martes, 13 de diciembre de 2016

La matriarca del Clan Kirchner, un empleo confuso y la pista del Fútbol para Todos



La familia Kirchner es una sorpresa constante, en particular a la hora de describir las fuentes que usaron para financiar la economía del clan. Ahora es el turno de la matriarca, doña Ofelia Wilhelm, quien según la base de datos del Anses sigue dada de alta como empleada de un organismo bonaerense, pese a haber pasado la edad de retiro hace más o menos cinco presidencias. Y detrás de ese posible empleo, surgen nuevas conexiones entre su socio en la cooperativa postal “El Aldabón”, el también octogenario Fotios Cunturis, y los negocios negros del Futbol para Todos.


La madre de la ex presidente Cristina Kirchner figura como parte de la planta de trabajadores del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Su fecha de alta, según el registro del Anses y fuentes consultadas dentro del gobierno bonaerense, es el 1 de enero de 2012. Hasta el mes de noviembre de 2016 seguía apareciendo en los listados como empleada de la entidad. Esos registros indican que fue contratada como planta permanente y a tiempo completo, en una categoría por la que debería recibir una remuneración mensual de entre $ 35.000 y $ 50.000. Quizás sea una confusión de los que introducen los datos, pero en las bases fiscales también figura como prestadora de "servicios empresariales" (Código 829900) y "estudiante" (Código 8), lo cual, como todo el mundo sabe, es bastante usual en las personas de 87 años de edad que viven en la Argentina. 

La ex bisabuela presidencial debería concurrir diariamente a trabajar como lo indica su contrato, aun cuando podría haber optado por jubilarse a los 62 años, es decir hace unos 24 años, cuando todavía era presidente el peronista Carlos Saúl Menem.

La laboriosidad de Ofelia Wilhelm es tan extrema, que pese a su edad además tuvo energía para encarar una tarea adicional en la conformación de la cooperativa “El Aldabón”, que recibió entre 2011 y 2015 un negocio del Correo Argentino por 61 millones de pesos. En esos años el Correo estaba dirigido por Juan Claudio Tristán, ligado al ex vicepresidente Amado Bodou desde la infancia, que a su vez reportaba al Ministerio de Planificación Federal conducido por Julio De Vido.

La presencia de la madre de la entonces presidente debe haber influido en algo para que El Aldabón recibiera durante una montaña de dinero para que los viejos de la cooperativa se dedicaran a repartir sobres de ARBA, la agencia de recaudación bonaerense. 


La principal irregularidad en la que incurrió El Aldabón fue haber aceptado ser subcontratista en una tarea que no podía ser tercerizada. El decreto 1187/93 lo prohibía expresamente, pese a lo cual el Instituto de Acción Cooperativa, que es la oficina que regula y vigila la actividad de esta clase de entidades, pasó por alto esta situación aun cuando implicaba pagarle 61 millones a una agrupación por fuera de las normas. Recordemos que desde 2007 el INAES estaba a cargo de Patricio Griffin, actualmente investigado por el otorgamiento irregular de subsidios estatales a las cooperativas que estaban bajo su órbita.

Patricio Griffin, es un cuadro político importante durante el kirchnerismo, periodo durante el cual las cooperativas se transformaron en un excelente negocio al permitir evadir impuestos laborales y reclamar fondos estatales destinados a promover el trabajo solidario. Durante años, los ministerios kirchneristas se escondieron en el espíritu solidario del cooperativismo para contratar servicios manejados por punteros, representantes de funcionarios y aventureros que incursionaron en ese rubro para aumentar sus márgenes de ganancias.
Griffin fue el que habilitó a El Aldabón para que funcionara como prestadora postal con la venia del titular de ARBA, Iván Budassi. 

Si bien la cooperativa venía funcionando desde 1994 como una creación de trabajadores del gremio de empleados de Rentas, desde 2011 fue copada por Fotios Cunturis. La maniobra ocurrió justo a tiempo para que fuera beneficiada por el Correo Argentino, recibir en su directorio a la mamá de Cristina Kirchner y comenzar a pagarle un sueldo por su actividad como síndico de la cooperativa. O sea, para darle un sueldo que se sumara al dinero que ya cobraba como jubilada y la pensión de $20.000 que recibe desde 1982 tras la muerte de su marido, Eduardo Fernández.

El socio de doña Ofelia
Fotios Cunturis, el socio de doña Ofelia, es el ex secretario general de la Federación de Gremios Estatales de la Provincia de Buenos Aires y de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI) y siempre tuvo una excelente llegada con los sectores clave del kirchnerismo. Tan es así, que a poco de terminar el mandato de Cristina Kirchner, logró que el presidente del Correo Argentino le concediera una prorroga al contrato por el reparto de cartas por otros 147 millones de pesos, maniobra que fue anulada por la actual administración cuando habían logrado cobrar “apenas” 4 millones de ese nuevo tramo.

Además del reparto de cartas, otro de los probables negocios de El Aldabón está en el capítulo judicial. Hasta el presente acumula pedidos de quiebra o concurso preventivo contra en las cooperativas “Trabajo Fénix Salud Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Agropecuario Mayo Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Manos Productivas Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Textil Rojas Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Remises Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Río Tolo Coop. Ltda”, “Cooperativa de Transformación y Provisión para Productores de Yerba Mate”, “Cooperativa de Trabajo Fletes Argentina Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Coo, Tra, Fri. Ya. Ltda”, “Cooperativa de Trabajo 8 de Julio Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda”, “Cooperativa de Trabajo San Pedro Construcciones Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Marítima Argentina Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Pro Cooperativa Ltda”, “Cooperativa de Trabajo La Sirenita Ltda”, “Cooperativa de Trabajo Noroeste Argentina Ltda” y “Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo TAC Ltda”.

Las quiebras, presentadas en orden cronológico desde las más recientes en 2015 a la más antigua, de enero de 2003, sucedían sin que el INAES percibiera que alguno de los directivos de El Aldabón andaba en algo raro. Para que existiera una posibilidad de presentarse como actor, quizás debiera haber tenido alguna relación con sus hermanas cooperativas que justificaran ese proceder.


También, el Aldabón figura como demandado en juicios que involucran a la “Cooperativa de Trabajo El Lince Ltda” en 2012 y la “Cooperativa de Trabajo El Escorial Ltda” en 2015. Todo parece indicar que la cooperativa merece todavía una investigación más profunda para desentrañar lo que el INAE no informó en su momento respecto a las actividades de la pequeña PyME postal de doña Wilhelm y el ex gremialista que se involucraron en tantas batallas judiciales.

El cooperativista afortunado
Fotios Cunturis, el socio de doña Ofelia, no solo vive de las cooperativas postales. También figura como empleado del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires con fecha de alta y categoría idénticas a la madre de Cristina Kirchner.

Pero además Fotios tiene vínculos societarios con Credymand SA, una compañía dedicada a dar préstamos personales a los trabajadores de la zona de La Plata, en donde montaron tres sucursales para atender al público. Otra de las socias de Credymand es Ana Beatriz Toschi, quien está casada con Cunturis y que para no desentonar con doña Wilhelm y su marido, tiene la misma fecha de alta y categoría como empleada del mismo organismo previsional bonaerense.

Credymand fue creada el 15 de diciembre de 2000 con el fin de otorgar micro créditos a personas que están por fuera del sistema bancario. En castellano moderno, significa que prestan dinero a consumidores que no tienen modo de acceder a asistencia bancaria por no reunir los requisitos. En su acta de fundación, ya figura el nombre de Ana Beatriz Toschi.
El  primer domicilio impositivo de Credymand estuvo en libertador 7984 de CABA, pero en el acta de directorio 68° de mayo de 2015 decidieron cambiarlo a Marcelo T de Alvear 1430 piso 11 de la misma ciudad.

Fotios Cunturis
Su principal mercado son los empleados del gobierno provincial, que reciben créditos con la sola presentación de sus recibos de haberes. Este negocio de los préstamos a estatales fue inaugurado por el anterior presidente de la compañía Enrique Lázar Saufbler, que desde 1998 trabaja con la Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales. El siguiente paso de Saufbler fue la presidencia de Credymand en 2003, cargo en el que estuvo hasta mayo de 2012, cuando fue reemplazado por Héctor Ricardo Liberman y momento en el cual  Ana Beatriz Toschi, ex esposa del accionista Cunturis, fue puesta en la vicepresidencia. En la asamblea del 13 de octubre de 2015, se ratificaron a las actuales autoridades.

A pesar de declarar solo cuatro empleados, la empresa movió cantidades industriales de dinero. En el Estado Contable de Credymand correspondiente al año 2013, se informa la conformación de un Fideicomiso Financiero de $ 45.000.000 por un período que va desde el 14 de enero de 2013 al 14 de enero de 2043. Los socios en este emprendimiento son Credymand, y Promotora Social Vida. El Fiduciario designado para administrar esos fondos es el Banco de Servicios y Transacciones SA, una entidad que, de acuerdo a su página web, se dedica a “la banca de consumo, con fuerte presencia en los créditos personales y las tarjetas de crédito”. ¿De quién es el banco que actúa como fiduciario?, de Jorge Antonio Amirante, un hombre vinculado al manejo del dinero del Futbol para Todos que era canalizado por medio AFA.



En 2012 Promotora Social Vida aportó capital para emitir conjuntamente cuatro clases de bonos: $ 34.000.000 Clase A; $ 4.500.000 Clase B y $ 5.500.00 Clase C, más un adicional de Certificados de Participación por un valor de $ 1.000.000.

La conexión con el fútbol y Seychelles.
Credymand tiene domicilio legal en Reconquista 458 piso 11, cinco plantas arriba de la cueva financiera de Jorge Antonio Amirante y Eduardo Fortunato Galitis, dos de los que fueron los hombres fuertes del negocio del futbol argentino.

El 19 de junio de 2013 el presidente de Credymand, Héctor Ricardo Liberman, fue designado síndico de Amirante – Galitis Sociedad de Bolsa SA (CUIT 30-70802638-3), una de las cuevas financieras que manejaban Jorge Antonio Amirante y Eduardo Fortunato Galitis en donde se cambiaban los cheques que entregaba la AFA a los clubes de futbol.

Esos cheques, muchas veces eran diferidos a fechas lejanas ex profeso para que los clubes tuvieran la necesidad – o la excusa – de cambiarlos en las cuevas vinculadas a los dirigentes de los clubes. En ese trámite se les cobraba una comisión de entre el 20 y el 40% de acuerdo al apuro del cliente, que iba a parar directamente a los bolsillos de los hombres fuertes del futbol que manejaban la AFA.

Héctor Liberman también formó parte de una entidad similar, denominada “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo AMIGAL ltda”, perteneciente a Amigal y Galitis y cuyo CUIT es 30-65649785-4. Su objeto societario es otorgar créditos para el consumo, como lo hacía Credymand en la zona de La Plata. Fuentes del mercado indican que la cooperativa contaba con una gran liquidez producto del exitoso programa de asistencia al fútbol profesional mediante el servicio de rescate altruista de cheques diferidos.

A su vez, Héctor Ricardo Liberman era desde el 4 de abril de 2011 síndico suplente de la Promotora Social Vida SA, otra empresa de Galitis y Amirante.

Ahora bien, como se explicó antes, Promotora Social Vida SA es la que aportó dinero al fideicomiso conjunto con Credymand, la empresa en la que participan como accionistas Fotios Centirus y Ana Beatriz Toschi. No se trató de un negocio menor, ya que entre ambas firmas juntaron un total de $ 45.000.000 en títulos del fideicomiso.


El dinero aportado para el fideicomiso por Galitis y Amirante llegó en 2013, coincidentemente con el momento de auge del negocio de los cheques del fútbol y fue recibido por el síndico de la cooperativa que en simultáneo era titular de Credymand. Y el resto de la inversión para el fideicomiso lo conformó la misma empresa en la cual era accionista Cunturis, justamente el hombre que armó en esos días el negocio de 61 millones de pesos que involucra a la madre de Cristina Kirchner.

Semejante calidad y cantidad de casualidades, sumada a la absoluta falta de reacción de parte de las autoridades del gobierno para investigar los negocios de un allegada a la matriarca gubernamental, es apenas una más de las excentricidades a las que acostumbra la Argentina.

De la Plata a Seychelles ida y vuelta
La casualidad hace que el círculo en torno a la familia Kirchner tenga en Amigal un eslabón adicional. De acuerdo a un alerta de operaciones sospechosas que emitió el gobierno de las islas Seychelles el 23 de agosto de 2013, Jorge Galitis figura como dueño de Aldyne SA, la empresa madre de Helvetic Services Group, que a su vez es dueña de un conglomerado de empresas atribuidas al empresario santacruceño Lázaro Báez ligado familiar y empresarialmente a los Kirchner. (Ver Derecho a Réplica)


La asombrosa liquidez de Báez durante tantos años podría tener, quizás, alguna relación adicional con las enormes cantidades de dinero que circularon por medio de cooperativas que mientras tanto eran beneficiadas por la vista gorda del INAES por sus manejos. Y en el caso de las cooperativas de consumo, además multiplicaban el negocio al obtener una renta adicional cuando sus fondos eran volcados al mercado de los préstamos respaldados por los recibos de sueldo de los empleados estatales.

La presencia de doña Ofelia  seguramente habrá espantado a cualquiera interesado en indagar sobre las peculiaridades de los negocios que movían montañas de efectivo y contratos millonarios con dinero estatal.

Afortunadamente, aunque tantos negocios de la familia se cayeron con el cambio de gobierno, doña Ofelia no tiene que temer por su futuro. Su lugar en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, la jubilación y la pensión que cobra en simultáneo, la ayudará a sostener su estilo de vida y quizás a socorrer a su hija más famosa y a sus nietos en los duros tiempos que corren, plagados de embargos judiciales y decomiso de dólares. 


DERECHO A REPLICA
Con posterioridad a la publicación de esta nota, Jorge Galitis y Héctor Ricardo Liberman exhibieron documentos presentadas ante la justicia por el estudio panameño Mossack Fonsecka en el que esa entidad se reconoce ante escribano como única creadora y beneficiaria de la filial de Aldyne de Seychelles y de las 150 sociedades que representa. Galitis, de acuerdo a los documentos, es propietario personal de acciones de una de esas sociedades, cuya inscripción se realizó en Argentina y, de acuerdo a sus explicaciones, no tiene relación alguna con personalidades políticas tal como fuera aclarado oportunamente en sede judicial.
Respecto a su inclusión en la causa "Fútbol para Todos", exhibió documentación que muestra su presentación espontánea de los directivos de Amigal ante el magistrado que lleva la instrucción, para aportar la documentación que aclara su situación y que dicha presentación fue la única entre las 200 empresas nombradas en el expediente. En la aclaración, informó que las operaciones de crédito se realizaron con los clubes y que en ningún caso se trabajó directamente con sus dirigentes, y que se obró de acuerdo con las reglamentaciones pertinentes, a tasas de mercado y con las tasas correspondientes que indican las normas que rigen la actividad. Informaron que hasta el presente no recibieron citación o notificación judicial en particular de parte del juzgado donde se sustancia la causa. 
Por último informan que Ana Beatriz Toschi es una socia minoritaria en la sociedad Credymand SA y que esa participación se remonta al año 2000, cuando se constituyó la entidad. Galitis y Liberman negaron de manera enfática conocer o tener trato personal con Ofelia Wilhelm, o algún vínculo comercial o societario con ella y sus allegados.
La copia de la documentación que apoya el Derecho a Réplica fue entregada a los editores de Eliminando Variables .


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martes, 6 de diciembre de 2016

El affaire Repsol - YPF: La mayor estafa contra los norteamericanos desde Enron y Madoff (Nota completa)









La corrupción epidémica durante los largos años de gobierno de los Kirchner es, a primera vista, parte de la siempre pintoresca historia política de la Argentina. Entre tantos negociados realizados entre 2003 y 2015 comienza a surgir una monumental estafa a los inversores norteamericanos perpetrada en conjunto por el gobierno argentino, empresarios cercanos al poder y las autoridades de la petrolera española Repsol. La maniobra fue ejecutada en cinco pasos ante la mirada impasible de la Security Exchange Comission (SEC), la autoridad bursátil de los Estados Unidos.


El primer movimiento: acciones tóxicas
En diciembre de 2010 la petrolera argentina YPF, que entonces era controlada por la compañía española Repsol, puso en venta el 17% de su paquete accionario en la bolsa de los EE.UU, en una operación que alcanzaba unos 2.500 millones de dólares. La oficina de prensa de la petrolera controlante anunció que la operación buscaba reducir la exposición de la empresa en Argentina.

Para atraer a los compradores  –en su mayoría fondos de inversión norteamericanos– Repsol comenzó a publicar datos de la supuesta holgura financiera de YPF y contratos de explotación que la mostraban en uno de sus mayores momentos de pujanza. Incluso se presentó como novedad el hallazgo de nuevos reservorios de gas no convencional en Loma de La Lata –provincia de Neuquén–, que en realidad ya eran conocidos desde hacía años, tal como lo explicó en esos días el experto local Diego Mansilla en su informe “Luces y sombras del descubrimiento de gas en Neuquén”. El informe de Mansilla fue prolijamente ignorado por la empresa y los medios que recibían pauta de YPF Repsol.


Antonio Brufau, presidente de Repsol y
Cristina Kirchner, en ese momento presidente argentina 
Para promover la venta de acciones, la presidente argentina Cristina Kirchner elogió en una de sus habituales cadenas oficiales la situación de la empresa y el sistema de propaganda oficialista replicó sus dichos. 

Algo similar hicieron los socios mayoritarios de YPF, los españoles de Repsol y la empresa argentina Petersen –integrante del grupo Eskenazi–, quienes contaron con el respaldo de los periodistas locales que sostenían un lucrativo romance con esas compañías. El 7 de diciembre, Cristina Kirchner afirmó que “…el management de YPF Argentina ha cambiado sustancialmente a partir de la incorporación de un socio argentina (…) Estamos muy contentos porque esto va a sostener el crecimiento del país”.

El resultado de la campaña publicitaria fue el aumento de la acción de YPF en EE.UU, la cual partió de los 40,99 dólares hasta tocar un pico de 55 dólares el 5 de enero de 2011. Sólo el día que se inició la venta el valor de cada papel de YPF trepó de los 43,60 a los 45,61 dólares.

En diciembre de 2010 se realizó el traspaso del 3,3% de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol a través de la bolsa norteamericana, operación en la que el fondo Eton Park Capital Management invirtió a un promedio de 40 dólares por acción.

Se sumó una operación mayor el 23 de marzo de 2011, cuando una emisión de acciones equivalente al 7,67 %  del capital de la empresa permitió a Repsol hacerse con  1.057 millones de dólares. Una ganga. Los títulos fueron en su mayoría vendidos en el mercado minorista a 41 dólares por papel. En esa ocasión –y a diferencia de otras operaciones– los compradores no solo fueron fondos de inversión sino que también se sumaron ciudadanos comunes de EE.UU, ahorristas  que colocan su dinero en el mercado bursátil. Días antes Repsol había vendido el 3,83% del paquete accionario a Lazard Asset Management a un valor de 42,40 dólares por unidad.

Al finalizar la ronda de ventas Repsol no sólo había recolectado casi 2.500 millones de dólares  de inversores estadounidenses, sino que además había hecho crecer la cotización de la empresa a un histórico valor de 16.126 millones de dólares, precio que surge de considerar el valor total de su cartera de acciones.

Aunque no tuviera lógica, Repsol se desprendió de una parte importante de su cartera en YPF y recolectó una cifra millonaria en la bolsa de New York. ¿La excusa? “Reducir su exposición en Argentina” . Al ser una empresa pujante y con números sanos, contaba con recursos más que suficientes para ampliar sus explotaciones –y por ende sus utilidades– sin necesidad de incursionar en el mercado de capitales en el que descargarían acciones que se cotizarían a la alza en el futuro. Salvo que sus directivos tuvieran información reservada que explicara la necesidad de deshacerse de parte de la empresa de manera urgente. La respuesta no tardó en llegar.

A mediados de 2012, cuando Repsol ya había logrado colocar las acciones en el mercado norteamericano, hubo un cambio de opinión en apariencia incoherente de parte del gobierno argentino respecto a la presencia española en YPF. Sin aviso previo Cristina Kirchner comenzó a desnudar la cruda la realidad de la petrolera: reveló que la compañía presentaba un estado financiero calamitoso, que sus reservas de hidrocarburos estaban casi exhaustas y que los directivos de Repsol habían vaciado la empresa. Para darle fuerza a su denuncia difundieron el “Informe Mosconi”, con un pormenorizado detalle de la caída de las reservas de petróleo y gas nacionales, que habían pasado de ser suficientes para abastecer al país durante 17 años a un magro volumen que planteaba un horizonte de agotamiento en tan sólo 5 años.

Ni bien se conocieron los números reales de YPF, las acciones colocadas en EE.UU. se desplomaron: de los 42 dólares que valían al momento de su colocación, pasaron a valer 11 dólares en 2012, y hoy apenas trepan ocasionalmente por encima de los 16 dólares. Esto significaba que los que habían caído en la trampa vieron cómo se esfumaron cerca de 1.900 millones de dólares de sus carteras
.
Como si hubieran previsto el cambio de humor del gobierno argentino, desde febrero de 2011 las autoridades de Repsol decidieron retirar la cotización de sus ADS (American Depositary Shares) de la bolsa de New York. A partir de marzo comenzaron a deshacerse discretamente de acciones a la baja a favor de grupos inversores. Uno de los que vendió su cartera fue Antonio Gomis, el director general de Repsol en la filial argentina, quien se apresuró a aceptar los 207.987 euros que le ofrecieron justo, justo antes del desplome de YPF en la bolsa. Una semana después el español que adivinaba el futuro hubiera obtenido 132.000 euros por sus acciones.

El segundo movimiento: Manual de vaciamiento
Antonio Brufau y Enrique Eskenazi
La estafa de las acciones de YPF Repsol tuvo otro aspecto mucho menos conocido, que fue el ingreso de la compañía argentina Petersen SA como accionista minoritario de YPF. El 27 de diciembre de 2007 y a instancias del gobierno de Néstor Kirchner, Repsol aceptó firmar un Entendimiento con Petersen para que pasara a integrar el 14,9 % del paquete accionario de YPF, en una operación que incluyó la promesa de inversión por 2.235 millones de dólares. El grupo Petersen pertenece a la familia Eskenazi, favorecida durante el periodo kirchnerista con jugosos contratos de construcción de obra pública, la concesión de espacios preferenciales para construir centros comerciales y sucesivas facilidades para concretar negocios financieros. Vale decir que, antes de ingresar a YPF, Petersen era una empresa que no tenía peso significativo en el mercado petrolero local.

La entrada de Petersen a YPF,  formalizada el 21 de febrero de 2008, resultaba curiosa para los analistas locales, más aún cuando se descubrió que Repsol le había prestado 1.015 millones de dólares para concretar la operación y luego otros 670 millones para que aumentara la presencia en la empresa mediante otra compra de acciones hasta obtener el 25,46% de su propiedad.

Más excéntrico resultó que los nuevos socios pagaron su ingreso con futuras ganancias. Incluso, un viejo lobo de mar como es Antonio Brufau –presidente de Repsol– renunció a futuras utilidades a cambio deshacerse de una parte de YPF y de sus correspondientes beneficios y accedió a financiar la llegada de un socio al que, además, le cedió parte del management local de la compañía YPF.

Tal era la irracionalidad del pacto de ingreso del nuevo socio –negociado en persona por el ex presidente Néstor Kirchner– que Repsol aceptó garantizarle a Petersen 850 millones de dividendos para los ejercicios 2008 y 2009, como si hubiera forma de saber cómo evolucionarían las utilidades en los siguientes 24 meses.
Los rumores de la presencia de intereses de la familia Kirchner se hicieron fuertes por el excesivo interés del entonces presidente por presionar a favor del ingreso de los Eskenazi a YPF.

Antonio Brufau y Cristina Kirchner
Con el ingreso de Petersen el gobierno dejó de ejercer control sistemático sobre las actividades de la empresa. Mientras tanto, Repsol comenzó a vender yacimientos muy lucrativos en el exterior mediante maniobras trianguladas en sociedades radicadas en paraísos fiscales ante la impasividad de los representantes del Estado argentino en el directorio. Cada una de esas ventas, aprobada por funcionarios locales, aumentaba las utilidades y con ello la ganancia de todos los socios.

Mientras todo esto sucedía, por orden Antonio Brufau comenzaron a entregarse millonarias recompensas a miembros del grupo Petersen, regalos que por supuesto salían de las arcas de la petrolera Argentina. En la imagen, puede observarse la carta manuscrita de Brufau en la que se le otorga 1.000.000 dólares –libres de impuestos, obvio– a un representante de la minoría como agradecimiento a servicios no del todo claros, y lo hace cual si se trataran de caramelos. Existen otras cartas similares en donde se reflejan gastos igual de costosos, cuya aprobación previa no consta en las actas de asambleas que debieran haberlos aprobado.
Carta manuscrita del presidente de Repsol YPF otorgando un premio monetario a Matías Eskenazi

Y no sólo se entregaban presentes a los amigos sino que en las asambleas de la petrolera se aprobaron repartos de utilidades que llegaron al 135% de las ganancias, cuando un desembolso de un 30% en ese concepto ya resulta anormal en una empresa del sector petrolero. Estos desvíos eran hechos a expensas de nuevas inversiones, de manera que todo lo que era repartido entre los socios se quitaba de futuros emprendimientos, como si el futuro negro de la compañía estuviera decidido de antemano.

Para darse una idea del nivel de complicidad del gobierno argentino con el vaciamiento de YPF por parte de Repsol y sus socios, vale contar el modo en que se controlaban las exportaciones de petróleo y gas desde que los españoles se hicieron cargo de YPF. Como otros exportadores de crudo argentino, firmaban una Declaración Jurada como manifiesto de venta al exterior, en donde las empresas daban sus propias cifras de lo que estaban embarcando. Si el empleado de la petrolera decía que se exportaban mil barriles, se daba por sentado que era cierto, sin verificarse si en realidad estaba embarcando el doble o el triple. Esta práctica llevó literalmente a la desaparición de miles de millones de dólares de crudo y a la repentina realidad del agotamiento de pozos que se suponía contaban con una productividad de años por delante. Esa es la realidad que derrumbó las acciones en el mercado norteamericano.

Entonces, al momento de hacerse la venta de acciones en EEUU, el vaciamiento de YPF era conocido por el gobierno argentino, por sus amigos que participaban del manejo diario de la petrolera como socios minoritarios y, por supuesto, por los directivos de Repsol. Los únicos que no estaban al tanto eran los inversores norteamericanos que entre fines de 2010 y comienzos del año siguiente, compraron  acciones de la petrolera como si fuese la mejor inversión del momento.


Tercer movimiento: Nadie vio nada.

A medida que avanzaba el año 2011, la situación de YPF se iba tornando tan escandalosa que el gobierno argentino decidió intervenir. Pero, en lugar de denunciar la situación de la empresa, comenzó un curioso baile con Repsol para licuar las responsabilidades por el vaciamiento.

En marzo de 2011, las provincias petroleras de Santa Cruz, Mendoza, Salta Río Negro, Chubut y Neuquén anunciaron el fin de algunos contratos muy lucrativos con YPF, excusándose en la falta de cumplimiento de compromisos de inversiones por parte del controlante español. Cada una de estas provincias estaba gobernada por partidarios o aliados de Cristina Kirchner. Esa información, que impactaba en la situación financiera de YPF y de Repsol, no fue reflejada en las gacetillas de prensa de ambas empresas.

En lugar de informar al SEC las malas noticias, el 29 de marzo YPF le informó del hallazgo de los nuevos yacimientos en Mendoza, omitiendo informar que el gobierno de esa provincia argentina les acababa de revocar el contrato de las áreas de Ceferino y Cerro Norte Mollar por incumplimientos de inversión.

Cuando se filtraron los rumores sobre la pérdida de contratos y la merma de sus reservas, la petrolera admitió ante el SEC que no contaba con los recursos que había promocionado al hacer la venta de sus acciones apenas unas semanas antes. Por un momento, se esperó una reacción enérgica de la autoridad bursátil ante una omisión maliciosa de parte de un cotizante…pero nada de eso sucedió.

La falta de acción se dio en un contexto de la baja continua de las acciones de YPF, que para ese momento habían caído a 29 dólares al comenzar a correr el rumor de la caída de los contratos. Cuando la acción bajó a 12 dólares, tampoco hubo intervención del SEC.


Cuarto movimiento: agitando las banderas del nacionalismo para distraer

Quedaba claro que el escándalo por el derrumbe de las acciones de YPF podía dejar al descubierto el juego de complicidades que condujo al vaciamiento de la petrolera argentina. En una primera instancia, algunos especialistas del rubro ligados a la empresa y el gobierno, intentaron explicar la debacle accionaria a partir de la caída en el precio internacional del crudo. Sin embargo, ninguna de las empresas internacionales había experimentado un derrumbe similar. Ni siquiera Repsol, cuyas acciones se habían salvado sugestivamente de la hecatombe que afectó YPF en la misma medida en que trasvasaba activos y utilidades desde su filial argentina.

En ese momento comenzó una de las acciones de propaganda más memorables del gobierno de Cristina Kirchner. El 3 de mayo de 2012, la mayoría oficialista aprobó un proyecto de ley para expropiar las acciones de Repsol. Una multitud de partidarios reunida fuera del Congreso festejó a los gritos aquel acto que las usinas de propaganda ya habían catalogado como la “recuperación de la soberanía energética”. Las voces de la oposición que reclamaban que se investigara la responsabilidad de los funcionarios en el vaciamiento de YPF fueron tapadas por las consignas de los legisladores oficialistas y sus aliados de la izquierda, unidos por el mismo deseo nacionalista de ver la bandera argentina flameando nuevamente sobre los yacimientos.

Pedido de Nacionalización con datos del vaciamiento
Poco importaba, en tiempos de gesta inflada de slogans revolucionarios, el investigar seriamente que había llevado a que YPF redujera en un 54% su producción petrolera y en un 97% su extracción de gas natural. O que había salido tan mal, como para que la petrolera nacional hubiese reducido el 50% del capital respecto a 2003.


En realidad aquella negativa a investigar tuviera relación con la trama oscura de complicidades y omisiones que habían llevado al superministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a aprobar cada maniobra de Repsol dentro de YPF desde que asumió su cargo en 2003.

Probablemente también tuviera algo que ver con las acciones del grupo Eskenazi dentro de la petrolera la amistad que los unía con los Kirchner y las utilidades que recogieron mientras Repsol hacía de las suyas con la empresa argentina. En honor a la verdad, los Eskenazi fueron los que más salieron favorecidos con la nacionalización, que curiosamente omitió entrometerse con ellos y los dejó indemnes como directores y accionistas de casi un cuarto de la propiedad de la petrolera cuando decidió nacionalizar las acciones de Repsol.

Pero la cereza del postre vino con la aprobación de un acuerdo con Repsol para que el estado argentino compensó con 5.000 millones de dólares a los españoles por la expropiación. En lugar de utilizar las denuncias de vaciamiento que habían hecho en el “Informe Mosconi”, firmado por el ministro de Vido, decidieron pagar el silencio de Repsol y evitar más disputas mediante un compromiso mutuo para terminar con futuros reclamos.

Un detalle del acuerdo y que revela el temor a una posible reacción del SEC si se decidiera investigar la maniobra con las acciones en EEUU, estaba en un apartado del documento firmado por las partes que excluía a la Argentina por reclamos derivados de la venta de las acciones de YPF en New York a fines de 2011.

En la actualidad, la misma empresa que valía algo más de 16.000 millones de dólares en el momento de vender las acciones en EEUU, se ha convertido en una empresa cuyo paquete accionario está valuado en unos 5.800 millones, algo mas que lo que se pagó a los españoles para que se volvieran contentos a sus cuarteles madrileños. Y esa caída del valor se refleja en el capital de los inversores que en 2010 acudieron a la bolsa de New York a comprar papeles que hoy tienen una cuarta parte de su valor. El juego político obturó cualquier iniciativa para saber qué sucedió y el nombre de los responsables.


Movimiento final: amigos son los amigos

Apenas asumieron las nuevas autoridades de YPF nombradas por Cristina Kirchner, quedó en claro que la administración entrante no estaba dispuesta a revolver el pasado. Así lo expresó en los hechos su nuevo CEO, el ex Schlumberger Miguel Galuccio. En una reunión entre Gallucio y miembros del SEC realizada el 17 de mayo de 2012, el jefe de la petrolera recién nacionalizada dio detalles de la caducidad de contratos y cifras reales de reservas que había ocultado la gestión anterior.

En tanto, los miembros de la juventud kirchnerista encabezados por el futuro ministro de Economía y cofirmante del “Informe Mosconi”, Axel Kiciloff, ocuparon el resto de los cargos directivos de la petrolera y obturaron cualquier intento de particulares y opositores argentinos para investigar el fraude.

Y sin poder probarse la estafa del vaciamiento, era imposible cuestionar a los antiguos socios del grupo Petersen, aquellos viejos amigos de los Kirchner que convivieron cómodamente con los españoles y lo hacían ahora con la crema y nata de la juventud oficialista.

Pero, como se sabe, la amistad y los negocios no siempre corren por el mismo carril. Por eso el directorio de YPF no se debe haber sorprendido cuando los Eskenazi demandaron por 4.000 millones de dólares al gobierno argentino por daños derivados de la nacionalización de la petrolera. El reclamo fue hecho ante el juez neoyorquino Thomas Griesa, con jurisdicción en el caso por haberse fijado la residencia legal de los contratos en ese condado. Era una inmensa ironía que el mismo juez que trabó embargo sobre los activos argentinos en el exterior por pedido de los holdouts y se ganó el odio de los kirchneristas, tuviera en sus manos la decisión sobre uno de los grupos más íntimamente ligados con los Kirchner. Griesa terminó excusándose y el caso sigue en curso en la justicia norteamericana.

Además, los Eskenazi obtuvieron ganancias de otras fuentes: Petersen se declaró en default técnico en una deuda por más de 2.300 millones de U$S por préstamos hechos por Repsol y por un consorcio de bancos integrado por el Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú. El dinero fue tomado en su momento para entrar en YPF como socio de los españoles. Para evadir el cobro, Petersen apeló a una cláusula que lo exoneraba del pago en caso de la salida de Repsol de YPF y otra que contemplaba un piso de cotización de las acciones, que para esos días había sido perforado desde hacía rato.

La caída controlada de las acciones y la posterior demanda de más dinero al estado argentino, comenzaba a darle sustento a los que insistían en relacionar la entrada del grupo amigo de los ex gobernantes en la petrolera YPF con ciertos cambios de postura de los funcionarios en 2012.

En ese momento las acciones de YPF en Nueva York apenas se sostenían en los 10,3 dólares y la empresa buscaba de manera desesperada nuevos socios que aportarán fondos para reactivar la producción de los pozos que le restaban. Probablemente pareciera demencial buscarlos en el mercado de los EEUU, aunque aún quedaba quizás una luz de esperanza, habida cuenta que la maniobra de las acciones tóxicas y el ocultamiento de información no habían despertado al SEC. Esa esperanza tenía algún sustento, dado que sus funcionarios no actuaban en el caso pese a que estaban al tanto de todo por una denuncia que les fuera presentada por el abogado argentino Ricardo Paz Herrera el 10 de septiembre de 2015.

En lugar de ser convocado por el SEC, el denunciante fue llamado por la oficina del Tesoro norteamericano para que explicara el caso y aportara pruebas. Durante dos días, los oficiales analizaron el testimonio y los documentos entregados por el abogado argentino.

Aun con las pruebas del fraude, el SEC aún no tomó una decisión respecto al perjuicio causado a sus inversores mediante la maniobra con la compañía petrolera argentina. 

Repsol ya embolsó la diferencia entre la inversión prometida y lo que luego valían esos papeles, que puede ser estimada en unos 1.900 millones de dólares. Se trata de una parte de un negocio negro mucho mayor, que aún hay que establecer considerando que el 17% de las acciones de YPF fueron colocadas en el mercado norteamericano, a valores que no siempre fueron de mercado, sino que fueron fijados en muchas ocasiones sobre la base de información privilegiada o mediante la omisión de datos clave para los inversores.

Esto es parte de un negocio turbio todavía mayor, que incluye los 5 mil millones que se llevó Repsol como compensación de parte del gobierno de Cristina Kirchner, a los 16.000 millones retirados en dividendos, las ganancias obtenidas por la venta de yacimientos en el exterior y la diferencia que pudiera existir entre el valor del crudo exportado y el que realmente llegó a destino.

YPF es hoy una empresa que perdió todo su peso de antaño en el mercado petrolero global. Sus arcas están vacías y necesita urgentemente de socios para explotar las reservas que le quedan. La empresa que supo tener exploraciones en una docena de países y exportar petróleo y gas a granel, negocia hoy desde una debilidad. El mercado petrolero no perdona la fragilidad, por lo que YPF se vio obligada a firmar contratos leoninos, como el que se firmó con Chevron por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Ese acuerdo, es en realidad apenas poco más que un préstamo cargado de responsabilidades para los argentinos y una garantía de ganancias e indemnidades para los norteamericanos.

Y en ese lapso, el gobierno tuvo que importar casi 17.000 millones de dólares de petróleo y gas sólo en 2015 para compensar la caída de producción subsecuente a la llegada de Repsol y sus socios locales. El que manejó parte de esas compras – por un valor total de unos 40.000 millones de dólares incluyendo costos logísticos - fue el ministro Julio De Vido, investigado por la justicia a causa de posibles negociados en esas adquisiciones, derivadas de la pérdida de capacidad de producción de YPF. Como un inmenso rompecabezas, todas las piezas comienzan a encajar sobre un trasfondo de miles de millones de dólares gastados en nombre de gestas soberanas y cruzadas contra enemigos que en realidad aparecen como socios cuando se despeja lo que es información y lo que es una consigna nacionalista.

En Argentina, son pocos los que se animan a investigar lo que sucedió, ante la extraordinaria cantidad de intereses implicados en el caso.

La justicia argentina ya inició una causa penal que fue radicada en el juzgado federal a cargo de juez Ariel Lijo, a partir de una denuncia promovida de la diputada nacional Elisa Carrió. La causa se basa en el trabajo de la ONG Peritos Forenses realizado sobre la base del análisis de los estados contables de YPF y la sospecha de una maniobra de vaciamiento orquestada por Repsol y el grupo Eskenazi con el consentimiento de las autoridades nacionales a partir de diciembre de 2007.

La diputada Carrió, integrante del triunvirato que dirige la coalición gobernante Cambiemos, ya advirtió en una sesión de la Cámara Baja que “Brufau y (Néstor) Kirchner acordaron el retiro de Repsol”, anticipando el foco que le imprimirá a la investigación que lleva adelante sobre los manejos en YPF y sobre las decisiones que condujeron a la debacle de la empresa petrolera.

Pero, además, el fondo Eton Park Capital Management, presentó días atrás una demanda ante la justicia norteamericana para que YPF y el Estado argentino compensen la pérdida ocasionada por la privatización de la empresa en 2012 y los efectos que tuvo su compra de acciones en 2010, en pleno auge de la petrolera argentina en la bolsa norteamericana. Con dos juicios que involucran las actividades de españoles y argentinos en una maniobra varias veces millonaria, es posible que, ahora sí, los directivos del SEC tengan una reacción tardía ante la estafa descomunal cometida frente a sus narices.



Quizás una investigación seria ayude a conocer la verdad sobre el robo a los inversores norteamericanos antes que el tiempo haga prescribir los delitos. Es probable que si eso sucede, puede comenzar a desandarse el camino para saber cómo es que se concretó una de las mayores estafas de la historia a expensas de una empresa petrolera argentina, con la complicidad de los españoles y los empresarios y funcionarios locales que orquestaron la maniobra. 


sábado, 1 de octubre de 2016

Hilo rojo: Gustavo Vera, Julio Piumato y un juez en una causa por robo de maquinarias de talleres


El falso vocero papal y el gremialista fueron imputados por haberse quedado con máquinas entregadas por el magistrado. La pantalla de la “incautación de bienes de la mafia”.



En octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un taller de costura. Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias y telas con la excusa del combate a la explotación de personas en el sector textil. El asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas y la servidumbre laboral, y de Julio Piumato, ex titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. Por si fuera poco, el conflicto amenaza con llevar ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo.
Según el relato judicial, todo comenzó el 8 de octubre de 2015, cuando un miembro de la Policía Federal Argentina de nombre Jorge Luis Zabala caminaba por el barrio de Once, donde luego de transitar por calles atestadas de puestos ilegales exhibiendo mercadería igual de ilegal, puestos de comida que no pasarían un control de salubridad ni con ayuda celestial y tiendas donde un celular usado puede ser vendido con las fotos de su dueño anterior, llegó a la galería “Center Once”, ubicada en la avenida Corrientes 2641. Allí, en los locales 23 y 24 el oficial de la comisaría 7ma encontró mercadería de procedencia confusa en medio de muchos locales igualmente confusos. Movido por su olfato policial, supuso que las remeras de equipos de fútbol argentinos que eran exhibidas en el local podrían no ser originales.
El tremendo hallazgo provocó una rápida acción judicial que ordenó tareas investigativas. Las mismas fueron tan profundas que consistieron en que un agente de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA llegara al lugar y, bajo la apariencia de ser un comprador común, lograse averiguar que las remeras eran confeccionadas en un taller clandestino. Funcionó. De paso, se llevó la dirección exacta del taller y hasta el nombre del fabricante.
Todo el procedimiento del recontra espionaje contra los traficantes de remeras de fútbol se organizó bajo las órdenes del juez Ariel Lijo a cargo del Juzgado Federal N° 4, quién decidió abrir un expediente de oficio (10354/2014 Mamani Chinche Faustino s/Infracción Art. 145 bis). Tanto apuro tuvo el juez que, en contra de lo que establece el Art 180 del Código de Procedimientos Penales, se olvidó de avisarle al fiscal de turno sobre la marcha de las investigaciones.
A las 20:10 horas del 1ro de diciembre de 2015, con una orden del juez Lijo en la mano, una comisión de la Prefectura Naval Argentina irrumpió en el inmueble ubicado en la calle Martiniano Leguizamón 3541. Allí confiscaron 19 máquinas destinadas a la confección de prendas de vestir, tres rollos de tela de jean color azul, 200 jeans color negro terminados, 270 jeans negros casi terminados, 775 pantalones de la misma tela semi terminados en color azul, 180 pantalones de jean celeste en proceso de fabricación, 180 pantalones de tela mimetizada, 730 cortes de tela de jean negro, 720 cortes similares pero de tela azul y 90 carreteles de hilo. El acta finaliza describiendo el secuestro de una bolsa de plástico con etiquetas de las marcas “Diosa”, “Luna”, Straight Fight” y “Raiders Jeans”.
Detalle: de las camisetas de fútbol, ni noticias. No estaban, no existían, desaparecieron. Ni siquiera fue hallado un trozo de tela de camiseta. Lo que sí encontraron fue al ciudadano boliviano Faustino Mamani Chinche y a su esposa, Reyna Calizaya, quienes fueron detenidos por disposición judicial.
Asimismo, según consta en los documentos judiciales, se encontraron en el lugar a once personas –todos de nacionalidad boliviana– que trabajaban en el taller y que habitaban en diez piezas “en condiciones de hacinamiento y poca luz natural”. En otro tramo del expediente se hace notar que las jornadas laborales, según los propios empleados, iban “desde las 08:00 hasta las 17:00 horas en algunas ocasiones, y hasta las 19 en otras”, y que las personas “desayunaban y almorzaban en sus lugares de trabajo, y la comida era cocinada por Reyna Calizaya y se las proporcionaba Faustino Mamani”.
Respecto a las remeras de equipos de fútbol que originaron la denuncia, no pudieron constar nada.
Mientras Faustino Mamani Chinche y su mujer permanecían detenidos, el juzgado le ordenó a la Gendarmería que se hiciera cargo la custodia del taller y todo lo que se encontraba adentro.

El 18 de diciembre siguiente, Gustavo Vera y Julio Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito para que se le entregaran las máquinas y prendas secuestradas a Mamani Chinche. Para convencer al magistrado, invocaron “…la trayectoria que ambos tenemos en la protección de los trabajadores y los grupos sociales más desprotegidos”, además de recordar que en el pedido de Piumato estaba “…involucrada la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT” y que la Fundación La Alameda que dirige Vera “…ha demostrado experiencia y trayectoria en realizar emprendimientos de esta naturaleza”. Luego de semejante presentación de credenciales, reclamaron que “se nos designe depositarios judiciales de dichas prendas, retazos y maquinaria textil”.

Lo que no hicieron constar en el escrito es cómo se enteraron del expediente, de la mercadería incautada, ni de la maquinaria secuestrada. Cuando se les consultó a los voceros de Vera sobre cómo hicieron para enterarse de la existencia de esas máquinas y mercaderías, contestaron que existían “convenios” con los juzgados para que les informaran sobre los allanamientos a talleres clandestinos, aunque no aportaron documentos que sustentan esa afirmación ni explicaron por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y dejaba de lado a otras.
El 23 de diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el juez Lijo ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de depositario judicial todo lo incautado en el procedimiento.
Recordemos que el 23 de septiembre pasado el juez Pablo Yadarola dispuso que se destinarán a obras de bien público  de los 800 mil dólares incautados al valijero venezolano Guida Antonini Wilson, quien pretendió ingresarlos ilegalmente para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007. Es que, según las leyes argentinas, no es posible entregar un bien en custodia del Estado o de un tercero hasta que exista una sentencia firme. Los dólares de Antonini debieron esperar 9 años. En el caso de lo que le fuera quitado a Mamani Pinche, esperaron cinco días, cuando la instrucción judicial no había logrado siquiera probar un delito.
Mientras tanto, atentos a la realidad que el ser depositario no les daba derecho a hacer uso de las máquinas y mercaderías, Vera y Piumato pidieron al juez Lijo que se les autorizara a firmar un contrato para que esos elementos fueran entregados en comodato a dos entidades de la curia argentina: la Parroquia de Caacupé que depende de la Vicaría para las Villas del obispado porteño, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil que depende de la vicaría de San Martín.
En el pedido citaron a modo de fundamento un pasaje del documento “Laudato Si” escrito por el Papa Francisco, donde se pide “ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.
La cita papal no es antojadiza. La fundación La Alameda no sólo es la base de una agrupación política llamada “Bien Común” como la frase de cabecera que utiliza Su Santidad, y sino que además organiza una serie de cumbres “Laudato Si” presididas por Vera que convocan a sindicalistas, políticos y magistrados, entre los que se encuentra el Juez Ariel Lijo, quien comparte su predilección papal junto a Daniel Rafecas. La ironía del armado político-religioso de Vera es que ha unido a Julio Piumato, el dirigente sindical que más apoyó la investigación de Nisman, y a Rafecas, el juez que la enterró sin haber mirado de reojo la carátula.
Es más, Laudato Si es la plataforma que usó Vera para organizar la comitiva de jueces argentinos que viajó a un encuentro sobre lucha contra el narcotráfico que se realizó dentro del Vaticano en junio de 2016. El juez que cerró el ciclo de discursos de magistrados argentinos fue Ariel Lijo. En una muestra de su poder para influir sobre la agenda del Vaticano, el legislador Vera logró que además Rafecas fuera invitado a un evento organizado por el Pontífice el próximo mes de noviembre.
El 15 de febrero de 2016 el juez aceptó otorgarles a Piumato y Vera el comodato. Meses después, viajaría con ellos rumbo a Roma. Mientras todos se encontraban peregrinando a Santa Marta, el abogado Alejandro Kim, defensor de Mamani Chinche, denunció al titular de La Alameda y al secretario general de los Judiciales por el delito de “malversación de caudales públicos”. En su escrito, Kim dejó constancia que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles. A esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”.
El abogado de Mamani Chinche también apeló ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. En la Sala II del tribunal de alzada le dieron la derecha al tallerista, revocaron todo lo actuado, dictaron la falta de mérito sobre Mamani Chinche, le quitaron el manejo de la causa a Lijo, y la enviaron nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales con la orden de devolver inmediatamente la totalidad de las máquinas y materiales incautados.
La nueva instrucción recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien dio cumplimiento a lo instruido por la Cámara y ordenó a Gendarmería que arbitrara los medios para devolver todo lo secuestrado a Chinche. Para ello, también se le ordenó a Piumato y a Vera que reintegraran todo el material que les fuera dado por Lijo y hasta se les otorgó facilidades: debían indicar por dónde debían pasar los camiones a retirar los efectos.
Se tomaron su tiempo. El 16 de mayo –un mes después– fueron regresados todos los bienes incautados a Mamani Chinche. Casi todos: en un acta se dejó constancia que existía un faltante de maquinaria y de telas. De manera insólita en el trámite de reintegro, Vera y Piumato “olvidaron” incluir máquinas valuadas en varios miles de pesos e insumos textiles que les habían sido dados para la custodia judicial. En concreto, se les pasó por alto devolver la máquina Juki motor 213579 y otra marca Sunstar motor C1610023. Además, se verificó la desaparición de 127 pantalones negros, 380 jeans azules, 380 piezas semi armadas azules, otros 16 de color negro en igual condición y 40 pantalones mimetizados.
Semejante irregularidad disparó lo que se denomina un “incidente” –expediente que corre “por cuerda”, o sea, conexo a un expediente principal– para investigar qué sucedió con los materiales que Vera y Piumato no devolvieron. La cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final. O dicho de manera más simple: solo podían atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos  o venderlos. Pero no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
La nueva investigación sobre qué pasó con la maquinaria aterrizó en Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien rápidamente avanzó en la recolección de pruebas. La ahora nueva causa lleva la carátula “C7285/2016 Vera Gustavo Javier y otro S/Malversación de caudales públicos (Art 261 CP)” En el entorno de Vera afirman que devolvieron las maquinarias,  que el faltante fue un error involuntario - como si tal acto hiciera desaparecer la malversación - y que pidieron que se postergue la indagatoria. El juez Bonadío espera el análisis de las actas de devolución para corroborar si es cierto que devolvieron máquinas textiles que nada tenían que ver con Mamani Pinche y menor cantidad de mercadería que la que recibieron en custodia.


En un principio, los voceros del  falso vocero papal  habían negado tener causas pendientes en la justicia, sin admitir que la indagatoria sólo puede producirse si existe una imputación concreta que justifique que sean llamados ante el juez.
Una carpeta que contiene el detalle de las fallas procesales en las que incurrió Lijo está siendo presentada en el Consejo de la Magistratura, para que ese cuerpo evalúe qué corresponde hacer ante las irregularidades en el caso Mamani Pinche.

Ironía final.
Gustavo Vera organizó una de sus tantas conferencias en la legislatura porteña el 1ro de septiembre pasado, a pocos días de ser imputado por malversación de caudales. El motivo de la charla tuvo como eje “la reutilización de bienes incautados a la mafia”. Sentado como conferencista se encontraba Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Allí dieron cátedra sobre la importancia de disponer de los bienes incautados a aquellos que recurrían a la ilegalidad para obtener beneficios.
¿Desconocía Garavano que estaba disertando junto a quien es investigado por la Justicia. precisamente, por la utilización de bienes incautados? El yerro de los asesores que no le avisaron de la situación judicial de Vera llevaron al ministro a decir que “Necesitamos que la justicia esté más cerca de la víctima”, sin haber tomado la precaución de acercar al estrado al ciudadano boliviano Faustino Chinche Mamani, que para ese momento llevaba nueve meses sin justicia y sin sus bienes.
Al cierre de esta nota existe un político cercano al Papa y un dirigente gremial imputados por malversación, un funcionario judicial amenazado por un jury, un ciudadano que no recuperó todos sus bienes robados por una conspiración de funcionarios judiciales, la sospecha de que algunos procedimientos contra la trata de personas y el trabajo esclavo son un negocio de apropiación de bienes, la certeza de que otros fabricantes denunciaron situaciones semejantes, y la especulación de que varios otros sufren de procedimientos similares, originados en el olfato de agentes que tienen por especialidad el marcar una única mancha de suciedad en un chiquero.
Si tan sólo los implicados no hubieran leído sólo lo que les conviene del Laudato Sí, habrían recordado lo que dice el documento del Papa Francisco en el punto 82: “La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se lleva todo”.