 de febrero del 2014, Pampin Luces SRL actualmente pertenece a Bernardo Doiny, y desde julio de este año posee un pedido de quiebra.

Las contrataciones de Pampin Luces SRL con Tecnópolis

Facsímil de fundación de Pampín Luces SRL
La base de proveedores del Estado (SIPRO), muestra que Pampín Luces SRL tuvo su contrato constitutivo el 31 de julio de 1991, con el objeto de realizar iluminación para eventos y espectáculos. El nombre original de la compañía era “Pampín & Pujía Luces SRL”, y fue registrada bajo el número de inscripción en la Inspección General de Justicia  5488, en el libro 94 del tomo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con el expediente correlativo 1540560.

Hasta el 2010, según el SIPRO, básicamente trabajaba con clientes privados. De hecho, entre la selección de clientes dados a conocer por el mismo Alberto Pampín el 2 de septiembre de ese año, afirmaba haber realizado trabajos para los canales de televisión Telefé, America TV, y una agencia de publicidad de primera línea en el mercado.

Alberto Pampín figuró en la mayoría de las modificaciones de directorio publicadas sobre Pampín Luces en el Boletín Oficial, salvo  cuando ingresaron gerentes en la sociedad de responsabilidad limitada. El último “gerente” nombrado durante el año 2012 fue Javier Alejandro Bustos, un monotributista y especialista en la producción de espectáculos teatrales y musicales.

Hoy el destino de la empresa es incierto: Desde el 14 de julio del 2014, posee un pedido de quiebra que se tramita en el juzgado comercial a cargo de la doctora María Cristina O’Reilly.

Sin embargo, como se vio, no todo fue zozobra en la vida de Pampín Luces SRL durante los últimos años, lo cual hace más sugestiva la repentina decadencia de la firma. Entre el 2011 y mediados del 2013, Pampín Luces SRL facturó, solamente para el predio de Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Art,  un promedio anual de 6 millones de pesos en concepto de alquileres y provisión de equipos de iluminación. Poco más de doce meses después del cambio de accionistas, ocurrido en agosto del 2013, pareciera que el dinero de la compañía se esfumó.
Licitación Pública 40-2011

Por ejemplo, en el 2011, Pampín Luces SRL fue beneficiada con la licitación pública 40/2011, expediente 31.596/2011, por $6.220.000. La misma consistía en la provisión, montaje y desmontaje, en calidad de alquiler, de iluminarias a instalar en Tecnópolis.

En el 2012, Pampín Luces SRL fue beneficiada con al menos 2 licitaciones públicas (más una ampliación) realizadas también en Tecnópolis: la 43/2012 (expediente 34.937/2012), por un monto de $1.240.780, para instalar iluminarias; y la 45/2012 (expediente 34.941/2012), con el fin de realizar un servicio de iluminación ornamental en calidad de alquiler. El monto contratado original fue de $3.435.580, al que un par de meses después se le adicionó una ampliación por un monto de $687.116. Es decir, el total facturado en  la licitación pública 45/2012 fue por $ 4.122.696, alcanzando en el año 2012 unos 5.363.476 pesos.
Licitación Pública 43-2012

Ya en el año 2013, también gracias a Tecnópolis, Pampin Luces SRL ganó 3 licitaciones públicas por un total de $6.370.180. Las mismas fueron las licitaciones 25/2013 (expediente 35.597/2013), 26/2013 (expediente 35.524/2013) y 28/2013 (expediente 38.570/2013). Las adjudicaciones fueron, respectivamente, por $479.160, 4.610.900 y por $1.280.120.

Cabe destacar que en todos los casos, las licitaciones mencionadas en el párrafo anterior fueron realizadas por la Dirección de Patrimonio y Suministros dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Licitación Pública 26-2013
La joven víctima que actuando en solitario logró identificar y poner tras las rejas a Pampín mostró tener más recursos que el Estado nacional para darle un principio de final lógico al caso. Y desnudó la dolorosa realidad de un sistema judicial que no puede atravesar con su mirada los filtros que se construyeron para opacar lo que sucede en ciertos pasillos del gobierno. Queda claro que esos ámbitos, un condenado puede seguir haciendo sus negocios y pasearse cerca del despacho presidencial sin que se active ninguna de las alarmas que protege a la primera mandataria.

No menos importante es la lección impositiva. No es tan grave transigir las normas que impiden contratar condenados por dolo en el Estado y asignarles millonarios contratos; lo importante es que el ciudadano común esté al día con sus impuestos y cumpla a rajatablas las normas si quiere conseguir un permiso para comprar divisas.

Pampín es ahora el ejemplo perfecto de un modo de hacer negocios dónde no pareciera ser relevante tener un historial limpio. Apenas basta con saber dónde esconderse y cómo hacer millones desde la clandestinidad.  

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jueves, 18 de septiembre de 2014

¿Precariedad laboral?: El curioso caso de Clarisa y el ministro Tomada

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Desde tiempos del menemismo, los gremios estatales reclaman por la situación de miles de empleados que permanecen  por muchos años como personal contratado, aunque por su antigüedad y funciones debieran pasar a la planta permanente de cada cartera. Esa situación es particularmente grave, vaya paradoja, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  dirigido por Carlos Tomada. Allí, el 65 por ciento de los trabajadores presta servicios con la modalidad de contratados, de acuerdo a un estudio de la agrupación gremial ATE a comienzos del 2013.

Decisión Administrativa 83-2009 con nombramiento de Soto
Entre estos empleados precarizados se encuentra Clarisa, que desde hace por lo menos 8 años realiza importante tareas dentro del ministerio que dirige Tomada. Clarisa, a diferencia de otros empleados del ministerio, tiene un modo de hacer llegar su reclamo. Lo puede hacer en la mesa familiar o en un paseo dominical, ya que Clarisa es la mismísima esposa del jefe de la cartera laboral

En rigor, de acuerdo con la interpretación de la decisión administrativa 83/2009, instrumento por el cual se contrató originalmente a Clarisa Beatriz Soto,  la mujer ya venía desempeñando tareas dentro del ministerio, debido a que este documento solicitaba expresamente la “ampliación de la jornada laboral” de la mujer de Tomada.

Según este documento, Soto fue contratada como “Analista Principal” en la “Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales”, específicamente en la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales  del  ministerio de Trabajo, con el grado y nivel B-6, entre el 01 de marzo del 2009 y hasta el 31 de diciembre del 2009.

Luego, a través de diversas resoluciones ministeriales a las que accedió (Eliminando Variables), fue contratada en continuado hasta la actualidad. De hecho, el último contrato de Soto corre desde el 01 de enero de este año y concluirá el 31 de diciembre.

Facsímil de la declaración jurada 2013 de Carlos Tomada
No existe ninguna duda que Clarisa Soto es la mujer del ministro Carlos Tomada. Su DNI figura en la declaración jurada 2013 del funcionario al frente de la cartera de Trabajo como “conyuge/conviviente”. Consultadas bases de datos privadas,  con el fin de rechequear la información, el domicilio de Soto coincide con el de Tomada, dando ambos domicilio en una casona del barrio de Palermo. Es más, en el año 2010, la mujer fue víctima de un asalto en esa casa, que tuvo bastante repercusión en los medios.

Tomada y Asociados SRL, Carlos A Tomada Relaciones Laborales SRL y la Declaración Jurada

El 17 de octubre de 1996, seguramente, será un día difícil de olvidar para Carlos Tomada. Es que en esa fecha, en la segunda sección del Boletín Oficial 28.502, fue publicada una sociedad de responsabilidad limitada formada por el actual ministro y sus dos hijos Fernando y Wenceslao, y otra compuesta por su actual esposa, Clarisa Soto, y un familiar, que sería su hermana, de nombre Tulia.
Facsímil de formación de Carlos A Tomada Asesores

Las empresas conformadas fueron Carlos A. Tomada Relaciones Laborales SRL y Tomada y Asociados SRL. Ambas compañías coincidían en el domicilio: el primer piso de Hipólito Yrigoyen 1780, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Carlos A. Tomada Relaciones Laborales SRL, los socios iniciales fueron la docente Tulia Tomada, el actual ministro, Carlos Alfonso Tomada y su esposa, Clarisa Beatriz Soto. El objeto de la sociedad era la de ser una consultora y gestoría en cuestiones laborales,  permitiéndole realizar asesorías a personas, empresas o instituciones, como así intervenir frente a las autoridades ante algún inconveniente que se le presentara a sus clientes.

La sociedad, de hecho, duró hasta comienzos del 2002, cuando Tomada fue nombrado “Secretario de Trabajo” del entonces presidente Eduardo Duhalde. Al respecto, en el instrumento privado realizado para disolver la sociedad el 02 de abril del 2002, y que fue publicado en el Boletín Oficial,   expresaba textualmente que Clarisa Soto había sido nombrada “liquidadora y depositaria de la documentación social”. La publicación en el Boletin Oficial fue realizada el 25 de noviembre del 2002, estuvo firmada por la abogada Analía Andreoli.

Facsímil de formación de Tomada y Asociados abogados
Casi un año después, el 28 de octubre del 2003, volvieron a repetir el aviso en el Boletín Oficial, con algunos cambios: La escribana Herta Lilian Cepra firmó la escritura 166, folio 526, registro 1357, en donde finalmente  se disolvía la sociedad conformada por Tulia Tomada, Carlos Tomada y Clarisa Soto, recordando que la liquidadora de la empresa era la misma Soto.

Tomada y Asociados SRL, por su parte, era un estudio de abogados conformado por el actual ministro y sus dos hijos: Wenceslao y Fernando. Pese a que figuraban sus hijos, en la sociedad figuraba como “gerente” el mismo Tomada.

El 16 de enero del 2002, un día antes de asumir formalmente como Secretario de Trabajo, Tomada llamó a una asamblea “ordinaria y extraordinaria” en su estudio de abogados, decidiendo cambiar el nombre a “Asesores en Relaciones de Trabajo SRL”. Carlos Tomada, de hecho, afirmó haber renunciado a la empresa, nombrándose como “nuevos gerentes”, tras la modificación de un artículo del acta fundacional,  a Raúl Arístides Rosetti y Horacio Ismael Beresñak por 3 ejercicios.  El cambio societario fue refrendado, nuevamente, por la abogada Analía Andreoli.

Clarisa Soto, liquidadora

Aunque está extendido el rumor sobre su presunta participación en un estudio de abogados, que puede ser encontrado con una simple búsqueda en Internet,  en su declaración jurada de bienes del 2013, Tomada afirmó no tener ninguna participación accionaria en sociedades, ya que sus únicas inversiones serían obligaciones negociables de la petrolera YPF, adquiridas entre marzo y agosto del 2013.

En esa declaración jurada 2013, Tomada afirma haber recibido cuatro propiedades por “herencia” (dos terrenos, dos casas quintas, entre 1971 y 1992) en el Partido de General Pueyrredón. La participación en cuanto a titularidad de esos domicilios va del 10 al 16.66 por ciento, según declaró el ministro, valuando esas propiedades desde la irrisoria cifra de $480,10 hasta los $4.578,83.

En la Capital Federal, además, Tomada cuenta con dos propiedades, una en donde posee el 50 por ciento de la titularidad y la otra, el 100 por ciento. El actual ministro de Trabajo valuó esas propiedades –que van desde los 170 a 344 metros cuadros - en cifras que varían desde los $148.064 hasta los $230.150.

Los ingresos anuales del ministro, entre salarios y otras categorías, rondarían los $800 mil.

Antecedentes y viajes de Soto y Tomada

Mediante una simple búsqueda en Internet, (Eliminando Variables) pudo comprobar que Clarisa Soto, la mujer de Carlos Tomada, está vinculada con el ministerio de Trabajo desde el año 2006. Ese año, de hecho, fue la encargada de realizar, para el cuarto trimestre, la denominada “Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)”.

Viaje a Ginebra de Clarisa  Soto y Carlos Tomada
Ese estudio, según se desprende de los documentos, fue realizado por la misma Soto en colaboración con Walter Lauphan.  El trabajo de campo, además, fue dirigido por Fabián Berhó, de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales, lugar en que fue nombrada posteriormente la esposa del ministro en el año 2009.

Por otro lado,  el 12 de junio del 2008, tanto Tomada como su mujer participaron de la 97° Conferencia Internacional del Trabajo, que se realizó en Ginebra, Suiza. Soto, de hecho, viajó en concepto de “consejera técnica” y “asesora” de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales.

Es por lo menos curioso que la propia esposa del ministro sea una de las miles de personas que trabaja con contratos precarios, en particular porque su propio marido había prometido en enero de 2013 que regularizaría la situación de los empleados de su cartera y pasaría a planta permanente a por los menos el 85 por ciento de los trabajadores del ministerio. Esta promesa está reflejada en un artículo periodístico de comienzos del 2013, en el que Tomada dijo que existían un cupo de blanqueo suficiente para sus precarizados. 

Clarisa Soto, contratada en el 2014 por el Min. de Trabajo
No menos importante es un muy reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que afecta a los 3.32 millones de empleados públicos de la Argentina. En el caso D´Atri, Maria Elizabeth contra Universidad de Quilmes, la CSJ estableció que la empleada realizaba tareas propias de un trabajador de la planta permanente y que por lo tanto debía contar con los mismos derechos que sus pares que trabajan "en blanco", aunque estuviera inscrita en la planta transitoria. Si bien el expediente judicial interviene sobre un caso de indemnización por despido, influye sobre la condición de los trabajadores que hoy siguen presentando facturas de monotributistas o cobran bajo otras modalidades diseñadas para no admitir su situación de igualdad con otras personas contratadas como empleados del estado. En palabras más breves, reconoce iguales derechos laborales a precarizados y contratados en blanco por el Estado. 

Por lo que puede verse, Clarisa Soto de Tomada reúne todos los requisitos para pedir su pase a planta permanente, derecho que bien puede reclamar en su condición de empleada y esposa del ministro que debe regular las políticas laborales del país. Con más de ocho años trabajando en el ministerio y ejerciendo tareas con la idoneidad que llevó a su contratación, sería un perfecto ejemplo para el resto de los trabajadores que dependen de las decisiones de Carlos Tomada.

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domingo, 14 de septiembre de 2014

El Festival de Canes de Echegaray: 65 millones de pesos para reforzar su ejército canino

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Adjudicación de la millonaria licitación pública 121-2013
Durante sus viajes al exterior por motivos profesionales y familiares, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, debe haber advertido que las fronteras argentinas necesitaban ser reforzadas. Por eso decidió gastar más de 65 millones de pesos para multiplicar la fuerza de canes especializados en el letal contrabando de divisas extranjeras y, en menor medida, en la detección de traficantes de droga, un hecho que -a juzgar por las declaraciones de los funcionarios- no se trata de un problema tan grave en relación a lo que sucede en otros países de la región.

El ente de Echegaray licitó a fines de mayo la "primera etapa" de remodelación y adecuación del Centro de Instrucción de Adiestramiento Canino que la entidad posee en Boulogne, en el partido de San Isidro, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El costo de la “restauración, adecuación y refuncionalización” de este predio fue estipulado en $65.390.131,35, y la encargada de la obra será la empresa Adanti Solazzi SACIF, según la disposición de la AFIP 185/14, publicada en el Boletín Oficial.

Según declaró el mismo Echegaray al diario interno de la AFIP, el millonario presupuesto será utilizado para construir galpones, escenarios de entrenamiento, un laboratorio veterinario y de ensayos para los más de 300 perros que actualmente tiene ese centro, entrenados contra narcotráfico y detección de billetes.

La licitación de readecuación de este Centro Canino, de hecho, estaba planificado desde al menos el año 2012, cuando Echegaray dispuso un presupuesto de $26 millones para ser utilizado con ese fin entre el 2013 y 2014; es decir, $39.4 millones más que el precio finalmente adjudicado en mayo del 2014, por los 65.4 millones de pesos arriba mencionados.

Llamado a licitación pública 121-2013
Esa licitación pública fue la 121/2013, con expediente 256460/13. La misma contenía una cláusula de “ajuste alzado”, lo que significaba que aunque se encarezca en el valor de los materiales y de la obra de mano, bajo ningún argumento se podría solicitar un incremento de precios, ya que la obra había sido contratada por una suma determinada.
No obstante, en el predio de Boulogne al menos una obra había sido adjudicada previamente según pudo conocer (Eliminando Variables). Fue en junio del 2013, cuando por medio de la contratación directa 37/2013, expediente 0252307/13, se le adjudicó a CCIN-Construcciones Civiles e Ingeniería SRL, la colocación de un cerco de protección por el que se pagaron $38.241.
En Boulogne, los perros son únicamente adiestrados. En rigor, el criadero de la AFIP, conocido como la Unidad de Cría de Canes Aduaneros, está en la ciudad de Tandil. Allí, mediante un acuerdo que realizó algunos años atrás Echegaray con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se decidió criar perros de las razas labrador, golden retriever y flat coated retriever.

Los curiosos presupuestos del Centro de Instrucción de Adiestramiento Canino
Según el presupuesto de la AFIP publicado a mediados de marzo del 2013, el ente fiscal comandado por el abogado Echegaray había destinado para ese año $1.084.000 en la remodelación del Centro Canino. De igual forma, preveía un gasto en el 2014 de $24.916.000 para concluir la obra. Es decir, la obra tendría un costo de 26 millones pesos.

Presupuesto original 2013 del Centro Canino
Ese mismo presupuesto aseguraba que durante el 2013, habría un “avance físico” de las obras estimado en un 4 por ciento, concluyendo el 2014 con el 96 por ciento restante. Pero en una reformulación presupuestaria llevada adelante durante el 2013, sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente. Ese millón de pesos inicial destinado a la obra “desapareció”, y el presupuesto de la obra se duplicó: Pasó de los $26.000.000 planificados previamente hasta $55.400.000, de los cuales $15.697.000 se utilizarían en el 2014 y $39.703.000 se devengarían en el 2015.
Incluso, pese a que no existía dinero para utilizar en el proyecto, la AFIP afirmaba que durante el 2013 el “avance físico” treparía al 28 por ciento, dejando el 72 por ciento restante en el 2014.
A mediados de febrero del 2014, la AFIP publicó su presupuesto para el año en curso. El costo de la obra continuaba en $55.400.000, pero en el ítem “avance físico” de la obra, se afirmaba que hasta el 2013 no se había realizado ningún tipo de construcción o refacción, y que se prometía para el 2014 concluir con el 28 por ciento de la obra, más un 72 por ciento a terminar en el 2015.
Es decir, en realidad no se había avanzado en absoluto como se afirmaba en documentos anteriores o lo que se había construido fue demolido para volver las obras a cero. Todo un misterio que los sabuesos de la AFIP sabrán resolver con la misma sagacidad que indagan en los gastos de monotributistas y empresas sospechadas.

Modificación del presupuesto 2013 sobre la obra en el Centro Canino
En mayo de este año, tal como se dijo, se publicó la adjudicación del proyecto en su primera etapa en $65.390.131,35, es decir, $39.390.131.35 más que lo originalmente pautado (un 151.5 por ciento de incremento).


La Obra
De acuerdo con declaraciones de Ricardo Echegaray al diario de la AFIP “Diálogo Fiscal”, la idea de este millonario desembolso era la conformación de la “Escuela Nacional Modelo de Canes”, con una superficie total –una vez terminadas todas las etapas de la obra en el Centro de Instrucción de Adiestramiento Canino- de 12.500 metros cuadrados.

(Eliminando Variables) intentó acceder al pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública de la AFIP 121/2013. El mismo no está disponible en el sitio de compras del Estado, ni tampoco pudo ser hallado en la web del ente recaudador. Es decir, no pudo conocerse con exactitud la cantidad de metros que se construirán en esta etapa 1 de la obra, por lo que no se puede hacer un costo del valor del metro cuadrado supuestamente a construir.
En general, las garantías de mantenimiento de ofertas en licitaciones públicas estatales equivalen a un 5 por ciento del total del monto de la obra. Si una empresa que se presentó a una licitación no queda seleccionada, el Estado con posterioridad devuelve ese importe. Lo particular en el caso de la licitación pública 121/2013, es que la misma AFIP determinaba en pliegos una garantía de $553.500, cifra que -llevada al 100 por ciento- equivaldría a un costo total de esta etapa de la obra de $11.070.000. Muy lejos de los $65 millones que fueron finalmente adjudicados a la firma Adanti Solazzi SACIF, una empresa fundada hace más de 60 años y que estaría presidida actualmente por Miguel Marcelino Aznar y Edgardo Amadeo Coppola.
Presupuesto original 2014 del Centro Canino

Adanti Solazzi SACIF, de hecho, cuenta con certificado para ser proveedor estatal aunque sus balances y datos societarios – a nivel proveedores- no fueron actualizados desde el año 2004. Un hecho llamativo, ya que el año pasado, la firma presentó los últimos 5 balances societarios en la licitación pública 01/2013 que realizó el Yacimiento Carbonífero Río Turbio para la construcción de un patio de residuos. Nuevamente, se confía en los inspectores impositivos para resolver semejante ausencia de requisitos, mucho más graves que los que los llevan a clausurar un comercio o suspender la clave fiscal a un monotributista desprolijo.
Además, Adanti Solazzi SACIF obtuvo el año pasado el contrato de “reparación y conservación de la puesta en valor de un edificio en la calle Paraná al 451/457 de CABA”, perteneciente al ANSES, por $19.287.186.31, por lo que también debió actualizar sus datos.

Lo que se viene
La decisión de incrementar la fuerza de canes de la AFIP no es un hecho menor. Es imposible despegarlo del cepo cambiario que tiene en la agencia de impuestos unos de sus arietes más formidables. Tampoco de los procedimientos judiciales contra financieras en la que participan hombres de Echegaray y los requisitos más severos que anunció la AFIP para eventuales compradores que buscan evitar que sus ganancias y ahorros sean devorados por la inflación o la inseguridad.

La fuerza de canes de Echegaray sólo puede indicar que el cepo seguirá y se reforzará, habida cuenta que para Echegaray se andan necesitando más perros en las entradas y salidas del país. El organismo ya indicó que de los 300 perros, la mitad estarán especializados en detectar billetes.
Las noticias sobre decomisos no son por ahora alentadoras. En lo que va del año 2014, la AFIP secuestró gracias a sus perros U$S 30.000 en un auto que salía hacia Uruguay, otros U$S 100.000 en el paso de Los Horcones en Mendoza, otros U$S 530.000 a una pareja coreana que venía de Punta del Este y desarticuló otros contrabandos por un valor cercano al millón de dólares. Se trata de una cifra algo exigua para los casi 8 millones de dólares, en una “primera etapa”,  que demanda el fisco para entrenar a sus perros.

Puede argumentarse que la otra mitad de los perros sirven para detectar el paso de drogas, aunque también es posible preguntarse para qué se duplica la tarea que ya realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria y sus pares de la Federal con sus propios perros.

Crédito de la foto: Diálogo Fiscal
Lo cierto es que Echegaray decidió gastar 65 millones en un contexto en el que la restricción cambiaria parece haberse convertido en una política de estado prioritaria que llegó para quedarse.

De no ser así, en un futuro cercano habrá un montón de perros especializados en perseguir viajeros cargados de fajos de billetes que deberán buscar otro empleo y dejar de enroscarse en los turistas que huelen al inconfundible perfume de los dólares. Quizás puedan ser usados para identificar a los proveedores del Estado y sus mecenas, que a costa de proyectos siempre multimillonarios -y no siempre justificados- circulan con los bolsillos llenos de divisas fuertes y sin miedo a ser detectados.

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miércoles, 10 de septiembre de 2014

Argentina se blinda con cuadros y esculturas: Julio de Vido gastó en 18 meses más de $427 millones en obras de arte para el Estado

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Puede que las reservas en dólares se estén desplomando y que el déficit del gobierno central crezca sin pausa. Eso no significa que la administración liderada por Cristina Fernández de Kirchner haya abandonado la idea de ahorrar, aunque pareciera que lo está haciendo de un modo muy creativo.

Gastos asignados a obras de arte en el Programa 59 del 2014
Y lo que es mejor aún, los bienes que está acumulando estarán fuera de las garras de los buitres embargadores; estarán atesorados en lo que será, seguramente, la más tremenda y perdurable obra de la etapa kirchnerista: el Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Kirchner (Centro Cultural del Bicentenario), ubicado en el predio que ocupaba el palacio del Correo en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la mano del eterno ministro Julio de Vido, el Estado nacional se encuentra adquiriendo obras de arte a un ritmo furioso. Hasta ahora lleva “invertidos” más de 427 millones de pesos gracias a un ingenioso programa camuflado como “Programa 59”, nombre en código del plan de “Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital”.

Desde el 2013 y hasta comienzos de septiembre del 2014, ese programa, que es ejecutado por el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,  destinó un total de $427.326.413 en la compra de “obras de arte” no especificadas.

El “Programa 59” recibió en 2013 un total de $225.396.000, mientras que en lo que va del año 2014, se gastaron $201.930.000 para la adquisición de obras cuyas descripciones, autores,  tasaciones, criterios de compra y el lugar actual donde están siendo custodiadas,  se desconocen por completo. Es decir, desde comienzos del año pasado, se destinaron más de 20 millones de pesos  mensuales en la obtención de obras de arte para ese predio cultural aún en construcción.

Como se mencionó, en los documentos no se aclara si se trata de obras de Berni (hablamos del pintor, Antonio;  no del heli-funcionario de Seguridad, Sergio Berni), Raúl Soldi, o de copias auténticas de Picasso, Dalí o Chagall. Al menos en los legajos que acompañan al presupuesto no se especifican nombres de artistas o escultores que ameriten semejante gasto, que supera -por ejemplo- los $128.000.000 que recibió inicialmente en el 2014 el SEDRONAR, el programa de lucha contra las adicciones.

Esta impresionante erogación artística se suma a los multimillonarios desembolsos que el Estado realiza desde el 2008 a la fecha en la remodelación de ese Centro Cultural que, de acuerdo con un relevamiento realizado por (Eliminado Variables), trepa a más de 1.753 millones de pesos, sin contar las modificaciones presupuestarias durante cada uno de los períodos.

Definición de obra de arte en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
Al menos por el presupuesto, no hay ninguna duda que se tratan de obras de arte. De hecho, su identificación presupuestaria concuerda con lo dispuesto en el denominado Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Allí, su código (el número 46) coincide con el manual de clasificaciones, en donde se define como obra de arte a “colecciones artísticas y ornamentales, tales como: pinturas, estatuas, tallas, antigüedades, entre otras”.

Lo que si se supone es que semejante cantidad de dinero en obras de arte podría ser disfrutada en lo que será el Museo de Arte del Centro Cultural del Bicentenario, totalmente vidriado y  suspendido como en un candelabro.

Los desembolsos

De acuerdo con la descripción oficial del programa denominado “Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital”, el mismo está dividido en tres partes: El Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, el Plan “Argentina Conectada” y el Plan Nacional  “Igualdad Cultural”.

Según con lo especificado en el Presupuesto 2014, el denominado Plan “Igualdad Cultural”  tiene como fin el “desarrollo, implementación, coordinación y administración del Centro Cultural del Bicentenario”. Este subprograma, en apariencia, está completamente desligado con las tareas  que realiza otro ente del ministerio de Planificación,  la “Dirección Nacional de Arquitectura”,  que tiene como fin “la puesta en valor del Centro Cultural del Bicentenario”, y es por donde se canaliza el dinero de las obras para la construcción y remodelación del ex palacio del Correo.

Facsímil con la descripción del Programa 59
Es decir, desde el año 2008 y hasta septiembre del 2014, el gasto total para el desarrollo del Centro Cultural Presidente Dr. Néstor Kirchner trepa, al menos (y sin contar muchas modificaciones presupuestarias), a los $2.180.655.860.

Por otro lado, vale recordar –como se dijo- que con la publicación del Presupuesto 2013, se le asignaron $225.396.000 al “Programa 59” cuyo destino sería  la compra de obras de arte. Durante ese año, no fueron estipuladas nuevas partidas para ese fin.

En cambio durante el año 2014, por presupuesto, se le destinaron inicialmente $178.977.777 para la compra de obras de arte.  El decreto 1246/2014, publicado el 01 de agosto de este año, le incrementó el gasto en $22.952.636, por lo que a 9 meses del 2014 el dinero entregado ya trepa  a $201.930.000.

El programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital”

Desde comienzos del 2013, el programa Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital, según un relevamiento de (Eliminado Variables) recibió un total $1.559.609.453, divididos en $807.416.000 el año pasado y 752.193.373 para el transcurso del 2014. Dentro de este gasto se incluye el “Programa 59” para los marchand del ministro De Vido.

Del presupuesto de más de 752 millones de Inclusión Digital, se destinaron en 9 meses del año en curso $156 millones en la contratación de estudios de factibilidad y asesorías (o asesorías rentadas que se entregan con llamativa frecuencia a empresas e individuos cercanos al gobierno); 142 millones de pesos en transferencias a institutos provinciales y gobiernos provinciales; un total de $88.2 millones en maquinarias y equipos;  $ 27.5 millones transferidos a gobiernos municipales, y 10 millones de pesos en transferencias a institutos culturales.

Vale aclarar que Inclusión Digital es el fondo que subvenciona, entre otros, a programas de televisión emitidos en emisoras del interior que por lo general tienen como factor común el omitir toda crítica a sus sponsors del estado.

Gastos asignados a obras de arte en el Programa 59 del 2013
Por otro lado, este programa a cargo de Julio De Vido entregó $115.6 millones a organismos internacionales, en particular a la denominada Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura. Existen unos 7.5 millones de pesos que no están discriminados, es decir, no se indica el fin de ese dinero.

Resulta infrecuente que el ministro De Vido, que debe entender de cuestiones como la provisión de energía, la construcción de rutas y el lanzamiento de misiles al espacio se vea embrollado en una tarea que excede por completo su competencia y que bien podría haberse puesto a cargo de la cartera de Cultura o la Dirección Nacional de Museos, más veteranas en el complejo mundo de la valuación de las obras de arte. O quizás como sucediera con el ministro Hermann Goering, que comandaba la fuerza aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial y atesoraba al mismo tiempo miles de obras de arte, el ministro Julio De Vido tenga una faceta el que público desconocía hasta el momento.

Habrá que aguardar a que el Centro Cultural Néstor Kirchner esté terminado para revelar el misterio de los 427 millones de pesos en obras de arte. Quizás, ese día podamos sentir que valió la pena el gasto y la espera, al saber que el Pompidou o el Guggenheim sienten envidia de aquel fabuloso edificio y su colección de obras de arte, que el kirchnerismo nos supo legar a todos y todas.

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viernes, 15 de agosto de 2014

Curiosidades: Los dominios de Parrilli

Por JMS e IMO

Ya comenzó el tramo final del kirchnerismo en el gobierno y comienzan los aprestos para sostener la figura del matrimonio Kirchner dentro del movimiento que los apoya. Por eso,  el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, reservó los dominios que le permitirán seguir la batalla política desde la red. 
Dominios de CFK registrados por Oscar Parrilli
Desde mayo del 2014, Parilli registró a su nombre al menos 8 dominios de Internet con nombres relacionados tanto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o con su ex esposo -y también presidente-, Néstor Kirchner.

Las direcciones, de hecho, fueron registradas en el organismo dependiente del la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Nic.ar, y publicadas en la 4ta Sección del Boletín Oficial de la República Argentina. De acuerdo con un relevamiento realizado por (Eliminando Variables), las 8 ".com.ar” fueron registradas el 22 de mayo  de este año.

Nic.Ar está a cargo de Gabriel Brenta y de acuerdo con datos extraoficiales, habría unos 3.2 millones de dominios registrados en el país.

Los dominios que Parrilli registró son: NestorKirchner.com.ar; NestoryCristina.com.ar; CristinayNestor.com.ar; Cristina.com.ar; CristinafdeKirchner.com.ar; CristinaFernández.com.ar; CristinaFKirchner.com.ar y CristinaKirchner.com.ar. Por esta cantidad de direcciones, Parrilli habría gastado al menos $1.280, aunque en un futuro tendría muchas ganancias ante una eventual reventa de los mismos.

Dominios de NK registrados por Oscar Parrilli
Hasta el 4 de marzo de este año, para registrar los dominios en la Argentina, no había que hacer ningún tipo de desembolso. Pero desde el 5 de marzo, sí y el costo para obtener un dominio que termina con “.ar” varían si son “.com.ar”, “.org.ar” o “.gob.ar, entre otros.  El sistema permite  registrar de 1 a 10 dominios  por vez, y la duración mínima es de 1 año.

El costo de los ".com.ar", según la página del ente oficial, ronda los 160 pesos, es decir unos 19 dólares americanos con el cambio actual de $8.3 por cada billete. Actualmente, muchos ".com" pueden registrarse durante el mismo lapso (12 meses), abonando sólo 10 dólares. 

No se conoce aún si la movida apunta a no ver ocupados los dominios por terceros o si se trata de el inicio de una estrategia de supervivencia virtual para el poskirchnerismo. Lo único que se puede aseverar, es que los seguidores de la actual mandataria y su fallecido esposo deberán aguzar el ingenio para hallar fuentes que financien su movida en la red, habida cuenta que ya no contarán con los recursos estatales que hasta hoy financiaron la política de instalación de ambas figuras en los rincones mas creativos de la red de redes. 

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