martes, 27 de enero de 2015

El Gobierno y el gasto en propaganda 2015: Pagar como millonario y verse como un mendigo

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

El “Caso Nisman” y el esfuerzo del gobierno por imponer una explicación determinada sobre las circunstancias de la muerte del fiscal, puso a prueba la verdadera eficacia del gasto en propaganda que realiza el Kirchnerismo desde que está en el poder. Y no se trata de una cuestión menor: El presupuesto para sostener el sistema estatal de propaganda y estimular a los medios paraoficiales para que se sumen a esa estrategia, viene aumentando año tras año hasta alcanzar valores escandalosos.

Fútbol para Todos: El principal gasto del Gobierno en propaganda
De acuerdo con los datos relevados por (Eliminando Variables) en el Presupuesto 2015 que fue difundido días atrás en el Boletín Oficial, el Gobierno prevé un gasto inicial de todo su aparato de comunicación de $6.309.961.799, pertenecientes a un total de 15 entes o programas oficiales. Expresado en dólares, equivaldría a unos 733 millones de la divisa norteamericana.

Esta cifra equivaldría un gasto diario de $17.287.566, lo que llevado a minutos significa la erogación de $12.005 cada 60 segundos. Esos más de 12 mil pesos valen lo mismo que 3.7 jubilaciones mínimas, fijada en $3.231.63 desde octubre pasado.

Aunque de por sí parezca un número enorme, tampoco es la cifra definitiva. Es lo que se ha previsto en el presupuesto para el año 2015 y, como es previsible de acuerdo al comportamiento pasado de la actual administración, muy probablemente se incrementará con nuevas partidas a medida que se acerquen tanto las primarias, como las elecciones presidenciales de octubre.

El 73.08 por ciento de ese monto inicial, es decir, $4.611.618.297, estarán bajo la responsabilidad política del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Bajo su control, se encuentran el Programa Fútbol Para Todos, la Prensa y Difusión de Actos del Gobierno, Radio y Televisión Argentina SE y Telam SE.

Parte del gasto del Programa Igualdad Cultural, según el Presupuesto 2015
Julio De Vido, el ministro de Planificación Federal, tendrá a su cargo en principio $520.796.990, que equivalen al 8.25 por ciento del total del presupuesto global destinado a propaganda. De Vido está a cargo de, por ejemplo, el Sistema Argentino de Televisión Digital, una parte importante del Programa Igualdad Cultural –eventos y recitales- y la producción del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA), un programa camuflado bajo el concepto de “obras de arte”. Una parte cada vez mayor de ese presupuesto se está triangulando a través de contrataciones a universidades de territorios gobernados por el kirchnerismo. Esos gastos se dirigen tanto a instalaciones en Tecnópolis como a lubricar los proyectos de empresas y artistas afines al oficialismo.

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, a la vez, gastará inicialmente el 6.81 por ciento de ese presupuesto ($430.131.512) mediante la Unidad Ejecutora del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010. Este ente, que es dirigido por Javier Grossman, tiene a cargo la realización de eventos y recitales gubernamentales, como así también la puesta en marcha de la Feria Tecnópolis, que desde hace años se desarrolla en un predio de Villa Martelli. Esta partida suele ser usada para los festivales públicos en los que los artistas amigos agasajan decisiones del Estado y la figura de la presidente Cristina Kirchner.

Parte del Presupuesto de la UE Bicentenario de Javier Grossman
El Ministerio de Educación, a través de su portal educativo y canales que pertenecen a EDUC.AR SE, dispondrá de $ 370.000.000, o el 5.86 por ciento del presupuesto inicial en comunicación. Bajo el ala del ministro Alberto Sileoni, se encuentran los canales Paka Paka, Encuentro, DeporTV y el mismo portal EDUC.AR.

El 6 por ciento restantes del gasto, es decir, $377.415.000, pertenece a distintos programas y entes, como la Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, al Ministerio de Cultura, los aportes al INCAA para realizar producciones audiovisuales, el mantenimiento de las liquidadas ATC y Telam SAIP, entre otras.

Es común que los voceros oficialistas reclamen analizar los hechos y cifras en su contexto. Los gastos descritos, se realizan en un contexto en el que los artistas, deportistas y organizaciones que no comulgan con el verbo oficialista son excluidos de la inmensa mayoría de los programas oficiales. De manera que sostener que existe una pluralidad de voces que neutraliza la calificación de esos gastos como propaganda oficial es, frente a los hechos, un acto de inocencia.


El detalle de los principales gastos en medios de comunicación

El principal gasto inicial dispuesto por el Kirchnerismo será el Programa Fútbol para Todos, que incluye la emisión de los partidos de Primera A, Primera B, el Automovilismo para Todos y otros eventos internacionales de interés, y en donde se destinaron $1.643.413.883. Este número equivale a un incremento del 16.5 por ciento respecto al gasto inicial dispuesto en el 2014, año en que se le destinaron $1.410.026.837. Pese a los rumores que hablaban de un recorte del subsidio a los clubes de fútbol – o su congelamiento a lo sumo -, la previsión de dinero para este fin corrobora la importancia que le da el gobierno a sostener el actual sistema de constantes eventos deportivos televisados.

El segundo presupuesto en importancia asignado corresponde a Radio y Televisión Argentina SE (RTA SE), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, y cuyo egreso está pautado en principio en 1.355 millones de pesos. En el 2014, la cifra asignada inicial fue de $979.428.000, es decir, para este año se distribuyó un 38.34 por ciento más que a comienzos del período pasado.


Presupuesto inicial de la TV Püblica, Radio Nacional y Telam
Nótese que hasta aquí, y en los ítems nombrados en adelante, no hubo recortes de gastos y que los aumentos de las partidas superan por lo general a la cifra de inflación oficial del 23,9% decretada a través del INDEC para el año 2014.

El rubro Prensa y Difusión de Actos de Gobierno comenzaron el año con un presupuesto inicial de $1.203.204.414. Sólo en publicidad y propaganda, el Kirchnerismo dice que gastará $872.612.643 para el año en curso, una cifra que se modificará en varias oportunidades. Respecto al inicio del 2014, la cifra general de Prensa y Difusión se incrementó en 26.3 por ciento, cuando habían sido asignados $952.734.083.

Los canales Paka Paka, Encuentro y DeporTV iniciaron el año con un presupuesto de $370 millones, un incremento respecto a un año atrás de un 59 por ciento, ya que la cifra dispuesta por el mismo jefe de Gabinete Jorge Capitanich a comienzos del 2014 para estos canales y el portal EDUC.AR, fue de $232.700.000.

La agencia de noticias Telam, por su parte, asegura que gastará en el 2015, 410 millones de pesos. Este número equivale a un incremento presupuestario del 28.8 por ciento, ya que en el 2014 la cifra inicial fue de $318.200.000. Este ente fue copado por La Cámpora desde la asunción de Santiago “Patucho” Álvarez. Desde entonces aumentó su planta de personal de manera exponencial y radicalizó su postura militante.

Parte del Presupuesto inicial del Programa EDUC.AR y el INCAA
La Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó el año con un presupuesto de $54 millones, un incremento del 56 por ciento respecto a los $34.6 millones asignados inicialmente en el 2014. En el caso de la Radio de la Universidad Nacional del Litoral, el incremento es el mayor de todos los medios gubernamentales: En el 2015, tendrá un presupuesto inicial de $3.7 millones, que equivale a una suba de 462.5 por ciento respecto a los 800 mil pesos que le dieron a comienzos del año pasado. Esa radio es señalada por varias fuentes como cercana al pre candidato kirchnerista, el gobernador entrerriano Sergio Uribarri.


El detalles de los eventos culturales y recitales

La realización de recitales y eventos culturales es una de las principales herramientas de comunicación que realizó el Gobierno desde el año 2009, que se vio acentuada a partir del 2010, con los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo y con la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011.

Para este año, y tal como había revelado (Eliminando Variables) en otros artículos, el Gobierno dispondrá de un verdadero arsenal de recitales, básicamente realizados con artistas que apoyan enfáticamente al proyecto kirchnerista.

Parte del Presupuesto del Programa Igualdad Cultural
Bajo la batuta de Javier Grossman, la Unidad Ejecutora del Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010 tendrá inicialmente un presupuesto de $430.131.512 para la utilización en eventos para- gubernamentales, que incluyen también la realización de la Feria Tecnópolis. Esta feria, de hecho, no sólo recibirá dinero por parte de la Secretaría General de la Presidencia, sino que también del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo titular es Lino Barañao, cartera que aportará la nada despreciable cifra de $240.040.000.

El Programa Igualdad Cultural, cuyos responsables compartidos son el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Cultura, tendrá un gasto inicial de $123.716.667. Julio De Vido aportará $91.116.667 y la ministra Teresa Adelina Sellares (más conocida como Teresa Parodi), aportará los 32.6 millones de pesos restantes.

La suma total para eventos y recitales dispuestos inicialmente para el 2015, según el relevamiento de este blog, totaliza la insólita y novedosa cifra de $793.888.178, o, lo que es igual, 92.3 millones de dólares a un tipo de cambio de $8.6 pesos por cada billete norteamericano.

Estos eventos se realizan desde hace años y convocan a la elite de los artistas oficialistas. Este año, el gasto llegó a un nivel record y se prevén varias presentaciones diarias durante la primer parte del año.


El detalle de las producciones audiovisuales

Bajo el denominado “Programa 59” del Ministerio de Planificación Federal, se encuentra el ítem “obras de arte”, que en rigor no es la compra de cuadros y esculturas, sino la adquisición de videos de discutible calidad e importancia para –supuestamente- incrementar el patrimonio del acervo nacional del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos (BACUA).

Presupuesto en Obras de Arte para el BACUA
Semanas atrás, (Eliminando Variables) reveló que entre las millonarias compras, se encuentras videos de recitales de artistas como Axel, Paralamas do Sucesso y Café Tacuba, entre otros.

Este año, inicialmente, Julio De Vido recibirá $107.827.000 para la adquisición de “obras de arte” para el BACUA o el pago a productoras amigas de producciones audiovisuales millonarias. En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, desembolsará para Universidades y otros entes sin identificar, y con el fin de realizar también producciones audiovisuales, la nada despreciable cifra de 43 millones de pesos.

El total inicial a gastar en este rubro alcanza a los $150.827.000.


El detalle de la Televisión Satelital Digital

Dentro del marco de la disputa contra el Grupo Clarín, desde hace años, el Gobierno dispone de cientos de millones de pesos para el desarrollo del denominado Sistema Argentino de Televisión Digital.

Al frente de este emprendimiento se encuentra el ministro de Planificación Julio De Vido, quien este año recibirá, en principio y para este rubro, unos $321.853.323.

Parte del Presupuesto para el Sistema Argentino de Televisión Digital
Bajo el Sistema de Televisión Satelital se puede acceder a la Televisión Digital Abierta, conocida como TDA, en el cual aquellos que adquieran el decodificador acceden a canales como Encuentro, TaTeTi, Tecnópolis TV, Construir, Vivra, Viajar, C5N, 360 TV, Paka Paka, Incaa TV, TV Pública, DeporTV, Arpeggio, CN23, Telesur, la señal rusa RT, Digo TV, TV Universidad, Canal 26, Telemax, Stars, Telefé, Acua Mayor, Acua Federal, America TV, Canal 9, A24. El faltante más claro en la grilla de programación del TDA son los canales del Grupo Clarín, que disminuyen considerablemente la calidad de ese sistema.

En las provincias, se agrega programación local. Por ejemplo, en Chaco, se emite Chaco TV; en Córdoba, Cba24N y Canal 10 de Córdoba; en Formosa, Lapacho TV; en Jujuy, Canal 7; En La Pampa, Canal 3 de Santa Rosa; en La Rioja, Canal 9; en Mendoza, Acequia TV y Señal U; en Misiones, TV Canal 12; en Santa Fe, Canal 5 de Rosario, y en Santiago del Estero, CAS TV.

Casi sin excepción, las emisoras nombradas comparten una postura afín al kirchnerismo y reciben partidas del presupuesto de publicidad del estado nacional y los gobiernos provinciales.


Otros gastos

La liquidación de entes que tendrían que haber concluido 9 años atrás, aún continúan generando gastos. Este blog reveló semanas atrás que la ex ATC (Argentina Televisora Color) llevaba gastados durante las tres administraciones kirchneristas, casi 7 millones de pesos. Para este año, el liquidador Bernardo Pascual Iturraspe, recibirá por presupuesto 875 mil pesos adicionales, por lo que la cifra de gasto total desde el año 2003 ya roza los 8 millones de pesos.

Igual situación sucede con la denominada Telam SAIP, también en liquidación. Para este año, el presupuesto para este ente fue estipulado en $3.2 millones.

Vale recordar que ambas entidades están bajo la órbita de Axel Kicillof.


Los gastos en entes y comisiones reguladoras

Por fuera de los gastos en medios de comunicación, propaganda, producciones audiovisuales, sistemas de televisión digitales, eventos y recitales, se encuentran los entes reguladores o de control de los medios de comunicación.

Presupuesto General del AFSCA
Inicialmente, para estos entes "autárquicos"  y comisiones que dependen del Congreso, el Gobierno dispuso un gasto de $601.565.000.

El que agrupa la mayor cantidad del gasto es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dependiente de Presidencia de la Nación, y que comenzó el año 2015 con un presupuesto de $506.546.000. Al frente de este organismo, se encuentra Martín Sabbatella.

Otro ente que recibe mucho dinero, y que se encuentra bajo la órbita del Congreso de la Nación, es la denominada Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El fin de este ente es recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio, televisión y otros servicios regulados, pudiendo actuar de oficio en materia judicial y extrajudicial. Este ente está dirigido por Cynthia Ottaviano, y tendrá un gasto inicial de $87.019.000. 

Hasta ahora, el AFSCA sirvió de ariete para fogonear una larga y por momentos fatigada lucha contra el Grupo Clarín y para aprobar trámites de grupos nacionales y extranjeros enrolados o sumisos al pensamiento del gobierno. La Defensoría de Medios, manejada por la periodista de reconocida militancia pro gubernamental y panelista del programa de propaganda 678, gastó la mayor parte de su presupuesto en sueldos y seminarios en los que no faltaron los temas principales de la agenda militante kirchnerista. 

Parte del gasto de la Defensoría del Público de Servicios de Com.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la vez, responde ante la denominada “Bicameral de la Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual”, ente también del Congreso que contará con un presupuesto de 8 millones de pesos.

Ante la ausencia de documentos probatorios, es imposible sumar el dinero que destinan a partir de los gastos reservados del sistema de inteligencia para promover y sostener a determinados medios y periodistas. Es una práctica heredada de gobiernos anteriores, cuando era llamada la “cadena de la felicidad”, que todos creen que existe,  pero que nadie ha podido probar como real.

Uno puede preguntarse frente a semejante despliegue de recursos y cajas de pago, si la estrategia de comunicación no debería estar “condenada al éxito”. Sin embargo, las audiencias no siempre se ven seducidas por el gasto o los eventos cargados de luces y estrellas, sino por los contenidos que consideran veraces.

Cuando sucedió la muerte del fiscal Nisman, y el gobierno debió cosechar años de gasto en propaganda, el resultado no fue, sin embargo, el que esperaban. Lejos de dejarse seducir por los múltiples canales y plataformas pro gubernamentales, una parte sustancial del público reflejó su divergencia con el discurso oficial y la versión del suicidio.

El caso Nisman reveló que el gobierno ha gastado ingentes cantidades de dinero para crear un sistema de formación de opinión que en el momento clave no le sirvió para mucho. Por el contrario, al no poder imponer su visión sobre la muerte del fiscal, debió hacer un inesperado cambio de estrategia al recibir las encuestas que mostraban que la mayoría del público no acordaba con sus puntos de vista y creía que se había tratado de un asesinato.

La presidente Cristina Kirchner terminará su mandato escoltada por un sistema de propaganda que hoy cuesta al erario público más de 17 millones de pesos diarios. Considerando el silencio cada vez más frecuente de la mandataria desde que las tragedias y enfermedades la alejaron de la exposición mediática continuada, esos millones parecen ser el costo que deberá pagarse para que otros hablen por ella en lo que resta del año. 

En Twitter: @EliminandoV

domingo, 18 de enero de 2015

El secreto de Tomada: El ministro renueva su despacho a un costo de 85 mil dólares

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

La gente común suele hacer las mayores reformas al mudarse a una nueva casa. Y es lógico que así sea.  ¿Qué sentido tiene hacerlas o redecorar todo de nuevo cuando uno se está yendo? Pero el ministro de Trabajo, Carlos Alfonso Tomada, no es una persona común. El funcionario decidió encarar los últimos meses de su gestión tirando - literalmente - su antiguo despacho por la ventana.

Contratación de la UTN para remodelar las oficinas de Carlos Tomada
El ministro quiere dejarle su impronta y sus gustos a la oficina que ocupará el sucesor en su cargo. Siguiendo la costumbre de tomar siempre para el lado de lo extraordinario, Tomada eligió a una universidad para asumir esa tarea. Obviamente, no optó por una facultad de arquitectura o diseño. Prefirió darle $731.500 del dinero estatal que costará esa remodelación a una universidad tecnológica, siempre bajo la condición que no anduviera contando la fantástica cadena de decisiones que rodea al contrato.

Lo concreto es que pareciera que las oficinas en las que se encuentra el ministro Tomada se encuentran en un estado calamitoso y muy poco acorde con la importancia que tiene el funcionario. Es un modo sencillo de explicar el gasto de $731.500 (equivalente 85.058 dólares a precio oficial con un dólar a 8.60 pesos) para remodelar las oficinas de forma en el piso 13 de la Avenida Leandro N. Alem 650, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Anexos del acuerdo para renovar las oficinas de Tomada
No existen dudas que allí trabaja el encargado de las políticas laborales del kirchnerismo. Según el denominado “Mapa del Estado” –organigrama en la web desarrollado por la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, que depende a su vez de la Jefatura de Gabinete-, en el piso 13 del edificio de Alem 650 se encuentran las oficinas del ministro Tomada. Incluso, ese mapa ofrece teléfonos y hasta un e-mail de contacto.

La renovación no fue el resultado de un concurso de precios entre empresas de diseño de interiores o constructoras, sino que se procedió a la firma directa de un convenio con la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien se hará cargo –según documentos oficiales en poder de este blog- de un trabajo de “albañilería” en las oficinas de Carlos Tomada.

El acuerdo de siete páginas, al que accedió en exclusiva (Eliminando Variables), fue rubricado el 29 de diciembre del 2014 por el actual subsecretario de Coordinación de Trabajo, José Horacio Ordeix, y el decano de la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, Jorge Omar Del Gener.

Los trabajos, según explica el convenio que es parte de la contratación directa 152/2014, expediente N ° 1655086/2014, deberán estar concluidos en un lapso de 90 días, y fue considerado, llamativamente, como “confidencial”.

Carlos Tomada no es el primer ministro que decide realizar renovaciones en su despacho. En abril del 2014, este blog reveló que Enrique Meyer, a cargo de la cartera de Turismo, había realizado una costosa decoración de su oficina, que incluía -por ejemplo- pedir una mesa con cubierta de mármol capuchino, un tipo de piedra que suele importarse de Turquía. El dinero invertido en esas refacciones, treparon a los 500 mil pesos.


¿Es un trabajo de albañilería millonario o es otra cosa?

En la carátula de la contratación directa realizada por el Ministerio de Trabajo se afirma que se desarrollarán tareas de “albañilería” y el objeto es realizar “una obra de remodelación del piso 13 del edificio sito en la Av. L.N. Alem 650 (SIC)”, el convenio firmado por la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN.

Costo de la remodelación de las oficinas de Tomada
Por su parte en los anexos, en el Artículo Primero del acuerdo (denominado “Objeto del Contrato”), en su primer punto se dice textualmente: “Máxima calidad y seguridad en las tareas a desarrollar, tanto desde el punto de vista de los controles, auditorías e inspecciones que deben realizar como del manejo de la información y procesamiento de datos”.

El convenio, de hecho, es exigente al extremo en la descripción de las tareas que la Facultad Regional de Avellaneda de la UTN deberá realizar en el piso 13 del ministerio, demandando un nivel que excede a un simple trabajo de albañilería de fratacho y alisado de carpetas de concreto.

En el texto del contrato se reclama “utilizar medios y herramientas modernas acordes con la magnitud e importancia de las tareas encomendadas”, “adecuados controles internos sistemáticos que aseguren la calidad y confiabilidad del producto y el cumplimiento de los plazos contractuales”, o bien “contar con profesionales y técnicos de alto nivel de capacitación y extensa experiencia para la tarea específica, que garanticen un alto grado de confiabilidad tanto profesional como personal”.  Recordemos que se trata de un trabajo de albañilería sobre una única planta, donde está el despacho del funcionario. Se esperará un nivel muy elevado de obreros y capataces que ameriten gastar $ 731.500 en el espacio que ocupa la oficina del ministro.

Reformar las oficinas de Tomada, un secreto de Estado
En el Artículo Tercero del documento al que accedió (Eliminando Variables), por su parte, se afirma que la dirección de este “Proyecto” por parte de “La Facultad” estará a cargo del “Ingeniero Rubén Vidoni” y por parte de “El Ministerio” estará a cargo el “Ingeniero Rubén Dellagiovanna, o por aquel que este designase en su reemplazo”. Vidoni, vale aclarar, es un ingeniero especializado en construcciones.

Según el Artículo Sexto del convenio, la primera etapa se desarrollará en la mitad de la planta sobre la calle 25 de mayo, mientras que la segunda etapa, se desarrollará sobre la avenida Alem, con una duración de cada una de las etapas de 45 días corridos. Dispuesto a dejarle a su sucesor un despacho a nuevo, Tomada parece decidido a soportar las incomodidades de vivir en obra en los meses finales de su mandato.

Inicialmente, la Facultad Regional de Avellaneda recibirá un anticipo de $438.900, es decir, el 60 por ciento del total a facturar que el ministerio deberá depositar en una Cuenta del Banco Patagonia a nombre de la “Asociación Cooperadora Facultad Regional de Avellaneda”. Esa entidad dependiente de la universidad, recibió en los últimos meses múltiples contratos, que van desde el armado de un stand para una muestra vitivinícola, la organización de seminarios sobre temas políticos y, en coherencia con esas otras actividades, ahora se dedicará a la albañilería ministerial.

La facultad, según el punto 2 del Artículo Octavo, será quien haga efectivo los honorarios a los profesionales y el personal interviniente en las obras. Es curioso que, pese a la normativa que obliga a las entidades oficiales a usar bancos estatales, la cartera laboral haya elegido dirigir sus pagos a una entidad privada como es el Banco Patagonia.

Mapa del Estado donde se informa el piso donde trabaja Carlos Tomada
Otro punto muy particular a destacar es que el trabajo de reformas se tomará como “información confidencial”, según se expone en el Artículo Decimosegundo del convenio rubricado a fines de diciembre pasado. Textualmente se dice en ese artículo que “las Partes asegurarán que ninguna persona tendrá acceso o tomará conocimiento de la Información Confidencial. Esta obligación de reserva o confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo, de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable a “La Facultad” de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos e informes no publicados”.

De acuerdo con esta cláusula, las modificaciones y compras que se realizaron para modificar el despacho del ministro Tomada, pueden ser consideradas como un secreto de Estado.

Tomada, recordemos, es junto con Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el más antiguo integrante del gabinete de toda la gestión de los Kirchner. Ya ocupó el cargo durante la presidencia de Néstor Kirchner, y luego durante las dos administraciones de Cristina Fernández. Conoce como pocos los manejos y secretos de las cuentas oficiales. También, cuales son los últimos trucos para que los gastos puedan estar a salvo del escrutinio de la prensa.

El Ministerio de Trabajo mostró estar a la última moda de las reparticiones oficiales que consiste en firmar “convenios” con academias para ejecutar grandes partidas presupuestarias. Estos arreglos, sirven tanto para evitar el llamado a licitaciones como para que quede en manos de las universidades rendir el detalle de los gastos, una decisión que no puede ser forzada sin vulnerar el principio de la autonomía universitaria.

Meses atrás,  (Eliminando Variables) reveló que el ministro Tomada había contratado con fondos estatales la producción de un audiovisual para contar su carrera política durante el kichnerismo. Los 85.000 dólares que se gastarán en la albañilería de su despacho, le darán una magnífica y acorde escenografía a las escenas finales de esa película. 

En Twitter: @EliminandoV

jueves, 15 de enero de 2015

El liquidador: ATC sigue funcionando con un único (y desarraigado) empleado

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Cuando los militares fundaron la primera televisora color argentina en ocasión del Mundial de Fútbol de 1978, nunca se imaginaron que su obra perduraría por décadas, incluso hasta gobiernos que exhiben un signo político diametralmente opuesto. Porque pese a que la TV Pública reemplazó a la vieja ATC, sus fantasmas siguen recorriendo los pasillos del canal y a veces aparecen por la tesorería a reclamar su parte del Presupuesto.  

Salario anual de Bernardo Iturraspe como liquidador de ATC
Sucede que, aunque resulte difícil de creer, Argentina Televisora Color SA continúa existiendo. La empresa de televisión estatal, antecesora de la actual TV Pública (Canal 7), se encuentra en liquidación desde fines de enero del 2001, es decir, hace 14 años, y sigue generando costos al Estado. En la actualidad cuenta con un único empleado que es, casualmente, su liquidador. El solitario trabajador costó, sólo en el año pasado, el equivalente a unos 100.000 dólares del presupuesto nacional.

Nombramiento de Bernardo Iturraspe en ATC
Durante el año 2014, el ministerio de Economía, mediante la resolución 1029/2014, le giró a esa empresa en liquidación un total de $829.210, de los cuales el 65 por ciento -$536.411- fueron para el sueldo bruto del liquidador, que cobró un promedio mensual de casi 45 mil pesos. El resto, el 35 por ciento del dinero girado por el ministro Axel Kicillof, fue para el pago del rubro "bienes y servicios" por un monto de $292.799.

Desde el 22 de marzo del 2010, el cargo de liquidador de ATC es ejercido por el abogado Bernardo Pascual Iturraspe. Fue nombrado mediante el decreto 676/2010 por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y desde su arribo a la ex ATC, recibió más de 3.8 millones de pesos para continuar “liquidando” a la empresa televisiva. Y esos gastos fueron autorizados gracias a diversas resoluciones firmadas por los también ex ministros de Economía Amado Boudou y Hernán Lorenzino. En el lapso de 4 años, el liquidador habría embolsado en sueldos la nada despreciable cifra de 2.5 millones de pesos.

Entrega del beneficio de desarraigo a Iturraspe por parte de Amado Boudou
Iturraspe, según la AFIP, tiene domicilio fiscal registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en la Avenida Córdoba al 1300. Sin embargo, de acuerdo con un relevamiento realizado por (Eliminando Variables), goza del beneficio del famoso “desarraigo”, instrumento aprobado en octubre de 1986 y que funciona bajo el paraguas del “decreto 1840”. Ese acto administrativo favorece a todo aquel funcionario que tenga residencia permanente a más de 100 kilómetros de distancia de su trabajo, entregándole un plus a su salario por los viajes que tiene que hacer para realizar sus tareas.

Conformación de Litoral Productores SA
Además del dinero extra por "desarraigo", el actual vicepresidente Amado Boudou, mediante la resolución 526/2010 del 6 de agosto del 2010 (rubricada cuando era ministro de Economía), le entregó a Iturraspe este beneficio, incluyendo un pasaje de ida y vuelta semanal entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Santa Fe. Lo concreto es que durante el 2014, Iturraspe, según documentos que publica este blog, cobró $52.780 extras para su sueldo gracias a ese ítem, cuando su domicilio fiscal se encuentra en la zona de Tribunales, en plena Ciudad de Buenos Aires.

Además de su tarea como abogado y liquidador, el doctor Iturraspe es también productor de seguros. Pocos meses antes de ser nombrado en ATC,  había conformado Litoral Productores SA, una empresa con sede social en la Ciudad de Buenos Aires.  El objeto exclusivo de esa sociedad, era la de “ejercer la actividad de intermediación, promoviendo la concertación de contratos de seguros asesorando a asegurados y asegurables”.

El 6 de diciembre del 2011, mediante la resolución 36.382, firmada por el Superintendente de Seguros de la Nación, el ultrakirchnerista Juan Antonio Bontempo, se le otorgó la matricula N° 72.050 a Bernardo Iturraspe para ejercer como productor de seguros en todo el territorio argentino.

Facsimil de la resolución 36.382, firmada por Juan Bontempo
En Litoral Productores SA, Iturraspe es socio del ex funcionario del ministerio de Economía Carlos Horacio Castro, al que se lo identifica como parte del entorno del vicepresidente. Otro de los socios en la empresa es Walter Hugo Morales, hombre de la gestión Boudou, y que ejerció el cargo de “Coordinador de Planificación Edilicia” del Palacio de Hacienda. De acuerdo con un artículo del diario Clarín de noviembre del 2013, realizado por el periodista Matías Longoni, Morales está siendo investigado por la Justicia ante la sospecha que se forzó a las productoras tabacaleras a contratar un “seguro antigranizo” a favor de Nación Seguros, una subsidiaria del Banco Nación, para cobrarles comisiones ilegales varias veces millonarias.

El actual liquidador de Argentina Televisora Color debió realizar algún esfuerzo extra para lograr el título y ejercer como productor de seguros, ya que afirmó -en su declaración jurada patrimonial tanto de los años 2012 como 2013- dedicarle 160 horas mensuales al trabajo de la vieja marca de la actual TV Pública. Y en ningún lado de esas dos declaraciones (y tampoco en el Boletín Oficial) figura que renunció como “Presidente” de Litoral Productores SA.

Por otro lado, esa misma declaración jurada patrimonial de Iturraspe, presentada ante la Oficina Anticorrupción, es curiosa. A comienzos del 2012, afirmó tener bienes por un total $730.260, concluyendo ese año con $632.572. E inició el 2013 con 635.572 pesos y concluyó el período con $643.917. Es decir, gracias a la función pública, Iturraspe se empobreció, un “caso aislado” en épocas kirchneristas.


La historia oculta de ATC: El caso de la contratación del funcionario de la dictadura

El artículo 1 del decreto 94/2001, firmado por el entonces ex presidente Fernando de la Rúa, el jefe de Gabinete Chrystian Colombo y el ministro de Economía José Luis Machinea, el 25 de enero del 2001, disolvió ATC SA, y creó el denominado Sistema Nacional de Medios Públicos.

Contratación de Antonio Juan Garriga en ATC
El primer liquidador del canal de televisión fue el contador público Alfredo Rubén Heredia, que duró en el cargo seis meses y fue reemplazado  por el también contador público Alfredo Rubén Heredia, mediante una resolución firmada por el ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.

Heredia perduró en el cargo hasta el 14 de mayo del 2002, cuando fue reemplazado por el abogado Guillermo Ramón Sobral, por un decreto firmado por el entonces presidente Eduardo Duhalde.

Sobral se mantuvo muchos años como liquidador de ATC, casi desapercibido. Pero finalmente fue reemplazado en el 2010 por Bernardo Iturraspe.

Durante 3 meses del 2006, a la vez, se decidió contratar a un especialista en números: Antonio Juan Garriga. Según la Decisión Administrativa 908/2006, rubricada por el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex ministra Felisa Miceli, funcionarios clave durante la presidencia de Néstor Kirchner. Antonio Garriga, tal como se observa en el documento, cobró honorarios por $7.500 en concepto de asesoría durante los meses de enero, febrero y marzo del 2006 en la liquidada ATC.

Durante el año 2006, seguramente, no se investigó en detalle los antecedentes de cada funcionario antes de ser sumado al Estado. De otra forma, no se comprende la contratación del Gobierno al abogado Garriga, quien fue en 1979 funcionario de Fabricaciones Militares.

Antonio Juan Garriga, en decreto secreto de Videla
En efecto, según lo publicado en la pestaña “Decretos Secretos” disponible en la web del Boletín Oficial de la República Argentina, (Eliminando Variables) halló que Garriga fue autorizado a viajar a Bolivia, mediante el decreto secreto 2828/1979, en el artículo 1, como “Jefe de Programación Financiera” de Fabricaciones Militares. En los considerandos de ese decreto, además, se aclaraba que el objeto del viaje, "por su característica y finalidad" no podía encomendarse a la misión diplomática presente en ese país. El viaje de Garriga, que claramente era empleado de esa repartición, estaba relacionado con la implementación de una fábrica de explosivos industriales.

Ese documento reservado, de hecho, tiene la firma de Jorge Rafael Videla y fue oficialmente “subido” a la web  del Boletín Oficial el 27 de octubre del 2014.

Es importante aclarar que un recuadro del Boletín Oficial aclara que “los documentos que aparecen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta publicación y por comunicados y suficientemente circulados dentro de todo el territorio nacional (Decreto N° 659/1947) (SIC)”.

Es curioso que un gobierno que ejerció durante muchos años una vigilancia muy estrecha sobre el pasado de los funcionarios, casi especializado en detectar a aquellos que prestaron servicios durante la dictadura, hayan pasado por alto este detalle al momento de realizar un contrato con el Estado. Probablemente, tanto Alberto Fernández como Felisa Miceli, firmantes de esa decisión administrativa, puedan ofrecer una buena respuesta al respecto.


Los presupuestos de ATC liquidada desde el 2003 a la fecha

Desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003 hasta el presente, Argentina Televisora Color en liquidación recibió un total de 7 millones de pesos de presupuesto.

Vale destacar que el artículo 58 de la Ley 25.967 había establecido como fecha límite para la “liquidación definitiva” de los entes en proceso de liquidación el 31 de diciembre del 2005, algo que claramente no se cumplió.
Curiosidad de origen de fondos para ATC en el 2004

A partir del arribo del Kirchnerismo, prácticamente todos los ministros de Economía del Gobierno autorizaron mediante resoluciones la continuidad de la liquidación de ATC. En general, los fondos salían directamente del tesoro, con excepción del año 2004, donde el dinero, según la resolución 627/2004 firmada por Roberto Lavagna, provino en parte de la “Corporación Argentina de Productores de Carne (en disolución) para afrontar los gastos inherentes a su proceso liquidatorio”.

Un análisis realizado por este blog sobre los montos estatales asignados como presupuesto para ATC, reveló que en el 2003, se entregaron 170 mil pesos; en el 2004, 582.180 pesos; en el 2005, 351.078 pesos;  en el 2006, 391.290 pesos; en el 2007, 464.273 pesos; en el 2008, 541.311 pesos; en el 2009, 595.634 pesos; en el 2010; 816.305; en el 2011, 816.680 pesos; en el 2012, 542.468 pesos; y en el 2014, 829.210. No se entregaron cifras de presupuesto 2013 para la ATC liquidada, aunque una fuente consultada off the record le informó a (Eliminando Variables) que el gasto rondó los 800 mil pesos.

En cuanto a empleados, las cifras de contratados variaron hasta el año 2011. Ese mismo año, Diego Cabot, periodista del matutino La Nación, realizó un interesante artículo sobre empresas estatales en liquidación. Respecto a ATC, el periodista decía: “Será posible, por ejemplo, toparse con el logo multicolor de Argentina Televisora Color (ATC), el viejo nombre del canal estatal que aún está en liquidación y que tiene cinco empleados, según declaró la empresa este año, y que tienen un sueldo promedio bruto de $ 9653 cada uno”.

Según el Presupuesto 2014, la liquidada ATC no posee ningún contratado y el único empleado es el abogado y productor de seguros Bernardo Iturraspe.


Los juicios sin terminar, la causa por la que sigue existiendo ATC

Los números actuales de Argentina Televisora Color en cuanto a litigios que justifiquen 14 años después la continuidad como empresa estatal, se desconocen. Sin embargo,  de acuerdo con un informe del año 2005 de la Auditoría General de la Nación (AGN), tenía a fines del 2004 un total de 86 juicios laborales (por un monto original de $5.647.227), era actora en 69 causas judiciales comerciales (por un monto original de $4.854.203), mientras que fue demandada en 48 causas de ese mismo fuero (por un monto original de $19.232.672).

No obstante, esos números palidecían frente a la causa denominada “ATC SA sobre Concurso Preventivo”, que ya para fines del 2004 estaba “cerrado, pendiente de cancelación de incidentes”, y cuyo monto original ascendía a los $72.319.922. Otra causa no menos importante y relacionada a la anterior, prescribió en abril del 2006, cuando el juez federal Norberto Oyarbide decidió sobreseer al empresario Gerardo Sofovich por supuesta administración fraudulenta durante los 9 meses que duró su gestión al frente de ATC en 1992 (entre marzo y diciembre de ese año).


Particularidades de un juicio del año 2005
Oyarbide, por aquel entonces,  había remarcado que durante la gestión de Sofovich el canal había perdido 8 millones de pesos (o dólares por aquellos años), pero que el gran desorden administrativo fue provocado por gente del directorio que acompañó inicialmente a Sofovich, y continuó hasta 1995, fundamentalmente tanto con el faraónico proyecto de "ATC Cable" como con la televisación de los Juegos Panamericanos en Mar del Plata de ese año. El perjuicio al Estado había totalizado unos 47 millones de pesos y mientras que por un lado el hoy cuestionado juez había liberado de responsabilidad al empresario televisivo y ex interventor de ATC Sofovich, por el otro decidió procesar a un ex secretario privado de Carlos Menem, Héctor Fernández, y a los miembros del ex directorio de ATC durante una parte de la década de los noventa, Enrique Álvarez y Raúl Rico. Las tres personas, a las que se les había trabado embargos de 15 millones de pesos a cada uno, estaban vinculados a las firmas Merchandising Consultants SRL, International Merchandising SRL y Prodomo SA, que se habían adjudicado la comercialización de los espacios de publicidad y televisación del evento panamericano, como así también al gasto de grandes cantidades de dinero en equipamiento técnico que nunca fueron utilizados (o pagados y nunca entregados por parte de los proveedores), y que en general terminaron arrumbados –según se desprende del escrito de más de 50 páginas de Oyarbide- en un depósito.

Unos meses después, en junio del 2006, un fallo de la Sala II de la Cámara Federal, consideró prematuro el sobreseimiento de Sofovich y otros directivos por parte de Oyarbide, revocando la prescripción de acción penal del empresario por su supuesta relación con la firma Prodomo SA, y por supuesta omisión en el pago de obligaciones previsionales del personal del canal. Finalmente, después de varios peritajes, idas y vueltas, el conductor y animador fue sobreseído definitivamente.

Posteriormente, y con gestiones igual de "exitosas", la deuda del canal público se incrementó hasta los más de 72 millones de pesos de quebranto arriba descriptos, haciendo inmanejable su situación. El problema con ATC llegó a tal punto que el ex presidente De la Rúa, como se informó más arriba, ordenó la liquidación del canal en el 2001, y puso cuotas de aportes del Estado muy específicas al nuevo sistema de medios creado (el decreto 94/2001 ordenaba desembolsos hasta fines del año 2003), que obviamente no fueron cumplidas.

Según la auditoría realizada por la AGN, en el 2004 ATC contrató externamente a dos estudios de abogados para causas tanto laborales como comerciales. En la parte laboral, quien fue responsable del seguimiento de juicios fue el Estudio Funes de Rioja & Asociados, aunque no se tiene en claro en la actualidad si ese bufete legal sigue representado a la ex marca del canal de TV de la Avenida Figueroa Alcorta. El resto de las causas judiciales las continúa llevando el Estudio Cassini, según lo revela la misma web de esa empresa de abogados.

Auditoría sobre ATC de la AGN en el 2004
Con posterioridad a ese informe de la Auditoria General de la Nación, se continuaron abonando los costos de los juicios perdidos por el canal y las costas judiciales correspondientes.  En ocasiones, se utilizó la venta de propiedades para afrontar los costos judiciales. Es lo que sucedió en el 2005 en el juicio laboral iniciado por “Héctor Ramón Acosta y otros contra Argentina Televisora Color SA por despido”, tramitado por el Juzgando del Trabajo 55, donde se subastó un inmueble de la calle Gurruchaga al 2000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por aquel entonces estaba ocupado por la Asociación de Pilotos de Carretera. La base de venta de ese inmueble, que tenía garaje y oficinas en dos plantas -tal como se muestra en el documento adjunto-, fue por la hoy irrisoria cifra de 10.267 pesos. Las estimaciones más conservadoras, indicaban el que la propiedad debía ser tasada en una cifra al menos diez veces mayor.

Tras esa subasta, los juicios contra ATC tomaron un perfil extremadamente bajo, probablemente por los acuerdos extrajudiciales a los que se arribó o por presiones políticas.

Al haber transcurrido una década desde que se realizó el informe de la AGN, es muy probable que los montos y demandas se hayan modificado sustancialmente, aunque lo que queda en claro es que los juicios continúan, según se explica con claridad en el ítem “Causas Judiciales” del Presupuesto 2014 que aprobó Axel Kicillof en diciembre pasado. Allí se dice textualmente: “Se continuará la labor conjunta con la Dirección de Asuntos Judiciales de los Entes Liquidados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARIA LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS sobre las causas judiciales en trámite como actores o demandados”. Y agrega: “Se instará el proceso concursal hasta lograr su total conclusión”.

Decreto de disolución de ATC del 2001, firmado por De la Rúa
No se sabe con certeza cuánto terminará finalmente costando al Estado la herencia de ATC y el desmadre que transcurrió en ese canal desde el momento de su creación. Se trata de una trama que esconde compromisos políticos extremadamente costosos para el erario público, negocios que siempre terminan siendo ruinosos para el Estado y personas que cobran sueldos hace años para no terminar de cerrar un canal que -se suponía- ya debía estar liquidado hace nueve años.

Mientras tanto, un liquidador solitario sigue en su puesto cobrando un excelente sueldo y quizá dedicándose en paralelo a la venta de seguros, mientras recibe un desarraigo igual de generoso que tiene su explicación en el simple hecho que debe prestar servicio lejos de la Argentina, en un sitio misterioso donde ATC debe seguir funcionando.

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domingo, 11 de enero de 2015

Vienen por el agua: El Estado Nacional recurre a custodios armados privados para que sus empleados realicen tareas

Por José M. Stella e Ignacio Montes de Oca

Si por estos días cualquiera observa en el conurbano un despliegue de custodios en derredor de un científico, no debe alarmarse. No lleva ni divisas, ni documentos secretos, ni se trata de una personalidad destacada de la investigación que corre riesgo de ser secuestrado por una potencia enemiga. Seguramente estarán viendo a un empleado del Instituto Nacional del Agua (INA) tomando muestras de las aguas de la denominada “Cuenca Matanza-Riachuelo”.

Detalles de la contratación directa 23-2014
Desde hace al menos un año y medio, los especialistas del INA que monitorean la Cuenca Matanza- Riachuelo,  parecieran correr serios riesgos mientras realizan sus labores. Es por eso que las autoridades de ese organismo decidieron que sean acompañados por guardias armados cuando efectúan las inspecciones y mediciones.

Queda claro que existe un motivo concreto y real para contratar una empresa privada de seguridad que escolte a estos profesionales, y no solicitar ayuda interadministrativa a la Policía Federal, Metropolitana o de la Provincia de Buenos Aires. El motivo oficial, según se desprende de uno de los documentos en poder de este blog, no sería otro que prevenir tanto los robos como los aprietes que padecen los trabajadores de ese organismo en las recorridas por el Conurbano. Es posible especular que desde la cúpula del INA intentarían mantener en secreto esta situación que, de hacerse pública con la aparición de fuerzas policiales junto a los trabajadores, confirmaría las sospechas de una  profunda crisis de inseguridad que hace que ni siquiera se pueda sumergir unas pipetas en un río sin ser acosados por la delincuencia.

El Instituto Nacional del Agua es un ente autárquico científico, dependiente del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, que tiene como fin el desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua. Ofrece estadísticas y servicios de alerta hidrográfica, y realiza estudios de calidad y tratamiento del agua en todo el país.  Desde agosto del año 2006, al frente de este organismo se encuentra el ingeniero Raúl Lopardo.

(Eliminando Variables) accedió a 4 pedidos de servicios de custodia privada para trabajadores del Instituto Nacional del Agua: Dos contrataciones directas y dos licitaciones privadas de agencias de seguridad particulares, realizadas desde agosto del 2013 hasta enero del 2015. En todas ellas, el INA autorizaba “servicios de custodia para acompañar comisiones que ejecutan tareas de monitoreo en la Cuenca Matanza-Riachuelo”.

Motivos de la contratación de seguridad privada armada
Las contrataciones directas, bajo la modalidad de “orden de compra abierta”, fueron la 27/2013 (expediente 2-11928/2013) y la 23/2014 (13643/2014), mientras que las licitaciones privadas, también con orden de compra abierta, fueron la 08/2013 (expediente CTUA 12766/2014) y la 13/2014 (expediente 1-13085/2014).

Entre las 4 contrataciones se suman al menos 222 servicios de custodia privada, que de lunes a viernes o durante los días que le indicaba específicamente el INA, debían acompañar a los especialistas para monitorear la Cuenca Matanza-Riachuelo desde el predio que tiene el organismo en la localidad bonaerense de Ezeiza, hasta una distancia máxima de 60 kilómetros, incluyendo a la Capital Federal.

En los anexos de los servicios a prestar por la agencias de seguridad privada, se destaca que el “personal de custodia “deberá estar integrado por un móvil con dos custodios armados (chofer y acompañante). Cada móvil estará provisto con un equipo de comunicación y con sistema de seguimiento satelital monitoreado por la empresa de seguridad. El personal asignado deberá contar con toda la documentación reglamentaria exigida por el RENAR para portar armas, con cobertura de riesgos a través de ART y seguro de responsabilidad civil adicional por uso de armas” (SIC).

Con esta protección armada, el INA se preparara para eventuales tiroteos en los que podrían verse involucrados científicos y especialistas que recolectan muestras de agua en el Conurbano.


Los custodios: ¿Fueron solo 222 servicios de custodia armada  o hubo más?

Tanto en las licitaciones privadas como en las contrataciones directas se impuso la modalidad de “orden de compra abierta”, es decir, que el servicio no se realiza de forma continua si no a lo largo de un período de tiempo determinado.

Esto último queda expuesto bien claro en la licitación privada 13/2014 del INA, en donde se solicitan 50 servicios de custodia armada durante un período de “6 meses aproximadamente” (SIC).

En el caso de la licitación privada 08/2014, realizada a mediados del 2014, la cantidad de servicios de seguridad armadas pedidos se pone en duda. Sucede que allí se solicitan 70 servicios de vigilancia y custodia, de “9.30 horas hasta las 16.00 de lunes a viernes”, aunque esta vez se pedía que el servicio se prestara durante un lapso de “15 días hábiles”, con la opción de repetir el formato en forma trimestral. “Total de días al año estimados en los que se requerirá el servicio: 60 (sesenta días) mas 10 (diez por trabajo eventuales)”. Lo que significa que esa cifra se podría haber incrementado por 4, totalizando hasta 280 servicios sólo por las extensiones de esa licitación.

Conurbano: Custodios armados para que científicos tomen muestras de agua
En igual sentido correría la contratación directa 27/2013 donde se  pedían un total de 66 servicios. La contratación se realizó en octubre del 2013 con una particularidad: En el ítem de “observaciones” se estimaban un total de 15 servicios de custodia para lo que restaba de ese año, pero en las especificaciones técnicas se decía que el tiempo de requerimiento del servicio se prestará “durante un lapso aproximado de 15 días cada vez que se lo requiera y se repetirá de forma trimestral”, estimando la cantidad de servicio en 60 días, más 6 días por trabajos eventuales”.

Para el caso de la contratación directa  23/2014, que se inició durante enero del 2015, se solicitaron 36 servicios, distribuidos de la siguiente forma: Para la denominada “Campaña Agua Subterránea”, se solicitaron 8 días de custodia armada privada a distribuir en 8 semanas de campaña; en el caso de las “Campaña Agua Superficial”, se pidieron “24 días a distribuir en 6 semanas a razón de 4 días por semana”. Por último, en la “Campaña de Sedimentos”, se exigieron 4 días de custodia en 1 semana.

La cantidad de custodios, de acuerdo a los documentos oficiales analizados, indica que se realizaron al menos 222 custodias, aunque es muy posible que esa cifra sea mayor por los "eventuales" y "aproximados" que se usan en las descripciones. En cualquier caso, se trata de un número significativo de hombres armados para realizar tareas que en principio son tan inocentes como medir niveles, tomar muestras y revisar desagües. 

Así, indirectamente y por medio de un documento en apariencia poco relevante, es posible comprobar que la inseguridad no es un asunto creado en los “medios hegemónicos” –como se insiste desde el oficialismo hace ya una década - sino una realidad palpable que exige medidas gubernamentales inéditas.

“Vienen por el agua” es un slogan alarmante que habla de los recursos hídricos como fuente de conflictos en el futuro cercano. En la Argentina, significa también que están llegando los empleados del INA con su ejército de custodios a realizar la peligrosa tarea de medir el nivel de contaminación de las aguas. Habrá que agregar ese trabajo al listado de las profesiones más peligrosas del planeta, como la del piloto de pruebas, la del experto en explosivos y la labor del corresponsal de guerra. 

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miércoles, 7 de enero de 2015

El RV Sonne, el buque oceanográfico polar alemán que adquiriría el CONICET

Por IMO y JMS

(Eliminando Variables) había informado ayer en exclusiva la adquisición, mediante contratación directa por parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),  de un buque oceanográfico polar europeo, operación de la cual se conocían muy pocos detalles.

Según los documentos a los que accedió este blog, el precio abonado por el barco fue de 5.15 millones de euros (o 54.192.935 pesos), a pagar de forma inmediata.  La contratación directa fue la 17/2014, con expediente N°6501.

Informe con la visita de funcionarios del CONICET al RV Sonne
En las últimas horas, sin embargo, trascendió que la embarcación adquirida sería un buque polar de bandera alemana cuyo nombre actual es “RV Sonne”,  propiedad de la compañía RF Forchungsschiffahrt GmbH, que tiene un desplazamiento de 1.127 toneladas, una eslora de 98 metros y una manga de 14. Fue construido en el año 1969, pero reformado y actualizado en varias oportunidades hasta que fue dado de baja por la botadura de un buque más moderno que lo reemplazará en sus tareas científicas. Aunque se trata de un buque modernizado, su casco es más antiguo que el Puerto Deseado, el actual buque oceanográfico del CONICET.

Entre el 13 y 14 de mayo del 2014, científicos del CONICET en conjunto con oficiales de la Prefectura Naval visitaron al Sonne, que por esos días estaba amarrado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, según un “informe de visita” que realizaron  a la embarcación. De esa inspección, también participó el Cónsul General de la Argentina en Sudáfrica, Carlos Rubio Reyna.

Costo del buque RV Sonne de 45 años de antigüedad
De acuerdo con ese informe de visita, “el personal asignado llevó a la delegación científica de recorrida por el buque, respondiendo a todas las preguntas efectuadas por los integrantes de la delegación científica. Además de los detalles recabados respecto a los gabinetes científicos y equipamiento, la delegación científica fue interiorizada de la habitabilidad del buque, estado general, costos de mantenimiento y capacidad de transporte de personal científico. Se elaboró y elevó informe con recomendaciones al MINCYT (NdR: Ministerio de Ciencia y Tecnología)”.

La visita del CONICET coincide con la retirada del Sonne de su tarea como buque de investigación y la espera de su asignación a una nueva tara dentro de la armada alemana o extranjera. El buque fue reemplazado por otros del mismo nombre botado en 2014 a un costo de 124 millones de Euros. Por lo general, los buques superados tecnológicamente son ofertados a países de menores recursos antes de asumir el costo que implica su desguace.

La página web en alemán de la empresa RF Forchungsschiffahrt GmbH, asegura que el Sonne fue construido en 1969 como pesquero y en 1977 fue reconvertido en un buque de investigación, al cual se le realizaron nuevas reformas en 1991, cuando fue modernizado. Su área de trabajo estaba en el Pacífico Sur y el Océano Índico, desde Australia hasta Chile, con límite en Bangladesh.

El buque oceanográfico,  que ya tiene una antigüedad de 45 años, se utilizaba para estudios sísmicos, aunque aclara que cuenta con instrumental para cubrir además otros campos de investigación. 
 
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